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Los vínculos en la coalición entre reuniones por separado con Lacalle y los cambios a la LUC

No hubo cumbre de líderes en los primeros tres meses de gobierno multicolor
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06 de junio de 2020 a las 05:03

Semanas antes de que Luis Lacalle Pou fuera electo presidente, no había certeza de que sus socios pudieran posar para una foto. Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres y Edgardo Novick firmaron el acuerdo programático de la coalición por separado, en reuniones bilaterales con el entonces candidato presidencial del Partido Nacional.

Mieres, el excandidato del Partido Independiente, no se sentía cómodo con la idea de sacarse una “foto de familia” junto al líder de Cabildo Abierto. El 7 de noviembre justificó su decisión a partir de las “diferencias ideológicas” que en la campaña electoral los había encontrado en veredas opuestas.

Pero días después, los socios de un eventual gobierno de coalición se tomaron su primera foto en un acto conjunto en el Molino de Pérez. Novick estaba de viaje y faltó con aviso. A un lado de Lacalle Pou se colocó Manini Ríos. Del otro lado se pusieron Talvi, Beatriz Argimón y Mieres.

Por delante estaba la victoria en segunda vuelta, la transición con el gobierno de Tabaré Vázquez, la negociación sobre el contenido del proyecto de ley de urgente consideración y la distribución de cargos políticos, un tema que aún no está laudado. 

En diciembre, Talvi y Mieres aceptaron la propuesta de ocupar un lugar en el gabinete de la administración nacionalista. En cambio, Manini Ríos rechazó la oferta de ser ministro de Salud Pública y recomendó para el puesto al neurólogo Daniel Salinas, un hombre de su confianza que se convirtió en pieza clave para enfrentar la emergencia sanitaria por el coronavirus. 

La imagen que se tomaron entonces fue una excepción: salvo por el acto de celebración de la victoria electoral de noviembre, y por una reunión en enero en la que Lacalle Pou les presentó el primer borrador del proyecto de ley de urgente consideración, los cinco integrantes de la coalición no volvieron a reunirse. 

Así, en los primeros 100 días de administración, los líderes de la coalición se mantuvieron sin encuentros conjuntos. El presidente mantuvo la costumbre de negociar de forma bilateral la agenda de gobierno con sus socios, respaldado en la negociación de cargos por el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. 

La modalidad generó reparos dentro de la coalición. El expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, pidió en febrero que se instalara una mesa política de la coalición, para poder coordinar las acciones del bloque. La idea enseguida fue respaldada por Manini Ríos, que después de haber asumido como senador valoró que sería positivo contar con ese espacio, ya que algunas ideas manejadas “mano a mano” con el mandatario no eran escuchadas por todos. 

El verano fue una prueba de fuego, con los dos socios mayoritarios marcando perfil para las –después pospuestas– elecciones departamentales. Talvi y Manini Ríos, incluso, coquetearon con la idea de postularse como candidatos a los comicios de Montevideo, cuando la posibilidad de que la coalición llegara a un acuerdo para competir en la capital se veía amenazada.

Después del 1° de marzo hubo otros hechos que pusieron a prueba el vínculo de los socios. En primer lugar, los tuits con críticas a Talvi y a Mieres hechos desde la cuenta de Rivera Elgue, el subsecretario de Defensa y adherente de Cabildo Abierto, que pidió perdón y precisó que no lo habían hackeado, como primero dijo.

También se sumaron las disputas internas de cada partido. Talvi y Sanguinetti, pujando por el liderazgo del Partido Colorado. Cabildo Abierto, con dificultades para consolidar su estructura interna y con el pedido de desafuero de su líder pendiente. Y por último, el único diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, distanciado de Novick.

Esta semana fue la primera interpelación del período, a cuatro ministros, que tuvo como interpelante al diputado Eduardo Lust de Cabildo Abierto, lo que generó molestia en la Torre Ejecutiva. 

En el Parlamento

El proyecto de ley de urgente consideración puso a prueba la capacidad de negociación de los cinco partidos en el Palacio Legislativo. Días atrás, los senadores blancos, colorados y cabildantes se tomaron una foto grupal. “Ante quienes vaticinaban que quizá podía ser difícil que nos pongamos de acuerdo, hay una ley que corrobora que es un gobierno responsable y serio”, dijo el nacionalista Gustavo Penadés, presidente de la comisión especial que trató el texto antes de que ingresara al plenario de la Cámara de Senadores.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, fue el primer jerarca del Poder Ejecutivo en defender el buque insignia de la administración de Luis Lacalle Pou. Pero la negociación en la interna de la coalición oficialista comenzó tiempo atrás, incluso antes de que el nacionalista asumiera la Presidencia.

El acuerdo sellado bajo el rótulo de Compromiso por el país sería la base del eventual gobierno multicolor y, más adelante, se convirtió en el principal argumento para rechazar las ideas que el Poder Ejecutivo incluyó al proyecto de ley urgente sin tener el beneplácito de los líderes de la coalición.

Después de que Lacalle Pou divulgara en enero el primer borrador del proyecto de ley, los socios del Partido Nacional se dedicaron a la discusión de qué puntos agregar o retirar antes de que ingresara al Parlamento, lo que finalmente sucedió el 23 de abril.

El Partido Nacional hizo algunas concesiones, pero en otros temas no cedió. Esto pasó con la desmonopolización de Ancap, que el mandatario dejó en el proyecto de ley hasta última instancia, a pesar de la resistencia de los colorados, Cabildo Abierto y el Partido Independiente.

Las explicaciones del ministro de Industria, Omar Paganini, no convencieron a los legisladores que se oponían a implementar un cambio estructural a partir de una ley urgente, sin haberlo discutido y estudiado debidamente. 

A último momento la coalición encontró un camino alternativo: sustituir el artículo 230 por otros tres, de los cuales dos tienen el respaldo del Frente Amplio. No se derogará el monopolio de Ancap a la brevedad, como impulsó el presidente, pero a partir de la ley urgente el gobierno se compromete a presentar una nueva iniciativa sobre la regulación del mercado de combustibles.

Durante el debate por el proyecto de ley urgente, las negociaciones también se dieron en la interna del Partido Nacional. El principal foco de tensión fue el capítulo sobre las normas penales para adolescentes porque, mientras el ministro Larrañaga y otros dirigentes blancos buscaron que se aprobara sin modificaciones, algunos legisladores nacionalistas impulsaron suavizar la propuesta del Ejecutivo, respaldados por el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente. Las idas y vueltas se prolongaron, pero también en este caso se pudo acordar una redacción alternativa, que este jueves fue votada en bloque por todos los senadores de la coalición.

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