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Los desafíos del mercado laboral

El dilema implícito entre la recuperación del empleo y del salario real será algo que la política económica deberá arbitrar

La dinámica de la recuperación del empleo está siendo más lenta y rezagada que la actividad

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06 de mayo de 2021 a las 05:03

La pandemia del COVID-19 sólo acentuó una compleja situación que atravesaba el mercado laboral uruguayo en el último quinquenio. En consonancia con una economía en desaceleración y en la que la inversión privada se retraía, entre 2015 y 2019 se habían perdido 53 mil empleos.

En 2020, el shock de la pandemia supuso una caída del empleo de 3,5%, la mayor desde la crisis de 2002. En el promedio del año la destrucción de puestos de trabajo alcanzó los 58 mil empleos y el número de ocupados retrocedió a niveles de 2009. Asimismo, el desempleo promedió el 10,4% de la población económicamente activa (aprox. 180 mil personas), esto es, 3,8 puntos porcentuales mayor respecto a seis años atrás.

No obstante, dicho indicador estuvo atenuado por la menor participación laboral, es decir, el abandono de la búsqueda activa de trabajo. En este sentido, de considerar una mirada más amplia de desempleo que incluya a trabajadores desalentados y subempleados, aprox. 355 mil personas presentaban problemas de empleo en 2020. Son cifras que deberían preocupar y ocupar al sistema político, sindicatos y empresarios.

Por su parte, la dinámica de la recuperación del empleo está siendo más lenta y rezagada que la actividad. En los últimos meses se observó un relativo enlentecimiento en dicho proceso de mejora, lo cual podría profundizarse debido a la agudización de la pandemia y las nuevas medidas de reducción de la movilidad. 

En este sentido, la extensión en el tiempo y ampliación de la cobertura de los seguros por desempleo serán imprescindibles para amortiguar otro posible shock de oferta en sectores afectados (en particular, Comercio y Servicios). De hecho, gran parte de los más de 250 mil beneficiarios del subsidio en 2020 mantuvieron su vínculo laboral y pudieron parcial o totalmente incorporarse al trabajo, lo que reafirma el buen funcionamiento de la herramienta. 

No obstante, la realidad es más compleja para el universo de más de 400 mil trabajadores informales y cuentapropistas dada la ausencia de protección social. Además, buena parte de los sectores golpeados presentan un alto porcentaje de trabajadores en dicha condición. Al respecto el desafío es doble. Por un lado, profundizar los apoyos monetarios transitorios para mitigar la pérdida de ingresos.

Por otro lado, avanzar en los procesos de capacitación y reconversión, en especial porque dicho grupo presenta una distribución poblacional más sesgada hacia los jóvenes y los adultos en edades cercanas al retiro. Además de dichos desafíos, el 2021 estará marcado por la 9ª Ronda de Negociación Colectiva tras el período puente alcanzado el año anterior. A nivel agregado, el dilema implícito entre la recuperación del empleo (variable objetivo) y del salario real (compromiso asumido por el gobierno) será algo que la política económica deberá arbitrar. De hecho, priorizar lo segundo podría limitar el alcance de lo primero.  

De allí que subyace la importancia de internalizar las diferentes heterogeneidades sectoriales e intra-sectoriales. Algunas de las herramientas a considerar podrían vincularse con el establecimiento de acuerdos diferenciales por extensión o pautas salariales. A modo de ejemplo, una posibilidad es que aquellos sectores rezagados otorguen incrementos nominales más cortos, condicionados a la evolución del empleo y evitando los mecanismos de indexación del salario. Por su parte, para empresas en dificultades podrían protocolizarse cláusulas y procedimientos de descuelgues más flexibles. De nuevo, será responsabilidad de todos los actores actuar con el equilibrio y el criterio socialmente más óptimo. 

En efecto, la disyuntiva entre empleo y salario real, tiene implícito el desafío de un mayor crecimiento económico. Alcanzar los niveles de empleo y salario pre-pandemia en un escenario de recuperación parcial y asimétrica parece complejo. Por ello, la promoción de la inversión privada será un factor fundamental. Al respecto, los cambios recientes en la Ley de Promoción de Inversiones que privilegian los indicadores de empleo e innovación a la hora de aplicar para beneficios tributarios, así como las flexibilizaciones en materia de residencia fiscal son algunas iniciativas bien orientadas en dicha dirección, aunque no deberían ser las únicas. 

Asimismo, aunque con un enfoque de mediano plazo, la mejora en la formación de capital humano constituye otro de los pilares fundamentales. Es aquí cuando no debería sustituirse lo urgente por lo importante. La reforma educativa es aún más impostergable en un contexto donde la pandemia aceleró los procesos de automatización. Por ende, en un mundo en el que hay ocupaciones nuevas, otras que se reconvierten y otras que dejan de existir es importante entender al sistema educativo como una manera de institucionalizar los procesos de reconversión laboral y enseñanza de nuevas capacidades. Nuevamente, subyace la importancia de las buenas políticas que tengan como centro la defensa del trabajador y no del puesto de trabajo. 

No lograr avances en estos sentidos, sería comprometer el futuro de las nuevas generaciones y limitar los progresos que se han logrado en materia de movilidad social ascendente, reducción de la pobreza y de la desigualdad. Cumplir con las demandas sociales de bienestar implica lograr avances en un mercado de trabajo más flexible y orientado a las tendencias globales. En definitiva, se necesita estar a la altura de los desafíos tras un sexenio preocupante. 

Actualización del trabajo ganador del Premio Academia Nacional de Economía 2020: “Crisis del COVID-19 y mercado laboral: una mirada entre lo cíclico y lo estructural. Análisis del caso uruguayo” (Natalia Di Candia e Ignacio Umpiérrez, Académicos Supernumerarios).
 

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