El 12 de octubre el convenio laboral entre la Terminal Cuenca del Plata (TCP) –empresa conformada en 80% por la empresa belga Katoen Natie y en 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP)– y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) parecía concretado. Las dos partes, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), parecían haber resuelto sus desacuerdos tras haber comenzado las reuniones en abril.
Un día después, Supra informó que el acuerdo se había suspendido por un punto específico: los jornales asegurados, un salario mínimo que se acuerda con cada trabajador dependiendo de su antigüedad. Los trabajadores buscaban un mínimo de 18 jornales asegurados para otros 53 trabajadores, y desde TCP interpretaban que ellos acordaron dar este monto a cuatro trabajadores más. En medio de una diferencia de interpretaciones, Supra dio marcha atrás y decidió no firmar el convenio.
"El motivo fue que el Supra pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP. Nuevamente el sindicato quiso modificar el convenio de manera unilateral, señalando que, si no se accedía a ello, no firmaría”, explicó en un comunicado la empresa de la terminal especializada en contenedores el 18 de octubre.
Debido a esto, TCP retiró la propuesta que había puesto sobre la mesa de negociación y las conversaciones volvieron a punto muerto. Para solucionar este desencuentro, el MTSS convocó de urgencia a las partes involucradas este domingo 31 de octubre a la mañana para intentar resolver las diferencias.
Este martes 2 de noviembre Supra confirmó que se llegó a un acuerdo por cuatro años, en el cual aceptaron que TCP brindara 18 jornales asegurados a cuatro empleados más de la empresa. Álvaro Reinaldo, secrectario general del sindicato portuario, afirmó a El Observador que el aporte del MTSS fue "fundamental" para la firma del convenio, que se realizará este miércoles.
Reinaldo confirmó que las negociaciones con TCP se encaminaron desde que la cartera de Trabajo intervino hace más un mes, a través del ministro, Pablo Mieres, su subsecretario, Mario Arizti, y autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Incluso cree que el MTSS "presionó" a la empresa portuaria para que volviera a poner la propuesta ofrecida hace tres semanas sobre la mesa.
El ministro Mieres negó a El Observador que haya existido algún tipo de presión sobre TCP o los trabajadores del puerto, sino que se trabajó para "volver al origen" del acuerdo propuesto por la empresa en un principio. Aclaró que sí debieron actuar con Supra "cuando no quiso ratificar lo firmado", y con Cuenca del Plata cuando "no quiso mantener el acuerdo", pero en pos de "tratar a ambas partes con justicia" para aprobar el acuerdo.
"El ministerio lleva más de un mes trabajando en esto, con sus avances y retrocesos. Estamos muy satisfechos", valoró el secretario de Estado, que confirmó que hoy se "aprobó el acuerdo" por ambas partes, lo que definió como un "empantanamiento" solucionado el domingo con la vuelta al acuerdo original, junto a un arreglo en otros temas "técnicos".
Una fuente de TCP también catalogó el aporte del ministerio como "fundamental" en medio de negociaciones "complejas" y de "horas intensas". En su momento la orden de la casa matriz de Katoen Natie fue quitar el acuerdo, pero "la insistencia de las autoridades" del gobierno logró que se retomaran los puntos de acuerdo entre las partes.
El presidente de ANP, Juan Curbelo, expresó a El Observador que desde el organismo están "muy conformes" por resolver un conflicto "de muchísimos años". "Desde 2013 no se arreglaba un acuerdo con TCP", recordó, en lo que consideró un "alivio" que espera ayudará "al desarrollo del puerto".
Para Curbelo la labor del MTSS fue "preponderante", y aseguró que tanto el ministerio y ANP como el gobierno harán todo lo posible "para mejorar el funcionamiento" del puerto, cuya terminal especializada esperan convertir en "un puerto hub de la región", a partir del acuerdo entre TCP y el Estado para extender su concesión de la terminal especializada en contenedores hasta 2081.
Debido al nuevo acuerdo de Cuenca del Plata y el gobierno, la empresa pasará a ser la única que pueda operar, salvo que exista un excedente de demanda de 48 horas, con contenedores en el puerto. Este nuevo reglamento de atraque de la terminal especializada en contenedores pasó a ser valido parcialmente este 1° de noviembre.
Esto afectará a Montecon y empresas tercerizadas, que engloban a 700 puestos de trabajo. Según ha reiterado el gobierno en varias ocasiones, la empresa chilena operaba de forma ilegal en la terminal, con contratos irregulares, por lo que para Curbelo con el acuerdo se estaría realizando un "cumplimiento estricto de lo que debería pasar desde el 2000", cuando comenzó el contrato entre Katoen Natie y el Estado.
Entre el 1° y el 4 de noviembre la línea GS1 –que realiza la ruta del Golfo de México, Centroamérica y América del Sur y realiza seis escalas mensuales en el país– operará en Montevideo por primera vez con TCP, y dejará de operar en los muelles públicos con Montecon.
El secretario del Supra, Álvaro Reinaldo, contó que en conversaciones con Montecon les explicaron que esto representará una pérdida económica de entre 20 y 25% en su operativa de contenedores, y que esperarán entre "30 y 60 días" para realizar una definición económica sobre si se deberán recortar puestos laborales.
Reinaldo dijo que esperaba que en este caso se pudiera alcanzar una solución "más rápida" sobre estos trabajos. Indicó que existe una mesa de diálogo entre ANP, el Centro de Navegación y Supra para analizar la situación de los 700 puestos de trabajo que entienden comprometidos.
Por su parte, Mieres desconoce cuántos puestos de trabajo "están en riesgo" por este nuevo reglamento de atraques, algo que según sus previsiones "podrá empezar a verse en las próximas semanas". Sin embargo, sostuvo que la cantidad de trabajadores en el puerto "no se va a achicar", y que la mesa de diálogo discernirá la transferencia de trabajadores hacia las distintas empresas involucradas.
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