6 de abril de 2020 16:40 hs

Rosina De Armas y Natalia Gold

El coronavirus puso en el congelador el plan del Poder Ejecutivo de remitir el proyecto de ley de urgente consideración al Parlamento apenas comenzada la segunda quincena de marzo y por ahora no hay una nueva fecha en el horizonte. Los cronogramas del gobierno por estos días se resumen, básicamente, en el anuncio de medidas para atacar a la pandemia que tomó por sorpresa a todo el mundo y obligó a decretar la emergencia sanitaria.

Sin embargo, este domingo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo que le había pedido al presidente Luis Lacalle Pou que el proyecto se remita luego de Semana Santa, porque considera que algunas de las disposiciones que incluye son fundamentales para el accionar policial. En la Torre Ejecutiva se evalúa día a día cuándo se remitirá el documento al Parlamento y, si bien Lacalle recibió el mensaje de Larrañaga, todavía no ha tomado una decisión.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, hablará en estas horas con Lacalle para estudiar los pasos a seguir sobre el pedido, indicaron a El Observador allegados a ambos jerarcas. Como paso intermedio, evaluarán la posibilidad de que aquellos artículos que Larrañaga considera que deben ser aprobados con celeridad sean remitidos por separado y que no necesariamente apliquen el mecanismo de la ley de urgencia.

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El prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, remarcó que se trata de "una decisión del presidente de la República" y afirmó en rueda de prensa este lunes que la posibilidad de remitirla luego de Semana Santa "está sobre la mesa" pero no se tiene una fecha exacta. "Estamos viendo y ajustando algunos aspectos. Tan pronta está que todo el capítulo de telemedicina, por ejemplo, se sacó del proyecto y se votó aparte", dijo. 

La principal limitante para que el proyecto de ley de urgencia sea remitido en plena emergencia sanitaria es que se busca evitar el contacto entre las personas. Las leyes de urgente consideración tienen plazos constitucionales que se deben cumplir –45 días de tratamiento en cada cámara y diez para que el Poder Ejecutivo la promulgue–  y, como en cualquier proyecto, requiere la convocatoria de representantes del gobierno y de la sociedad civil para opinar.

Diego Battiste

El ministro del Interior manifestó en una entrevista con Telemundo este domingo que la ley “es hoy más urgente que nunca”. “Nos parece fundamental. (…) Muchos de los aspectos son de urgencia. Tenemos que buscar ayudar también y tengo la más firme convicción que el Parlamento así lo hará, por lo menos en lo que esté de acuerdo, para dotar de algunos artículos que el Ministerio del Interior está precisando —señaló, y agregó—: Están metidos algunos instrumentos que son beneficiosos y positivos para el accionar de la policía, para disponer de más horas policiales, para poder también tener presencia en calle y dar respuesta a los problemas y reclamos de la gente”.

Poco después de estar en canal 12, Larrañaga estuvo en Polémica en el bar, de canal 10, y dijo que le interesa particularmente que se aprueben los artículos que refieren al procedimiento policial y la regulación del servicio 222.

El capítulo del proyecto de ley de urgente consideración vinculado a la seguridad es el más extenso del documento y contiene, entre otras disposiciones, artículos sobre el procedimiento policial. Por ejemplo, amplía de dos a cuatro horas el plazo para la comunicación al fiscal de la detención de una personal y establece la potestad de pedir la cédula, la obligatoriedad de entregarla y la detención a quien se niegue.

También dispone aumentos de pena para delitos vinculados al narcotráfico –que pasan a ser inexcarcelables– y se agrega en el delito de desacato a quien se resista a ser detenido por la policía o a quien ataque a un policía.

Qué dicen los socios de la coalición

La reacción no fue unánime entre los legisladores que integran la coalición de gobierno. El abanico de posturas va desde Cabildo Abierto, que ya había planteado en el seno de la alianza la necesidad de cumplir con este compromiso de campaña, hasta el Partido Independiente, cuyo único legislador entiende que el actual escenario es "inapropiado" para analizarla. 

El partido liderado por Guido Manini Ríos recibió con entusiasmo el planteo del ministro del Interior. Raúl Lozano, el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto en la Cámara de Senadores, aseguró que respaldarán la iniciativa de Larrañaga. El legislador señaló: "Hay medidas que no pueden esperar más" y "son para adoptar ya", particularmente aquellas que refieren a la seguridad pública. Como se desconoce cuándo retornará a la normalidad la actividad del país, Lozano cree que el Poder Ejecutivo tendría que remitir a la brevedad el proyecto de ley. 

