La transparencia en la gestión pública es un valor esencial de toda República seria. Nadie puede estar en contra de exigir rendición de cuentas, austeridad y honestidad en el ejercicio de la función pública. El problema aparece cuando esos principios se utilizan más como herramienta de marketing político que como una verdadera agenda de reformas del Estado.
En esa línea se inscriben los anuncios realizados por el senador Daniel Caggiani bajo el título “Gobernar con el ejemplo: transparencia y honestidad en la gestión pública”, donde anunció tres proyectos de ley: devolución de viáticos sobrantes, exclusividad del trabajo parlamentario y equiparación de subsidios políticos con el seguro de desempleo común.
A primera vista, las propuestas parecen razonables. Incluso atractivas. Pero cuando se las analiza con mayor profundidad, surge una pregunta inevitable: ¿se está atacando realmente el problema de fondo o simplemente construyendo un discurso efectista?
El senador Pedro Bordaberry respondió con claridad: el verdadero debate no pasa por gestos simbólicos, sino por reducir de verdad el costo del Estado y revisar una estructura política que hace años crece sin pausa. Y en eso tiene razón.
Porque si el objetivo es la austeridad republicana, resulta difícil comprender cómo quienes hoy hablan de “gobernar con el ejemplo” guardan silencio frente a otros temas mucho más relevantes para el gasto público: el aumento permanente de cargos de confianza, las estructuras paralelas, los organismos que duplican funciones, los viajes innecesarios, las consultorías millonarias o el crecimiento del aparato estatal.
La transparencia no puede transformarse en una puesta en escena donde se discuten aspectos relativamente menores mientras se evita hablar del problema estructural. Pero además, una de las propuestas anunciadas revela algo todavía más preocupante: se presenta como novedad algo que, en realidad, ya está previsto en la normativa vigente.
Tal como señaló el diputado colorado Juan Martín Jorge, resulta insólito plantear como gran avance la “obligatoriedad” de rendir cuentas de los viáticos utilizados por legisladores. La primera pregunta que surge es inevitable: ¿acaso no debía ser ya una regla básica de conducta y responsabilidad pública?
Y la respuesta es clara: sí. La obligación ya existe. El TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), en su artículo 132, establece expresamente que toda persona que perciba fondos públicos está obligada a rendir cuenta documentada o comprobable de su utilización o gestión.
El Código de Ética de la Función Pública (Ley Nro. 19.823), en su artículo 35, dispone exactamente el mismo deber para los funcionarios públicos. El Decreto 30/003 también lo reafirma en su artículo 34.
Y además, el propio Reglamento del Senado, en su artículo 189, exige que las misiones oficiales financiadas por el Senado presenten informes detallando actuaciones, resultados y costos abonados, incluyendo pasajes, estadías y viáticos.
Entonces, la discusión verdadera no parece ser la ausencia de normas. Las normas existen y son claras.
La pregunta de fondo es otra: ¿el problema era falta de legislación o falta de voluntad de algunos para cumplirla?
Cuando se anuncian proyectos para “crear” obligaciones que ya están previstas, el riesgo es transformar principios elementales de buena administración en operaciones de comunicación política.
Algo similar ocurre con las otras iniciativas. La Constitución de la República ya prevé un sistema de incompatibilidades para los legisladores, estableciendo límites y prohibiciones respecto al ejercicio simultáneo de determinadas funciones públicas y actividades vinculadas al Estado. Es decir: el ordenamiento jurídico uruguayo ya reconoce que el ejercicio parlamentario requiere garantías éticas y reglas claras.
Pero pretender que todos los legisladores deban dedicarse exclusivamente al Parlamento desconoce la propia naturaleza de la representación política uruguaya. Muchos parlamentarios ejercen profesiones, actividades académicas o tareas privadas que enriquecen justamente su visión de la realidad. Un Parlamento integrado únicamente por políticos profesionales, desconectados del trabajo real y dependientes exclusivamente de la política, no necesariamente mejora la calidad democrática; probablemente la empobrece.
La política necesita más contacto con la vida cotidiana y menos encapsulamiento corporativo. Algo similar ocurre con el debate sobre los subsidios. Es legítimo discutirlos. Pero también es cierto que los cargos políticos tienen una lógica distinta a la del empleo común: son funciones esencialmente transitorias, sujetas a los cambios electorales y a la confianza política. Equiparar mecánicamente ambas situaciones puede sonar popular, pero no necesariamente constituye una solución justa ni inteligente.
Uruguay necesita una agenda seria de modernización del Estado: menos burocracia, menos privilegios, más eficiencia, mejor control del gasto y mayor rendición de cuentas. Necesita instituciones fuertes, no eslóganes.
Gobernar con honestidad implica mucho más que anunciar proyectos con títulos atractivos. Implica administrar bien, gastar mejor, priorizar a los ciudadanos y entender que la austeridad republicana no puede ser selectiva ni oportunista. Porque la transparencia verdadera no se construye con gestos para las redes sociales. Se construye con coherencia.
