Ministerio refuerza seguridad en el interior de la mano de la Guardia Republicana

Centrar la respuesta policial allí donde se concentra la actividad criminal. Esa ha sido desde siempre la estrategia del Ministerio del Interior al frente de Eduardo Bonomi, y no en vano el Programa de Alta Dedicación Operativa –que implicó reforzar el patrullaje con 1.000 efectivos– comenzó aplicarse en el área metropolitana (Montevideo, San José y Canelones), la región del país en la que en 2017 se produjeron el 96% de los delitos.

Sin embargo, en el último tiempo la cartera debió reforzar la seguridad en el Interior para impedir el desplazamiento de los delitos, al tiempo que responder a reclamos de los ciudadanos.

Por eso, en enero de este año se extendió el PADO a los departamentos de Rocha, Paysandú, Salto, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Maldonado y Colonia. Este programa es la punta de lanza del Ministerio del Interior para bajar las rapiñas y prevenir homicidios. De hecho, cuando a principios de 2017 se anunció la reducción de rapiñas del entorno de 3,7% entre 2015 y 2016, la cartera comunicó a través de su sitio web que hubo "un antes y un después" al PADO.

Para lograrlo, el Ministerio recurrió a la Guardia Republicana, efectivos especialmente entrenados que pueden actuar más allá de las restricciones territoriales de las jefaturas departamentales y que la cartera suele utilizar para reforzar el patrullaje en tiempos de necesidad.

Sin embargo, aunque en 2017 se registró una disminución la cantidad de denuncias de rapiñas en 4,3% Montevideo, y 4,7% en Canelones –los dos departamentos con mayor ocurrencia de este delito–, en el resto del país hubo un aumento de 0,7%.

En julio de 2017, el subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, informó que se reforzaría la seguridad en la frontera con Brasil, colocando cámaras de videovigilancia en ciudades fronterizas y desplazando efectivos de la Guardia Republicana, Crimen Organizado y Narcóticos. El objetivo era combatir el abigeato y el narcotráfico en estos departamentos, según había informado el portal de Presidencia.

También se informó que se aplicaría con más frecuencia el llamado Programa Gavilán, un operativo para incrementar los controles en la frontera que se llevó adelante por primera vez durante el mundial de fútbol de 2014, y en 2016 por los Juegos Olímpicos. Como parte de ese plan, la Policía de Tránsito montó puestos de control fijos en la frontera y también "controles sorpresivos" en caminos secundarios y rutas en los departamentos que tienen frontera con Brasil (Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha).

En abril de 2018 el Ministerio del Interior resolvió enviar un contingente de la Guardia Republicana para reforzar el patrullaje en la frontera Chuy-Chuí debido a la escalada de violencia producida por dos bandas de narcotraficantes enfrentadas por el control de la puerta de entrada de la marihuana al mercado uruguayo. Por esta disputa más de 20 personas fueron asesinadas a ambos lados de la frontera en casos que la Policía investiga como ajuste de cuenta.

Según dijeron fuentes policiales, la presencia de la Guardia Republicana en el lugar, así como la de Policía Militar de Brasil –que paso de contar con siete efectivos a 14- permitió controlar la situación.

El lunes 21 de mayo el presidente Tabaré Vázquez dijo desde el balneario San Luis, a donde asistía en respuesta de vecinos que reclamaban mayor seguridad, que en el segundo semestre de 2018 ingresarían más de 500 policías para trabajar en el norte del país. El lugar exacto en el que serían ubicados no fue especificado por el mandatario, aunque aclaró que estarían en los "centros de referencia más conflictivos".

El mandatario también prometió que se fortalecería el patrullaje a través de funcionarios del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) y de la Guardia Republicana.

Los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas y Rivera cuentan con efectivos del PADO desde enero de este año.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi comunicó a las diputadas de Salto del Frente Amplio Manuela Mutti y Catalina Correa del Frente Amplio y a la colorada Cecilia Eguiluz que en un plazo de seis meses el departamento recibiría 100 efectivos más, quienes se sumaran a los 25 policías de la Guarida Republicana que ya fueron desplegados en el departamento para cubrir la demanda de seguridad de los salteños.

Asimismo, según informó El País, a las 34 cámaras de seguridad que ya se encuentran operativas en la ciudad de Salto se agregarán otras 51 más.

Esta decisión se produce luego de que vecinos de Salto cortaran la Ruta 3 durante más de tres horas en reclamo de seguridad, luego de que se produjera una ola de rapiñas y homicidios en locales comerciales. El último caso fue un kiosquero de 46 años que fue asesinado en el marco de una rapiña.