Los 100 días de Lacalle Pou: Del presidente coronavirus al reimpulso de la agenda

Este lunes ese número será redondo e indicará que hace 100 días que es el presidente de la República Oriental del Uruguay. O de la República Oriental del Coronavirus, como suele decir en reuniones para explicar cómo la pandemia ha acaparado su agenda y retrasado algunos de los planes que tenía para el inicio de la gestión.

La evolución favorable de los principales indicadores del virus le permite transitar la “luna de miel” con números auspiciosos: el 62% de los uruguayos aprueba la gestión del gobierno, de acuerdo a los últimos datos de las consultoras Equipos y Opción. “La alta aprobación de gestión gubernamental se sostiene en la sintonía poblacional con algunas figuras clave de gobierno (...) el presidente, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el canciller Ernesto Talvi cuentan con un alto capital político por parte de la ciudadanía, superior al que contaban al comienzo de sus funciones”, señala el informe del director de Opción, Rafael Porzecanski.

Los primeros 100 días suelen ser un hito que marca el rumbo de la gestión, y el Ejecutivo de Lacalle Pou ingresó al poder con el objetivo de cumplir a la brevedad con la consigna de austeridad anunciada durante toda la campaña electoral.

Para ello emitió un decreto que estableció que los ministerios no podrán ejecutar más del 85% de lo gastado el año previo, y se dispuso a implementar medidas para reducir el déficit fiscal, pero el 13 de marzo, con los primeros cuatro casos positivos de coronavirus, el gasto se disparó porque la “perilla sanitaria” se transformó en prioritaria y, en lugar de bajar, el rojo de las cuentas públicas subirá.

Lacalle Pou, Delgado y otras autoridades del gobierno estaban volviendo en helicóptero de Bella Unión (Artigas) tras inaugurar la cosecha de arroz  cuando se enteraron de que Uruguay registraba sus primeros contagios. 

Ese mismo viernes convocaron al consejo de ministros ampliado y tomaron medidas “más radicales que las que recomendaba la OMS para esta fase”, en palabras de uno de los colaboradores del presidente. Se suspendieron las clases, se exhortó con vehemencia a no salir de los hogares, se recomendó la realización de teletrabajo, se cerraron centros comerciales y se inició un proceso paulatino de cierre de fronteras.

En definitiva, se aplicó un confinamiento masivo basado de la utilización de la “libertad responsable”, un eslogan que responde a la filosofía liberal de las nuevas autoridades.

El 13 de marzo fue el primer mojón para el gobierno, aunque los días más difíciles ocurrieron más de una semana después, según reconoció Lacalle Pou en Santo y seña, a raíz del pedido del Sindicato Médico del Uruguay y el expresidente Tabaré Vázquez de decretar la cuarentena general obligatoria.

El presidente sintió la soledad del poder y la presión social se extendió hasta dentro del gobierno. El ministro de Salud, Daniel Salinas, expresó en una reunión del gabinete que se debía ampliar el aislamiento social y dictaminar una “mayor rigidez” en el control del tránsito de personas en las calles. El planteo fue rechazado bajo el argumento de que dictar un acto jurídico supone hacerlo cumplir y el presidente no estaba dispuesto a detener a una persona que “sale a hacer el peso”, como fundamentó en una conferencia de prensa.

La pandemia le sirvió al presidente para desplegar su aparato de comunicación, con conferencias de prensa en horario central, lo que significó un cambio de estilo con la administración anterior. Vázquez aparecía poco en los medios. 

A la vez, el control de la pandemia –“un gol en la altura de La Paz”– en palabras del científico Rafael Radi, permitió al gobierno a principios de abril empezar a “abrir el grifo” y comenzar a implementar la agenda prometida en campaña electoral, de corte liberal y desreguladora, con la ley de urgente consideración (LUC) a la cabeza. El texto recibió diversos cambios, aunque en el Poder Ejecutivo están “conformes” con su redacción final. Fue aprobado el miércoles en general en el Senado y su articulado se debatió jueves y viernes para darle pase a Diputados.

La discusión en comisión fue seguida con atención por el presidente, y sirvió al gobierno para evaluar la coordinación de la coalición y definir los roles claves. En el Ejecutivo entienden que está funcionando bien y reconocen con picardía que tuvieron en el proceso un as en la manga: los cargos en las empresas públicas. Como si fuera un partido de truco, desde la Torre Ejecutiva orejearon la evolución y el comportamiento de los socios. 

Esta negociación, llevada adelante con los líderes de los partidos fue “un parto” que se extendió bastante más de lo previsto –de hecho a tres meses de gobierno falta designar a un número importante de directores– y dejó heridas. 

Entre los colorados, Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti dejaron de hablarse a raíz del veto del canciller a Julio Luis Sanguinetti, y los posteriores mensajes del hijo del dos veces presidente, interpretados como un agravio y una amenaza por el economista. 

