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Caso Schiappacasse: gobierno reivindica incidencia de la LUC pero ese procedimiento ya se podía realizar desde antes
El debate a favor y en contra de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo cobró nuevos bríos en los últimos días, a partir de algunos hechos de notoriedad pública. El más reciente fue la detención del futbolista Nicolás Schiappacasse en plena ruta, cuando este miércoles se dirigía a Maldonado rumbo al partido clásico entre Peñarol y Nacional. Entre sus pertenencias, se halló una pistola Smith & Wesson 9 milímetros, con ocho municiones.
En el gobierno y en el oficialismo político se salió enseguida a destacar que el procedimiento fue posible gracias las ventajas que permite la norma cuestionada. En particular el artículo 24, uno de los que se pretende derogar. Sin embargo, era posible realizar controles como los efectuados antes del partido clásico debido a una disposición de la Ley Orgánica Policial vigente desde 2008.
En el gobierno dicen que la LUC modificó el artículo 59 del Código del Proceso Penal aprobado en 2014, relativo al registro personal, de vestimenta y vehículos por parte de la Policía. Allí se habilitaba a practicar este registro "a quien se hallare legalmente detenido" "o que quien existan indicios se disponga a cometer delito "con autorización específica del fiscal competente". Lo que hizo la LUC fue ampliar el rango de acción a cualquier persona sobre cual "existan indicios de que haya cometido, intentado cometer o se disponga a cometer delito". Además, ya no se requerirá autorización del ministerio público para registrar "personas, elementos o vehículos para buscar armas, drogas u objetos robados", en el marco de procedimientos "preventivos rutinarios" por parte de personal policial o militar.
Así lo destacó, por ejemplo, el diputado colorado Felipe Schipani, al señalar que, gracias a esta disposición, la Policía logró encontrar el arma en el auto del futbolista. "Ese hallazgo evitó una tragedia", aseguró. En el mismo sentido se pronunció Andrés Capretti, asesor del Ministerio del Interior.
En líneas generales, es la posición oficial de esa cartera. "Esto está en la LUC", dijo a El Observador el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, Santiago González, al señalar que la nueva normativa permite este tipo de controles en procedimientos aleatorios. "Es una herramienta que está y que se utiliza todos los días", aseguró.
La oposición, que pugna por la derogación parcial de la LUC, salió también y en forma inmediata a refutar estos planteos. "Atribuir a la LUC la incautación de un arma en un procedimiento de control es, sencillamente, una mentira más", sostuvo el diputado frenteamplista José Carlos Mahía, que se quejó que desde el gobierno se "miente a sabiendas" ya que, afirmó, controles vehiculares hubo siempre.
"Lo novedoso fue que el arma la llevara un jugador de fútbol profesional", señaló.
Pero en el Frente Amplio se sacó a relucir la ley de Procedimiento Policial, que está vigente desde 2008. La redacción del artículo 44, antes de la modificación planteada en la LUC, indicaba que la Policía podría realizar registros personales cuando existiera "flagrante actividad delictiva de la persona sometida a registro o cuando, en el curso de un operativo policial debidamente dispuesto, existan motivos suficientes o fundados". Allí se mencionaba el registro de "bultos, bolsos, valijas, portafolios o similares". La LUC de hecho modificó parte de ese artículo –se flexibilizó la exigencia de "flagrante actividad delictiva"– pero mantuvo incambiado la hipótesis del curso de un operativo policial debidamente dispuesto.
Asimismo, por el artículo 45 de esa ley ya se podían registrar "cualquier vehículo de transporte de personas o de carga" en procura de elementos que "puedan poner en riesgo la seguridad propia, de terceros o relacionados con la comisión de hechos ilícitos".
En tanto, el articulo 141 de la misma ley le otorgaba a la Policía facultades para "realizar controles, registros y detención de vehículos", pero en "cumplimiento de sus funciones de prevención, como encargada de hacer cumplir la ley y como auxiliar de la Justicia".
"La ley de Procedimiento Policial autorizaba a realizar controles de rutina", señaló a El Observador el senador Charles Carrera, exdirector general del Ministerio del Interior durante la gestión de Eduardo Bonomi. "Desde 2008 se hicieron cientos", afirmó.
Al respecto el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, defendió la postura del oficialismo y, en diálogo con El Observador, argumentó que antes de la LUC la posibilidad de realizar este tipo de operativos estaba limitada a personas detenidas o con indicios de haber cometido un delito. Por sobre todo, Maciel remarcó que el artículo 141 era de alcance "muy acotado" y solo permitía el registro de vehículos en el marco de esos controles.
"No habla ni de personas, ni de vestimenta ni de equipaje, como sí lo detalla la LUC", sostuvo. "Fue gracias a la LUC" remarcó el subsecretario, y agregó que Schiappacasse iba de acompañante, que el arma que se le incautó estaba "envuelta en la vestimenta" y que fue hallada en el marco de un "operativo preventivo rutinario", como estipula expresamente la redacción dada por la LUC.
En conversación con El Observador, el catedrático de derecho procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Gabriel Valentín señaló que la LUC, efectivamente, amplió los alcances de las condiciones de los procedimientos que puede realizar la Policía. La clave, sostuvo, es ver si lo de Schiappacasse se trató de una investigación autónoma y si fue ordenada por Fiscalía.
El Guardián
La reflexión del catedrático lleva a otro ángulo de la polémica política que se detonó a partir de la detención del futbolista.
En el Ministerio del Interior, González ratificó que se trató de procedimiento aleatorio, uno más de los 200 controles que se realizaron este miércoles en el marco del operativo de seguridad por el partido clásico. Esos controles, según González, permitieron en otro lugar la detención de una persona que estaba requerida por la Justicia de San José, y evitaron además que doce individuos que estaban en la "lista negra" del fútbol pudieran ingresar al partido.
Esa afirmación fue rebatida por Fernando Gil, exasesor de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. En diálogo con El Observador, Gil sostuvo que policías de alto rango le indicaron que se contaban con información previa de que en ese vehículo se transportaba un arma y que uno de los acompañantes de Schiappacasse tenía su teléfono "pinchado" y que, muy lejos de la LUC, todo se debió a inteligencia policial.
A tal punto que, según la versión del exjerarca, los policías detuvieron previamente y por error a un auto muy similar al que conducía al futbolista. Gil relacionó el hallazgo del arma de Schiappacasse a la utilización de instrumentos como El Guardián.
"La verdad de los hechos fue que existía información previa de la existencia del arma a través de escuchas telefónicas a los detenidos". Como prueba, mencionó una serie de audios de policías que participaron en el procedimiento que se viralizaron a las pocas horas de la detención del futbolista.
El exasesor de Bonomi inistió además en que la LUC no trajo ninguna novedad con respecto a los procedimientos realizados por la Policía. Habló de una "falsedad absoluta" por parte de las actuales autoridades y recordó los "miles" de los Operativos Gavilán, que la pasada administración efectuó, con cientos de detenidos e incautaciones, en circunstancias similares a lo sucedido con Schiappacasse.
Al respecto, González rechazó en forma contundente esta afirmación señaló que en el operativo de seguridad ese día participaron 750 policias. "¿Te parece que todos sabían lo que se maneja en El Guardián?", ironizó. "Seríamos un desastre". El director insistió en que la inspección y el hallazgo del arma se produjo porque uno de los ocupantes del vehículo "se puso nervioso", lo que fue detectado por la Policía.
