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Las opciones que tiene el gobierno para evitar perder el grado inversor en 2019
Fue un llamado de atención. La calificadora Fitch Rating mantuvo el viernes la nota de deuda uruguaya en BBB-, pero corrigió de estable a negativa su perspectiva, con lo que Uruguay podría perder el grado inversor para esa agencia en 2019.
¿Qué puede hacer el gobierno para evitarlo? Desde hace algunos meses varios analistas manejan la necesidad de introducir nuevas medidas de ajuste para corregir el rojo de las cuentas públicas y así defender el investment grade (grado inversor).
La advertencia de Fitch llega en un momento complejo para la economía uruguaya, que coincide con un escenario fuertemente condicionado desde lo político. En las puertas de un nuevo proceso electoral es poco probable que se posterguen gastos o que se suban impuestos, por ejemplo. Cualquier ajuste resulta antipático para la población y tener que pagar el precio político de ello no es nada atractivo para cualquier gobierno sea del pelo que sea.
Para el economista de Deloitte, Pablo Rosselli “sería muy imprudente” que el gobierno no tomara ninguna medida de ajuste y dejara todo el trabajo a la siguiente administración que asuma en 2020.
El experto escribió en su cuenta de Twitter que con todo el sistema político ingresando pronto en la campaña electoral, no hay espacio ni tiempo para acuerdos sobre ajustes estructurales en el gasto público ni en el sistema tributario.
Por ello, sostuvo que las medidas de ajuste disponibles en este momento son “paliativas”. Para Rosselli el gobierno debería dejar sin efecto los aumentos de gastos discrecionales previstos en la Rendición de Cuentas y fijar topes en la ejecución de gastos de funcionamiento y de inversiones, para reducir en parte esos gastos.
Además, puntualizó que debería “prepararse” para disponer un ajuste de salarios públicos en 2019 menor a la inflación, lo que requiere un ajuste legal. “Eso implicaría aceptar caída moderada de salario real. Mejor eso pronto que un ajuste abrupto más adelante”, escribió.
Por el lado de los ingresos, consideró que en 2019 se debería dejar sin efecto el descuento de IVA sobre pagos con medios electrónicos y eliminar pequeños estímulos sectoriales de “dudoso impacto”. La renuncia de la primera medida podría suponer ingresos para el Estado por unos US$ 80 millones.
También puso en el menú un ajuste de algunas tarifas públicas minimizando impacto en la producción (naftas y tarifa eléctrica residencial). “Si todo eso no alcanza, incremento de impuestos al consumo o ingresos personales”, sugirió.
“Todo muy impopular, pero a la restricción presupuestaria no le importa si el ajuste es popular o impopular. Tampoco le importa de quién es la culpa, aunque está claro que llevamos años con un déficit fiscal insostenible”, añadió Rosselli.
En tanto, la consultora CPA Ferrere estima que la magnitud del próximo ajuste fiscal -para no comprometer el grado inversor- debería ser del orden de 1 punto del PIB, unos US$ 600 millones. El socio de esa firma, Gabriel Oddone, dijo hace poco más de un mes en una charla de coyuntura que si el desde el frente externo se atraviesa una tormenta más severa que la actual, el gobierno podría postergar gastos e inversiones como alternativa, aunque reconoció que en años electores se ajuste "lo menos posible para no pagar el precio político".
Las proyecciones
El analista de la calificadora Fitch Ratings para Uruguay, Todd Martínez dijo que en los próximos 24 meses hay una “probabilidad de 50% o más” que la nota de Uruguay sea bajada y pierda el grado inversor, según consignó El País.
Fitch argumentó la corrección a la baja en las dificultades para reducir el déficit fiscal y en una alta y creciente deuda pública. También hizo hincapié en los problemas de crecimiento y las dificultades para atraer inversión.
El equipo económico de gobierno proyecta en la Rendición de Cuentas un crecimiento de 2,5% para 2018 y de 3,3% para 2019. Esos números difieren sustancialmente de los pronósticos privados.
Este mes los analistas que participaron de la Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador recortaron a la baja las expectativas de crecimiento por un mayor deterioro del contexto externo. De esa forma la mediana de los expertos que contestó la consulta anticipa un incremento de la actividad de 1,5% este año y un crecimiento de 1,3% en 2019.
Eso significa que dada una menor actividad los ingresos por impuestos serían más bajos de los proyectados en la Rendición de Cuentas y por ende también el financiamiento para el gasto ya comprometido. En ese contexto el déficit fiscal tampoco tendería a bajar.
La Rendición de Cuentas prevé cerrar este año con un déficit fiscal equivalente a 3,3% del PIB, para bajar a 2,8% en 2019. Sin embargo, en el nuevo contexto, la mediana de los expertos que participaron en el sondeo de setiembre anticipa un déficit fiscal de 4% del PIB tanto para este como el próximo año.
“En los próximos dos años que vamos a tener una contienda electoral pareja y competitiva no se debería postergar tomar decisiones económicas que puedan catapultar de nuevo el crecimiento del país. Pero la realidad es que usualmente la política domina la economía”, afirmó a Radio Carve el director del centro de Economía del IEEM-UM y consultor de negocios de Grant Thornton, Ignacio Munyo.
Para el economista del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, el cambio en la perspectiva de Uruguay por parte de Fitch es “una señal clara” de que no es sostenible el rumbo fiscal. "No podemos esperar al 2020, este gobierno debe tomar medidas hoy. No se puede seguir con el piloto automático", escribió en su cuenta de Twitter.
