La novedad de este lenguaje apunta a reconocer que los problemas sociales más difíciles que enfrenta Uruguay no se explican solo por falta de ingresos, prestaciones o servicios. Todo eso importa, y mucho. Pero en la situación de calle, en la desvinculación educativa, en la crisis de salud mental o en la reinserción de quienes salen de la cárcel, aparece algo más profundo: aislamiento, pérdida de redes, falta de reconocimiento, debilitamiento de la pertenencia y dificultad para proyectar el futuro. Por eso en el diseño de los programas se habla de trayectorias, acompañamiento y comunidad: porque una política social no debería limitarse a entregar prestaciones o habilitar el acceso a un servicio, sino que debe poder permanecer junto a las personas el tiempo suficiente para abrir posibilidades reales de vida.
Este nuevo énfasis se observa en varios de los programas anunciados por el gobierno. La Estrategia Nacional Integral para el Abordaje de la Situación de Calle propone pasar del refugio de emergencia a un modelo más integral de acompañamiento, vivienda y reinserción. Su lenguaje conceptual —vínculo, vivienda y vida— muestra que la situación de calle ya no aparece solo como falta de techo o pobreza extrema, sino como una trayectoria de exclusión acumulada: salud mental, consumo, cárcel, ruptura familiar, aislamiento, desempleo y deterioro subjetivo. En ese marco, una cama en un refugio puede ser imprescindible, pero claramente insuficiente. Algo similar ocurre con la Estrategia Nacional de Salud Mental y Bienestar 2025-2030. Su objetivo declarado es consolidar el modelo comunitario propuesto por la Ley de Salud Mental, con anclaje territorial y enfoque de derechos humanos, superando el paradigma biomédico, tutelar, asistencialista y asilar.
Esto supone reconocer que la salud mental no se juega solamente en la consulta psicológica o psiquiátrica, sino también en el territorio, las redes comunitarias, las condiciones de vida y la posibilidad de no quedar solo frente al sufrimiento. Un tercer ejemplo es Libertad Segura, el programa de apoyo a personas liberadas del sistema penitenciario. Su impronta innovadora está en que la reincidencia empieza a pensarse de manera relacional y comunitaria, no solo como conducta individual. No alcanza con que una persona quiera reinsertarse a la salir de la carcel. Importa qué red le espera afuera, dónde va a vivir, dónde va a trabajar, quién va a acompañar y qué oportunidades reales encontrará al salir.
El cuarto ejemplo son las Becas Butiá. A primera vista, una beca podría parecer una política clásica: una transferencia económica para sostener estudios. Sin embargo, el modo en que se presenta incorpora otro lenguaje. La beca busca asegurar permanencia educativa, reduciendo los factores de riesgo económicos, académicos, y emocionales, promoviendo el acompañamiento ofrecido por las instituciones. En otras palabras: no se trata solo de transferir dinero, sino de sostener trayectorias educativas. Este nuevo lenguaje no surge en el vacío. Forma parte de una conversación internacional sobre los límites del Estado de bienestar tradicional. Desde el mundo académico, hay autoras que han contribuido especialmente a darle fundamento a esta nueva forma de pensar las políticas sociales.
Una de ellas es Hilary Cottam (2), pensadora británica que ha impulsado la idea de un Estado de bienestar relacional. Su punto de partida es sencillo: muchos sistemas sociales fueron diseñados para entregar prestaciones, abrir ventanillas, evaluar requisitos y derivar personas entre servicios, pero no necesariamente para acompañar procesos de vida complejos. Para Cottam, frente a problemas como la soledad, la salud mental, la pobreza persistente, el desempleo o la fragilidad de los vínculos, no alcanza con administrar “casos” o realizar “derivaciones”. Hace falta un Estado capaz de construir relaciones de confianza, fortalecer capacidades personales y comunitarias, y sostener trayectorias junto con las propias personas y sus comunidades.
En la misma línea, Sarah White (3), desde el enfoque de bienestar relacional, plantea que el bienestar se apoya en tres pilares igualmente importantes: lo material, lo subjetivo y lo relacional. Es material, porque requiere ingresos, vivienda, salud y educación; es subjetivo, porque importa cómo las personas viven e interpretan su situación; y es relacional, porque depende de vínculos, reconocimiento y pertenencia. Ambas autoras ayudan a fundamentar una idea central: las prestaciones siguen siendo imprescindibles y la coordinación institucional sigue siendo necesaria, pero no alcanzan si no están organizadas alrededor de relaciones capaces de sostener trayectorias vulneradas o fragilizadas. Este debate también se expresa en programas concretos de otros países.
En Inglaterra, el social prescribing parte de una idea simple: muchas personas llegan al sistema de salud con malestares que tienen raíces sociales —soledad, aislamiento, falta de actividad, problemas de vivienda, duelo, fragilidad de redes—. En lugar de responder únicamente con medicamentos o consultas médicas, el sistema puede derivar a la persona a un trabajador especializado, conocido como link worker —algo así como un “conector comunitario”—, que conversa con ella, identifica sus necesidades e intereses, y la vincula con recursos de la comunidad. En Finlandia, los centros Ohjaamo no son solo una ventanilla única para jóvenes. Intentan transformar el modo en que el joven se encuentra con el Estado: puede llegar sin cita, ser escuchado cara a cara y ser acompañado en un recorrido que puede incluir educación, empleo, vivienda, salud, bienestar y vida comunitaria. La clave no es solamente reunir servicios en un mismo lugar, sino evitar que el joven tenga que navegar solo un sistema fragmentado.
