Un hombre uruguayo de 28 años fue secuestrado, hambreado y torturado durante 60 días. Si esto fuera un titular de diario sería la nota más leída del día, de la semana y del mes. Pero a este titular le faltan algunas palabras clave: preso y cárcel. Ambos términos actúan mágicamente a la hora de mirar para el costado, y eso aplica tanto para los gobiernos que desde hace mucho tiempo guían nuestros destinos, como para buena parte de los uruguayos que vemos como se produce, de nuevo, una violación tan flagrante a los derechos humanos.
La paradoja de los derechos humanos es que parecen serlo solo cuando nos afectan directamente. Si te secuestraran, hambrearan y torturaran a vos durante 60 días, no solo vos y tu familia estarían desesperados. También las autoridades y los medios y toda “persona de bien” se solidarizaría contigo, habría denuncias e investigaciones y nuevas medidas para evitar situaciones similares en el futuro. Pero si todo eso le pasa a un preso, en un módulo carcelario en el que se hacinan 750 personas y que en las noches llega a tener solo dos policías a cargo, es otra cosa. Algo habrá hecho, dicen algunos. Es un chorro, dicen otros. ¿Qué derechos?, preguntan ciertas personas.
Hace casi un año escribí sobre el círculo eterno de la violencia y cómo siempre nos termina afectando a todos, aunque frecuentemente elegimos hacernos los desentendidos, tal vez porque son temas que duelen, que no sabemos cómo resolver y ante los que, aunque nos sintamos conmovidos, también nos sentimos inútiles. Entonces alabé la sabiduría del sistema político, cuando el Parlamento votó por unanimidad a Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario. Me pregunté también cómo haría esta administración y este sistema político todo, para que los diagnósticos se transformen de una vez por todas en hechos que mejoren uno de los mojones más complicados del círculo de la violencia, que es la privación de libertad.
Este hombre uruguayo de 28 años, padres de dos niños, preso desde hace poco más de cuatro meses por una rapiña, primario, desnutrido, violentado una y otra vez, que padece “un estado de estrés postraumático parecido al de un náufrago” -así lo describió Petit- es uno de los mojones de la violencia por partida doble; porque la ejerció cuando robó y porque cuando debió responder por sus delitos en una cárcel se convirtió en víctima. Algo similar nos sucede o nos puede suceder a todos y cada uno de los uruguayos que defendemos “nuestros” derechos humanos pero no tanto los de los demás; el hecho de que el “problema carcelario” permanezca en un limbo vergonzoso que parece que ninguna administración puede o quiere solucionar, es un peligro constante para cualquier ciudadano uruguayo, porque podría ser víctima futura de un ex recluso que no tuvo ni chances de rehabilitarse, pero también porque permitir que se torture en una cárcel es una vergüenza nacional que pocos asumimos como tal.
Este hombre fue torturado durante dos meses por sus propios compañeros de celda sin que, aparentemente, nadie se enterara. Se supo sobre él cuando el “líder” de la celda fue liberado y algunos presos denunciaron a través de vías privadas. El periodista Gabriel Pereya publicó el caso y las fotos en su cuenta de Twitter. Las fotos, esta vez más que necesarias para enfrentarnos con un horror constante y sonante, dan cuenta de la violencia y de la desnutrición severa.
En dos meses, los pocos policías que tienen la tarea de supervisar no detectaron la situación y tampoco el director del módulo; en dos meses ese preso no tuvo atención alguna de salud, ni entrevista con su abogado y todo indica que tampoco tuvo contacto con su familia ni con cualquier otra persona que lo haya visitado. En el comunicado del Ministerio del Interior se aclara “que la situación de esta persona se desconocía a pesar de que semanalmente los policías recorren el módulo revisando el estado de las rejas”. Rejas sí, personas...no tanto. Una vez que se descubrió la situación se hizo un relevamiento en el que se comprobó que siete de los 750 presos del módulo 11 sufren un cuadro de bajo peso que, según el Ministerio, se relaciona con el consumo de drogas.
En el Comcar se amuchan más de 4.000 de las 14.000 personas recluidas en Uruguay por no haber respetado la ley. Cada vez que se apresa a un delincuente o cuando se presentan las cifras de encarcelados, las autoridades suelen comunicarlo en un tono casi celebratorio. “Lo estamos haciendo muy bien, están todos en cana”, parecería ser su razonamiento. Esto también ha pasado en todos los gobiernos.
La oposición pidió, con razón, que se actúe pronto para que situaciones como estas no se repitan. Pero la realidad es que se han repetido en este gobierno, en los del FA y en los anteriores. En el mismo módulo 11 del Comcar en el que este hombre sufrió durante 60 días, otros cinco presos fueron asesinados sólo en mayo de 2020. Allí viven 750 personas y casi no hay personal. El ministro Luis Alberto Heber reconoció que no sabe si otras personas sufrieron o sufren tratamientos de este tipo. Dijo que espera que no.
Estos crímenes contra individuos que están en la cárcel por cometer crímenes no deberían nunca usarse para el ataque político, porque a este ritmo seguro que el próximo gobierno, cualquiera sea su color, deberá enfrentarse con varios del mismo tenor. Tenemos una memoria tan convenientemente selectiva que pronto borramos de ella otros asesinatos, otras muertes en incendios de cárceles no adecuadas, otros horrores que quedan entre las paredes heladas de una prisión.
“Los tres poderes del Estado tienen que pensar y trasuntar ese pensamiento en acciones. No se puede responsabilizar a esta administración ni a la anterior, es un grave problema estructural que tiene el país”, dijo acertadamente el comisionado de cárceles.
En este contexto, la salida del ministro del Interior para advertir qué pasará si se derogan los 135 artículos de la LUC no es solo trasnochada (!ojo con los comunistas! !ojo con los neoliberales!) sino también infeliz. Si se derogan artículos, “vamos a sacarle protección a la policía y liberar presos”, dijo en una desayuno de ADM, algo que no es así, tal como explicó el profesor y abogado Diego Camaño.
Lo que si está bueno recordar sobre la LUC es que en el artículo 87 se le encomienda al Instituto Nacional de Rehabilitación (encargado de las cárceles, su nombre parece una mala broma), la confección de una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario con metas a corto, mediano y largo plazo. La pregunta es si esta vez se hará. “Las cárceles son el reflejo de la sociedad. Nos desgarramos las vestiduras cuando matan a alguien, pero ¿en algún momento nos preguntamos qué hicimos para que esto no ocurriera?”, dijo la senadora del Frente Amplio Graciela Barrera, en la sesión de 2020 en la que Petit fue refrendado. El hijo de Barrera fue asesinado durante una rapiña en 2009.
Solucionar o al menos mejorar el problema penitenciario es una inversión para el futuro de todos. Lo que sucede frecuentemente, sin embargo, es que solemos olvidar a los que están “allá”, a los encerrados, a los que casi nunca tienen esperanza. Eso detona más violencia y nos afecta “acá”. Protestamos a viva voz por el aumento de la inseguridad, por la delincuencia, por la falta de libertades individuales, pero no siempre vamos al origen que es también el final de ese círculo vicioso.
