Las promesas del "productor musical" imputado por trata de personas

Hace cuatro meses, el hombre que lideraba la banda delictiva que se dedicaba a la trata de personas y que fue desarticulada la semana pasada, contactó a una de sus víctimas, un venezolano que residía en Argentina. 

El joven de 22 años viajó a Uruguay y se instaló en Maldonado en el domicilio del ahora imputado de 47 años donde funcionaba un estudio de grabación.

Durante más de dos meses, su primera víctima estuvo allí trabajando, creando canciones, recibiendo a cambio únicamente el alojamiento y la comida diaria, con la promesa de hacerlo “famoso a nivel internacional”, según el acta de formalización de la investigación liderada por la fiscal de Maldonado, Ana Dean. 

Luego, el imputado se contactó con otras dos personas que tenían el mismo sueño: convertirse en cantantes reconocidos. Las víctimas viajaron desde Argentina el 15 de febrero y se instalaron en el mismo lugar donde se encontraba el artista venezolano.

Bajo la misma promesa que le había realizado a la primera víctima, el estadounidense finalmente confecciona un contrato a cinco años con las tres víctimas en donde se pactaba el 50% de las ganancias que generara la actividad musical y US$ 1.000 por canción creada y producida, y se encargaría del costo del alojamiento, comida, seguro de salud, marketing, shows y vestimenta.

Las víctimas crearon 12 canciones en un mes y medio, trabajando entre 13 y 14 horas diarias, recibiendo US$ 1.000.

Todos los días, alrededor de las 23 horas, el productor concurría al domicilio, consumía alcohol y drogas, exigiéndoles a sus "contratados" que le mostraran el trabajo que habían realizando durante el día. En algunas oportunidades la droga la llevaba consigo, y en otras mandaba a un socio, imputado como coautor, para que fuera a buscarla. En algunas oportunidades además suministraba drogas a las víctimas.

Según relataron los hombres, permanecían en la vivienda sin dinero, dependiendo de la voluntad del productor para poder alimentarse cuando él quisiera darles de comer. 

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En los primeros días de marzo, el líder viajó junto a dos de sus víctimas a Porto Alegre, en Brasil, en un vehículo alquilado por uno de sus empleados que trabajaba como su "seguridad" y que fue imputado por coautoría de reiterados delitos de trata de personas.

Ingresaron a Brasil por la ciudad de Yaguarón, sin realizar ningún control migratorio, según consta de la investigación realizada por Fiscalía. Una vez allí, concurrieron a un prostíbulo, donde el hombre se contactó con dos mujeres brasileñas de 22 y 21 años de edad, y mantuvo relaciones sexuales con ellas. 

Días después le pidió a su empleado que viajara en avión a Porto Alegre junto a su socio para que manejara la camioneta de vuelta a Uruguay. En uno de los hoteles donde se habían alojado, le comunicaron que Interpol y la Policía Federal Brasilera lo estaba buscando.

Esa noche, durante una cena en la que participaron los imputados y las trabajadoras sexuales, el imputado les ofreció a las jóvenes instalarse en su domicilio como "damas de compañía” a cambio de US$ 1.000 semanales.

Las mujeres aceptaron, ya que el hombre les dijo que su casa era cerca de Pelotas (Río Grande del Sur), desconociendo la ubicación real de la residencia en Uruguay. Una de las víctimas solicitó pasar por su casa a buscar su documento y ropa, pero el hombre le dijo que él les compraría todo lo que necesitaran. 

Marcelo Umpierrez

Una vez en Uruguay las víctimas se alojaron en su domicilio. En un principio era amable con las mujeres, según el relato, pero con el pasar de los días se tornó cada vez más agresivo, "exigiéndoles continuamente tener sexo".

Según consta en la formalización, las víctimas no podían comer ya que el imputado les decía que "no les gustaban las mujeres gordas" y seleccionaba las comidas y horarios en que podían alimentarse. 

Cuando salía de la casa, dejaba a las víctimas encerradas. En una oportunidad una de las trabajadoras sexuales le reclamó que quería irse y volver a su país para ver a su hijo. El hombre la agredió y la otra mujer brasileña intercedió y recibió un empujón contra la pared.

Las víctimas accedían a a consumir las drogas que le suministraba el productor y su socio para "hacer más llevadera la situación de explotación y maltrato que vivían diariamente", aunque cuando se negaban él se enojaba.

En una oportunidad, las dos mujeres lograron comunicarse a través de un celular con una mujer que residía en Yaguarón, quien notificó a la policía de Cerro Largo la situación relatada por las jóvenes. 

En ese momento comenzó la Operación Mississippi, a cargo de la Dirección Contra el Crimen Organizado e Interpol, que derivó en tres allanamientos realizados la semana pasada y solicitados por la fiscal.

En la vivienda del estadounidense se encontraban las cinco víctimas (los tres músicos y las dos trabajadoras sexuales). En los allanamientos se incautaron un rifle de aire comprimido, una pistola, celulares y drogas como "tres pastillas de éxtasis, una bolsa de nylon con marihuana, una bolsa de nylon conteniendo crac", perfumes, relojes, mercadería de contrabando, dos camionetas, un automóvil y dos motos de lujo.

La Justicia imputó con prisión preventiva al líder de la banda por delitos de trata de personas, suministro de sustancias estupefacientes no autorizadas y tenencia no autorizada de arma de fuego, todos ello en régimen de reiteración real. El estadounidense tenía "profusos antecedentes penales en su país y órdenes de arresto en al menos dos Estados", según la fiscalía, que continúa la investigación hasta que se realice el juicio oral.

Su socio, argentino de 47 años, fue imputado como coautor de reiterados delitos de trata de personas en reiteración y suministro de estupefacientes. En tanto, el uruguayo que trabajaba como "seguridad" del líder de la banda fue imputado por coautoria de reiterados delitos de trata de personas.

En este caso, la Justicia no decretó prisión sino que le impuso como medidas cautelares que fijara domicilio y que concurriera a firmar a la seccional más cercana de su casa una vez por semana, durante 120 días.