Esta inquietud fue trasladada a los demás partidos. "Nosotros planteamos que estábamos de acuerdo con el aplazamiento, pero no podemos postergar el estudio de la ley por tiempo indeterminado", afirmó Lozano, y remarcó que la gente que votó a la coalición de gobierno en las elecciones contaba con que se aprobara la norma a la brevedad. 

Los legisladores del Partido Colorado están sujetos a lo que el Poder Ejecutivo disponga. Si Lacalle Pou remite el proyecto de ley al Parlamento, lo votarán, pero no fue una exigencia de esta fuerza política desde que el gobierno dilató el envío. 

Para Adrián Peña, coordinador de la bancada colorada en el Senado, hay una serie de elementos que el mandatario deberá "tener en cuenta" antes de tomar la decisión. Si bien cree que "la ley sigue teniendo sentido", a su juicio tal vez haya que rever su alcance debido a las circunstancias inusuales de la emergencia sanitaria.

"En cuanto al momento de su tratamiento, hay que ver cómo evoluciona todo. No olvidemos que se va a crear una comisión de 15 personas que recibirá a los ministros, que trabajará todos los días", dijo a modo de ejemplo, pero acotó que "es el gobierno quien conoce todas esas variables y quien puede manejar mejor los tiempos". En el mismo sentido se expresó el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, quien dijo que "la última palabra la tiene el presidente".

El senador y dos veces presidente afirmó que la urgencia de la norma fue superada por la "urgencia mayor" de la pandemia. A su entender, Lacalle Pou tendrá que dialogar con el oficialismo y la oposición para "graduar" las diferentes opiniones y en función de ellas resolver qué es más conveniente.

Con la disposición del Partido Colorado y Cabildo Abierto, en la Cámara de Senadores Lacalle Pou cuenta con el respaldo de todos sus socios si decide darle cabida al pedido de Larrañaga.

Sin embargo, no está claro que el apoyo sea unánime en la Cámara de Diputados, donde también están representados el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Si bien no pone en jaque los proyectos del gobierno –la coalición suma 17 senadores y 56 diputados, por lo que tiene aseguradas las mayorías parlamentarias–, el diputado Iván Posada (Partido Independiente) manifestó su reticencia a tratar ahora el proyecto de ley. 

"La situación de crisis sanitaria y su impacto social y económico resulta un escenario inapropiado para discutir una ley de urgencia. La urgencia es sanitaria, social y económica, y es donde debe concentrarse el trabajo del Poder Legislativo", escribió en Twitter el legislador a propósito de las declaraciones del ministro del Interior. En diálogo con El Observador, Posada explicó que con estas líneas pretendía cuestionar si era "oportuno" abordar el proyecto de ley en medio de la emergencia sanitaria, y no el contenido de la norma, que todavía desconoce.

La oposición, en tanto, salió al cruce de Larrañaga. "Fue un error, un exabrupto, una desatinada declaración, porque el país está en medio de la pandemia", dijo a República Radio el diputado Alejandro Sánchez, quien ocupa la banca del senador José Mujica mientras siga vigente la emergencia sanitaria, ya que el líder del MPP es considerado población en riesgo por su edad y por una enfermedad inmunológica preexistente. 

Funcionamiento atípico

Si la idea de Larrañaga prospera, la logística será un desafío. En el Palacio Legislativo se han tomado varios recaudos desde que Uruguay está en estado de emergencia sanitaria, como reducir la cantidad de funcionarios y los horarios en que está abierto. 

Por eso, otra alternativa que se está analizando es que las reuniones de comisiones se realicen en salas más grandes, en las que la distancia entre una persona y otra sea de más de dos metros. Así se está haciendo con las sesiones de la Cámara de Senadores, que realizan sus plenarios en la Cámara de Diputados para poder sentarse distanciados.

La posibilidad de que las reuniones de comisiones se realicen por teleconferencia quedó descartada porque se necesita una modificación legal para eso. Hasta ahora, las teleconferencias que se realizaron eran encuentros con ministros por las medidas contra el covid-19 pero que no tenían carácter formal y de las que participaban tanto senadores como diputados. 
 

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