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Mineros ilegales bloquean rutas y amedrentan a los pobladores en el noroeste colombiano
Mineros ilegales bloquean en el noreste de Colombia los caminos y amedrentan a la población local desde hace cinco días en rechazo de las medidas oficiales que intentan impedir la extracción de oro con la que se financian los grupos armados que operan en el territorio, entre ellos los dedicados al tráfico de drogas.
Las protestas comenzaron el jueves en la región antioqueña del Bajo Cauca, epicentro de la minería ilegal dedicada a la explotación de oro. Con camiones, árboles tumbados y barricadas, los mineros se manifiestan contra la campaña oficial que destruye con explosivos las dragas utilizadas para extraer el metal.
Los mineros, que trabajan en condiciones similares a las de sus pares de Brasil en la Amazonía, "llaman a la gente y la extorsionan para que cierren el comercio, impiden la libre locomoción por las vías y bloquean la utilización de todas las infraestructuras públicas y privadas", declaró a W Radio el gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria.
Según el mandatario local, al menos a 250.000 personas se ven afectadas en el noroeste del país por el accionar violento de los mineros ilegales que impiden a los profesores dar clases, lo que obligó al cierre de escuelas y colegios, situación de violencia que incluso derivó en el intento de incendiar la alcaldía del municipio de Caucasia.
Según Gaviria, los manifestantes son utilizados "como fachada" por el Clan del Golfo, el grupo del narcotráfico más grande de Colombia y supuesto receptor de las rentas de la minería ilegal. “Las poblaciones están confinadas por el constreñimiento del Clan del Golfo, y esto claramente no es un paro minero", agregó el gobernador.
Por su parte, en una entrevista con Radio Nacional, Saúl Bedoya, vocero de los mineros, rechazó los "actos vandálicos" y pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que garantice el "derecho al trabajo" en un contexto en el que desde 2012, en un plan orientado a detener una actividad que causa deforestación y contamina los ríos, fueron destruidas más de 1.200 dragas y 800 máquinas excavadoras.
El conflicto, que lleva años, escaló la semana pasada cuando el Ejército intervino más de 30 minas, supuestamente pertenecientes al Clan en Antioquia, uno de los grupos dedicados al narcotráfico. En esa oportunidad, Iván Velásquez, ministro de Defensa, compartió en Twitter las imágenes de los gigantescos aparatos de metal en llamas.
La intensificación de los operativos militares en la región está en línea con la advertencia realizada por Petro a poco de su llegada al poder, cuando afirmó que cada draga incautada a la minería ilegal sería destruida. Decisión, no obstante, que se superpone con la intención del Gobierno nacional de sentarse a negociar con el Clan del Golfo y otros grupos armados para conseguir su desmantelamiento a cambio de otorgarles beneficios legales.
Las autoridades y los observadores locales, la extracción irregular de oro es casi tan rentable como el narcotráfico y una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones que mantienen vivo el conflicto armado en Colombia, luego el desarme de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
