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MSP aprovecha Rendición de Cuentas para ajustar controles sobre las mutualistas
El Ministerio de la Salud Pública (MSP) planteó en la Rendición de Cuentas la creación de una Agencia de Información y Gestión del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), que tendrá específicamente a su cargo el "contralor asistencial y económico financiero" de todos los prestadores. Sus objetivos quedan específicados claramente: garantizar la sustentabilidad del sistema, asegurando la cobertura en calidad y la observancia de los derechos de los usuarios. Lo hará través de la recolección, evaluación y análisis de todos los aspectos asistenciales y ecónomicos de cada una de las instituciones del sistema. Así, tendrá un rol asesor de las autoridades sanitarias para la toma de decisiones.
En particular, un seguimiento económico de los integrantes del sistema y de los mecanismos de regulación de su financiamiento.
Fuentes dirigenciales del ministerio fundamentaron a El Observador la creación de este organismo en base a la necesidad de mayores controles y de que la cartera conozca al detalle la evolución de la situación de estas instituciones. "Tiene que haber una mayor prevención" señalaron, al aludir al detonante de esta decisión: la caída de Casa de Galicia. Se trató de uno de los mayores desafíos que tuvo que enfrentar el sistema. Un SNIS que, según dijo hace pocas semanas ante el Parlamento el subsecretario José Luis Satdjian, es lo más parecido a un sistema bancario. "Cuando cae uno, puede haber una corrida de usuarios o nerviosismo con el resto de los prestadores".
Así, el convencimiento en el ministerio radica en mayores medidas de "prevención" para que una circunstancia similar se repita en un futuro.
Esta nueva agencia hará el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los requisitos, planes y metas asistenciales previstas por la ley y controlar la calidad de los servicios de los prestadores. Entre los aspectos a vigilar , se listan el caudal de usuarios y su relación con los recursos humanos de cada institución, la planta física, el equipamiento y la tecnología. El objetivo allí también es determinar el desempeño de los prestadores en forma integral, a través de un análisis de los costos y el financiamiento de la cobertura, para así determinar un "uso racional" de los recursos humanos y financieros de manera acorde a las necesidades sanitarias de la población.
Será una persona de derecho público no estatal y su vinculación con el Poder Ejecutivo será directamente a través del MSP. Contará con un gerente general, que a su vez designará a un gerente de información y otro gerente económico asistencial. En todos los casos, deberán tener dedicación exclusiva. La nueva institución estará exonerada de toda clase de tributos, salvo los aportes a la seguridad social. Sus futuros bienes serán inembargables.
Una de las apuestas de planteo es, con la coordinación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad del Conocimiento (Agesic), definir un estándard en terminología, interoperabilidad y acceso a la información de todos los prestadores. También, por esa vía, facilitar el acceso de todos los usuarios a su Historia Clínica Electrónica Nacional y la información correspondiente a los servicios asistenciales de la institución a la que están afiliados.
Este acuerdo le permitiría a la agencia controlar al instante, justamente, la evolución de los indicadores de salud. Para la puesta en marcha de esta nueva entidad Salud Pública pide al Parlamento $ 40 millones para 2023 y otros $ 56 millones para 2024.
Más exigencias y veedores
La Rendición de Cuentas incorpora además nuevas exigencias a los prestadores. Por ejemplo en cuanto a las cesiones de créditos por concepto de cuotas salud. el planteo es que deberán ser siempre notificadas a la Junasa, que tendrá 15 días hábiles para analizar el pedido. Las cesiones de derecho de cobro no podrán ocurrir cuando se comprometa la sustentabilidad económica de la institución. La intervención del MSP o de la Junasa no garantizará la existencia y disponibilidad de los créditos cedidos por el prestador.
Por otra parte, el nuevo texto presupuestal incorpora nuevas obligaciones a las entidades integrantes del sistema salud. Deberán requerir autorización expresa del ministerio para crear, clausurar o suspender servicios no asistenciales. También deberán ser habilitados por las autoridades si pretenden participar, de cualquier forma, en sociedades comerciales o no comerciales de cualquier naturaleza jurídica.
El Ministerio de Salud Pública, a partir de la aprobación de este proyecto, tendrá una nueva potestad. Cuando la cartera detecte situaciones que puedan comprometer la continuidad de cualquier prestador, tanto a nivel asistencial como económico financiero, podrá designar uno o más veedores y así recabar información permanente de todos los aspectos vinculados a la operativa de la entidad, incluyendo la posibilidad de asistencia a las sesiones de la dirección de la institución.
Si el texto se aprueba sin modificaciones a partir del próximo 1 de enero ninguna mutualista podrá acordar con otra o disponer por sí misma condiciones particulares que impliquen una diferenciación entre sus afiliados y que lesionen así el principio de igualdad de acceso al sistema.
