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Legisladores de la coalición y del FA piden crear registro de diabéticos de cara a la tercera dosis de las vacunas
Senadores del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Frente Amplio exhortaron al Poder Ejecutivo, mediante una minuta de comunicación, a crear un "Registro Nacional Sanitario Dinámico de personas con diabetes", debido a que esos pacientes no pudieron ser priorizados "oportunamente en la vacunación contra el covid-19" porque no existe un registro formal, según señaló el texto al que accedió El Observador.
La solicitud al Ejecutivo la realizaron todos los legisladores de Cabildo Abierto, el Frente Amplio, el Partido Colorado y tres senadores oficialistas: Sergio Botana, Carlos Camy y Juan Straneo –suplente de Juan Sartori–.
En la redacción del pedido al Ejecutivo participó la Asociación de Diabéticos del Uruguay (ADU), quienes consideraron que si bien los pacientes con esa comorbilidad fueron priorizados recientemente en la vacunación, no se hizo "en tiempo y forma", según dijo el gerente general de ADU, Javier González a El Observador.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) viene priorizando a varios grupos poblacionales desde abril –trasplantados, cardiopatías, embarazadas, obesos, diabéticos, entre otros– pero la información no proviene de una fuente centralizada, sino que son los prestadores de salud públicos y privados los que envían los listados de las personas indicadas.
Desde ADU entienden que de cara a la administración de una posible tercera dosis, la creación de un registro sanitario de pacientes diabéticos facilitará la administración de vacunas para esas personas, que representan el segundo grupo de mayor riesgo de padecer la infección de forma grave, después de las enfermedades cardiovasculares. Estiman que entre el 8% y 10% de la población es diabética, explicó el directivo de ADU.
Meses atrás la asociación se reunió con el ministro Daniel Salinas y con el director general de Salud, Miguel Asqueta, para abordar la priorización de los diabéticos en el plan de vacunación, que finalmente se realizó más tarde con el listado de los prestadores.
En este sentido, González expresó que desde ADU entienden que no se los priorizó por "el estrés en la gestión de la pandemia y la incertidumbre por ser una primera experiencia de vacunación tan extendida", pero aseguró que el MSP tiene interés en "avanzar hacia el registro" de los pacientes.
Sin embargo, pese a que los diabéticos no estuvieron adelante en la fila para vacunarse, desde ADU argumentan que todas las plataformas de vacunas que hay en Uruguay previenen con alta efectividad el ingreso a CTI y la muerte de estos pacientes, por lo tanto, la priorización no fue solicitada por la administración de la vacuna de Pfizer –que es la que se utilizó para las comorbilidades priorizadas– sino para evitar la exposición al virus sin protección, lo que aumentaría el resigo de padecer cuadros graves.
Los legisladores de la coalición y de la oposición le solicitaron al Poder Ejecutivo que el registro sanitario de diabéticos incluya la cantidad de personas que padecen la enfermedad, el género, la edad, la distribución geográfica y que además brinde información sobre los tratamientos y controles realizados a cada uno.
González explicó que estos datos permitirán también hacer un seguimiento "del costo – efectividad de los tratamientos, para conocer si la inversión que se está haciendo está cumpliendo con los objetivos. Si se mantienen o hay que corregirlos" en función de los resultados.
El software permite que el usuario se controle continuamente la glucosa, mediante un parche que se coloca en el cuerpo. "El control en pacientes con diabetes tipo uno es fundamental", explicó González y agregó que el aparato permite además predecir si el nivel de glicemia tiene una tendencia al alza o a la baja "lo que permite al usuario que tome mejores decisiones".
También se pidió que se amplíe el rango de edad en la normativa del Fondo Nacional de Recursos (FNR) para otorgar las bombas de insulina, que cuestan entre US$ 10 mil y US$ 12 mil y que hasta ahora se otorgan solamente a pacientes de hasta 15 años, "por la variable presupuestal, pero no creo que no hayan personas mayores de 15 años que no la precisen", dijo el directivo de ADU.
Los legisladores expresaron que "el límite de edad consagrado en la normativa del FNR carece de criterio clínico y deja sin cobertura a grupos vulnerables como las mujeres que planifican y transcurren un embarazo".
