Modernizar la concepción del país

El sector productivo privado lanzó en Durazno un desafío que el gobierno está obligado a atender. Todo empezó como intercambios entre unas pocas personas del ámbito rural.

Pero en dos semanas se convirtió en un incontenible movimiento nacional de rebeldía y protesta contra el manejo oficial de la economía, que se extendió desde todo el agro a los sectores de la industria, el comercio y los servicios. Los miles de personas que llegaron al predio de la concentración fueron en su gran mayoría gente del campo, desde estancieros a pequeños productores, trabajadores rurales y prestadores de servicios conexos, venidos desde todos los rincones del país. Pero la multitud incluyó también a representantes de los demás sectores de actividad.

Los unió una serie de reclamos por la pérdida de rentabilidad, causada por el peso de un Estado que exprime a todos los uruguayos con impuestos directos e indirectos y crecientes regulaciones para ayudar a solventar los desequilibrios fiscales que agobian al gobierno.

La proclama final, menos dura de lo que se anticipaba, igualmente condenó como problema mayor las ineficiencias del "centralismo" gubernamental. Se exigió la baja del gasto público, cuyas asignaciones desviadas están en la base de la "insaciable" voracidad recaudadora que castiga a la estructura productiva y a la población. Se propuso una extensa lista de medidas correctivas, pero con eje central en la baja de las desmesuradas tarifas de electricidad y combustibles, que castigan tanto al agro como a los demás sectores productivos y a la totalidad de los hogares.

No todos los reclamos son viables. Pero el movimiento de hartazgo tiene un fundamento atendible que le impone al gobierno la necesidad de buscar alivios a sectores especialmente golpeados por los tributos, el atraso cambiario y la caída de mercados externos.

La administración Vázquez reaccionó tardíamente a una situación crítica, potencialmente explosiva, y trató luego de minimizar las protestas. Estos errores alentaron la vertiginosa propagación de la magnitud del movimiento. Si quiere evitar males mayores, el gobierno no puede eludir ahora la búsqueda rápida de una salida que lo aplaque.

Es una necesidad compleja, ya que la costosa pesadez de la estructura estatal no puede reducirse de la noche a la mañana, lo que dificulta la provisión de recursos fiscales para atender los reclamos. Una primera medida inmediata puede ser una reducción del costo de las fuentes de energía, aprovechando la incrementada recaudación de la DGI el año pasado y los ingresos adicionales de una temporada turística mejor de lo esperado.

Pero en el fondo del problema y a más largo plazo está la necesidad de modificar la concepción de país, haciéndolo más justo e igualitario para todos, en la ciudad y en el campo. Esta meta exige reducir el peso del Estado, corregir ineficiencias en empresas públicas y promover equilibradamente todos los sectores de la actividad privada, de acuerdo a las realidades de cada uno, para que generen bienestar y empleo.

No es un camino fácil para una estructura dirigente en gran parte enamorada del estatismo y de las fantasías socialistas, por perjudiciales que hayan demostrado resultar. Pero el costo de no recorrerlo es alentar una resistencia civil al margen de los colores partidarios, como la que está en activo desarrollo, y condenar al país a derivar en la mediocridad.