En el caso de Cabildo Abierto, sembraron dudas acerca de la idoneidad de algunos jerarcas propuestos, aunque lo que cayó peor fue la interpelación por parte del diputado Eduardo Lust a cuatro ministros por UPM. La iniciativa generó malestar en el piso 11 porque aseguran que Lacalle Pou mantuvo informado todo el tiempo a Guido Manini Ríos acerca de las negociaciones. 

El presidente marcó de cerca y, en una iniciativa inédita desde el retorno de la democracia, asistió al Parlamento para observar de primera mano la discusión y respaldar a sus ministros. “Estén tranquilos que estamos actuando con transparencia”, les dijo en una improvisada reunión que tuvo con ellos antes de que comenzara la sesión. En esa recorrida por el Parlamento también presenció el debate por la LUC en el Senado.

La discusión por los cargos también arrastró problemas en el Partido Nacional, con divisiones y reproches públicos. Jorge Gandini se alejó de Alianza Nacional, el sector del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, y Sergio Botana acusó a la lista 404 –la de Lacalle Pou– de acaparar la mayoría de los cargos en el Mides. El lunes, Delgado asistirá al Directorio del Partido Nacional y tendrá una reunión con las bancadas de diputados y senadores para mejorar la coordinación interna.

El envío de la LUC en plena emergencia sanitaria le valió al gobierno ganarse la crítica de la oposición y del sindicalismo, que se sintió en las calles. Este jueves el PIT-CNT realizó una movilización en rechazo al proyecto, pero también en defensa del trabajo y el salario. Las autoridades sindicales, así como los líderes del Frente Amplio entienden que la “perilla” de la economía debió haberse movido más y que el gobierno no destinó los suficientes recursos para evitar desempleo y pérdida de salario real.

La coalición de izquierda aún no se termina de acomodar como oposición, y en el Ejecutivo entienden que no hay un interlocutor que la represente. “No sé hoy quién representa al FA”, expresó Delgado en una entrevista con Voces este jueves.

Los 100 días le han permitido a Lacalle Pou dar señales acerca de cómo quiere que se desempeñen sus jerarcas. Cesó de un plumazo al presidente de Antel por presupuestar a más de 800 funcionarios de forma inconsulta, y al de la Corporación Nacional para el Desarrollo por decir en una entrevista con Búsqueda que no trabajaba full time y anunciar que le puso un escritorio a su pareja en la CND para que le llevara los papeles de su actividad privada. “Fueron mensajes para el resto, a riesgo de que se pudieran interpretar como decisiones apuradas”, reconoció una fuente del gobierno.

También fue capaz de dar marcha atrás con decisiones que le cuestionaron. Así fue como el presidente anunció en su cuenta de Twitter que no se aplicaría el recorte del 15% del presupuesto al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), un programa destinado a la investigación científica.

El tercer mojón ocurrió el último domingo, con el asesinato de tres infantes de marina que custodiaban antenas en el Cerro. La posibilidad de que fuera un acto de violencia política preocupó a las autoridades, que reconocen la amenaza creciente del narcotráfico y una situación compleja en las cárceles. Las cifras de homicidios difundidas hasta el momento muestran un aumento respecto al año anterior.

Las fallas en el protocolo de seguridad de esa unidad militar también provocaron el cese del comandante de Infantería de Marina, Marcos Saralegui, y tensaron la interna de la fuerza de mar al generar molestia en los oficiales.

El mandatario se mantiene apegado al libreto que mostró en la campaña de una actitud proactiva y de estar encima de los temas. La marca personal a sus ministros la hace con reuniones quincenales pero también por teléfono, una característica que lo asimila con su padre.

Así fue que no dudó en levantar el teléfono para pedirle al ministro de Industria, Omar Paganini, que cesara al presidente de Antel. También llamó a los investigadores a cargo de las pericias del asesinato de los tres marinos en el Cerro para felicitarlos. Y cuando el narco González Valencia fue extraditado, el presidente estuvo en contacto con Larrañaga sobre la marcha del operativo.

Tampoco dudó en viajar a Rivera cuando se enteró de los primeros casos de coronavirus en el departamento. Haber estado ahí le implicó tener que hacer cuarentena e hisoparse, junto a parte de su gabinete, por haber compartido una reunión con una jerarca departamental del Mides que días después dio positivo de covid-19.

Con la preocupación latente por el empleo, Presidencia, el MEF y la OPP se aprontan a anunciar un “paquete económico importante” para reactivar la actividad, que incluye la reducción de los requisitos para obtener la residencia fiscal y flexibilizaciones a las inversiones, además esperan un incremento del consumo con la reapertura de los sectores y confían en que Uruguay saldrá de la pandemia con “buena imagen” en el mundo. 

Los siguientes meses serán de negociación entre gobierno, sindicatos y empresarios en los Consejos de Salarios, comenzará la discusión por la reforma previsional y el envío de la ley de Presupuesto, que tendrá importantes cambios, reflejo de la orientación política de la nueva administración.