11 de abril de 2011 19:01 hs

La zona de las ruinas, en el estado mexicano de Yucatán (sureste), tiene 15 kilómetros cuadrados, y es propiedad de seis particulares y tres comunidades indígenas.

El director del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, afirmó esta semana que "la expropiación puede ser una posibilidad", pero que se barajan otras opciones, como el intercambio de terrenos.

"Se ha hablado de la venta, pero no es una de las avenidas con mayor futuro ni para la zona arqueológica, ni para mí, ni para el Gobierno federal", dijo en entrevista con Efe el propietario de la mayoría de las tierras, Hans Thies Barbachano.

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Thies Barbachano negó que pida 750 millones de pesos (68 millones de dólares, 50 millones de euros) por el terreno, como se publicó en la prensa.

El heredero calificó su relación con el Gobierno mexicano de "productiva", y consideró la expropiación "un camino innecesario".

Su familia, añadió, lleva protegiendo el patrimonio "durante cuatro generaciones" y "lo ha demostrado".

"No veo sentido a expropiar porque no es una causa de interés público", argumentó.Su premisa es que las ruinas pertenecen al Gobierno federal y el INAH ya tiene la potestad sobre su conservación y custodia, así como del cobro del acceso.

El jurista recordó también que éste ofreció hace unos seis años donar sus terrenos al Gobierno mexicano, pero no se aceptó.

Anualmente visitan Chichén Itzá 1,2 millones de turistas, según el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero la categoría de maravilla mundial podría duplicar esa cifra en cinco años.

Aunque el INAH está legitimado para cobrar por ley, la cantidad que obtienen las autoridades yucatecas "son frutos civiles que corresponden al propietario", dijo Abdalá, quien reclama 470 millones de pesos (43 millones de dólares, 31 millones de euros).

"El gobierno local está retrasando el proceso, pero espero una sentencia este año", dijo el abogado.

"Cuando se nos ha denunciado, hemos ganado ese juicio", informó, para añadir que el patronato yucateco de cultura "da un servicio y cobra por él".

El destinatario de ese dinero está en el testamento de Fernando Barbachano y es todavía secreto, reveló el abogado.

(EFE)

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