Más conocido, el modelo Housing First para personas en situación de calle busca ofrecer primero una vivienda estable, acompañada por apoyos personalizados. Pero su dimensión vincular también es importante: la vivienda no es solo un techo, sino una base de seguridad desde la cual reconstruir salud, hábitos cotidianos y pertenencia comunitaria. Cualquiera de estos tres programas, más allá de sus diferencias, comparte una convicción: los problemas sociales más difíciles no se resuelven solo con prestaciones aisladas, sino con apoyos sostenidos y relaciones capaces de recomponer redes de apoyo y sostén. Ahora bien, volviendo al Uruguay, la pregunta es cómo aterrizar adecuadamente estas perspectivas a nuestro contexto. Porque una cosa es darle centralidad al lenguaje de las trayectorias, los vínculos, el acompañamiento y la comunidad, y otra muy distinta es construir las condiciones institucionales, presupuestales y profesionales para que ese lenguaje se vuelva realidad. Si no miramos con cuidado nuestra propia realidad y sus problemas, corremos el riesgo de adoptar una caja de herramientas que hoy circula internacionalmente y trasladarla de manera mecánica, sin preguntarnos qué condiciones necesita el país para que este enfoque se traduzca en soluciones efectivas.
El primer problema —y quizás el más evidente— es que Uruguay quiere avanzar hacia políticas más relacionales sin tener plenamente asegurado el piso de servicios que esas políticas necesitan. Un enfoque basado en vínculos y acompañamiento supone que, cuando una persona confía en el Estado o decide iniciar un proceso, el sistema tiene algo real para ofrecerle. Pero en el caso de Uruguay, muchas veces ese piso no está garantizado. Sin servicios reales con capacidad real de atención a tiempo —en salud mental, vivienda, tratamiento, empleo, modalidades educativas adecuadas—, el acompañamiento corre el riesgo de transformarse en contención sin salida. El segundo problema es la fragmentación institucional. Los problemas sociales más complejos no son competencia de una sola institución. Una persona en situación de calle no tiene solo un problema habitacional; un adolescente desvinculado no tiene solo un problema educativo; una persona que sale de la cárcel no tiene solo un problema laboral. Sin embargo, el Estado suele mirar por áreas: educación mira asistencia; salud mira síntomas; desarrollo social mira vulnerabilidad; vivienda mira soluciones habitacionales; seguridad mira delito; trabajo mira empleabilidad.
Cada institución ve una parte, pero nadie mira la trayectoria completa. Y cuando un problema es de todos, corre el riesgo de no ser plenamente de nadie. El tercer problema tiene que ver con una tensión propia del Estado social uruguayo. Uruguay tiene una matriz social potente, especialmente si se la compara con otros países de la región: educación pública, sistema de salud, seguridad social, políticas de transferencias, institucionalidad territorial. Esa es una enorme fortaleza. Pero esa matriz fue pensada sobre todo para garantizar el acceso a derechos y prestaciones. El nuevo enfoque exige algo más: no solo que la persona tenga una puerta de entrada al sistema, sino que el sistema pueda sostenerla en el tiempo, adaptarse a su situación y articular respuestas según la complejidad de su trayectoria.
El desafío ciertamente no es abandonar el universalismo, sino enriquecerlo con mayores esfuerzos para quienes más lo necesitan(4). El cuarto problema es el tiempo. La salida de la calle, la reinserción después de la cárcel, la revinculación educativa o el abordaje de la crisis de salud mental juvenil no se resuelven rápido. Requieren confianza, avances y retrocesos, presencia sostenida, continuidad de equipos, instituciones que no abandonen y políticas que no cambien de nombre cada pocos años. Pero la política y la administración pública suelen funcionar con tiempos mucho más acotados: presupuestos anuales, metas de gestión, urgencias mediáticas, cambios de autoridades, necesidad de mostrar resultados inmediatos. Más allá de estos problemas, el nuevo lenguaje de las políticas sociales puede ser una oportunidad. Que el Estado empiece a poner en el centro de sus programas las nociones de vínculos, trayectorias y reconstrucción del tejido comunitario no es menor. Significa reconocer que los problemas sociales más duros no son solamente consecuencia de falta de ingresos, cupos, servicios o coordinación. También expresan rupturas de confianza, falta de pertenencia, ausencia de redes vinculares y de reconocimiento.
El problema es que este nuevo lenguaje puede aumentar aún más la frustración si no viene acompañado de servicios suficientes, equipos estables, presupuesto, responsabilidad institucional y capacidad real para sostener procesos. Uruguay no necesita elegir entre prestaciones o vínculos. Necesita prestaciones con vínculo, servicios con acompañamiento, coordinación con responsabilidad y políticas capaces de permanecer junto a las personas hasta que algo cambie de verdad. El desafío, entonces, no es solamente hablar un nuevo lenguaje. Es construir el Estado capaz de hacerlo realidad.
(1) Di Maggio, Paul J. y Powell, Walter W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”. American Sociological Review, vol. 48, n.º 2, pp. 147–160. (2) Cottam, H. (2018). Radical Help: How We Can Remake the Relationships Between Us and Revolutionise the Welfare State. London: Virago. (3) White, S. C. (2017). “Relational Wellbeing: Re-centring the Politics of Happiness, Policy and the Self”. Policy & Politics, 45(2), 121–136. (4) La actual administración del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) utiliza el concepto de “universalismo progresivo” para referirse a un modelo que busca garantizar derechos y servicios para toda la población, otorgando apoyos adicionales (más recursos o subsidios) a los sectores más vulnerables hasta lograr equiparar sus oportunidades. 5
