El narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia fue extraditado con éxito a Estados Unidos este jueves. El Ministerio del Interior montó un operativo de seguridad de grandes dimensiones en la madrugada para trasladar al delincuente desde el Penal de Libertad hasta el aeropuerto de Carrasco, y llegó a Washington sobre la tarde, según informó en un comunicado la embajada norteamericana, que celebró el "éxito" de la "cooperación" y coordinación logística entra ambos países.
González Valencia, hermano de Abigael González Valencia –alias El Cuini– líder del cartel de Jalisco, había sido detenido en Uruguay en abril de 2016 en el barrio de Carrasco, en el momento en que recogía a sus hijos del colegio. Entonces fue procesado por la Justicia uruguaya por lavado de activos, y estuvo preso por esta causa durante dos años y medio. Pasado ese tiempo, el delincuente mexicano continuó en la cárcel pero no por ese delito sino como medida cautelar mientras la Justicia local definía si concedía la extradición solicitada por Estados Unidos, en donde una corte federal lo requiere para juzgarlo por distribuir cocaína y meta-anfetaminas en ese país. Luego de poco más de dos años, la Suprema Corte de Justicia decidió en febrero de este año conceder la extradición al país norteamericano.
Si bien cuando eso ocurre regularmente el delincuente cumple la pena impuesta en Uruguay y luego es entregado para ser juzgado en el país que lo requiere, en este caso no sucedió así. La causa local de lavado de dinero de González Valencia todavía está abierta. El imputado fue acusado y ahora aguardaba por la sentencia, que lo declarara culpable o inocente de ese delito, y definir además el destino de los bienes millonarios confiscados cuando fue detenido.
La justicia tiene que determinar si estos deben ser devueltos al hombre y su pareja –también procesada por lavado–, o traspasados a la Junta Nacional de Droga –como dicta la ley que debe ocurrir con los bienes incautados por causas vinculadas al narcotráfico.
En la acusación de Pacheco, a la que accedió El Observador, figura que González Valencia y su esposa "adquirieron un valioso inmueble en Punta del Este, el chalet “Quincho Grande”, ubicado en la zona del Club de Golf, que fue adquirido en 2012 en la suma de US$ 2.000.000". Además, compraron un terreno enfrente, tres solares en el balneario de Punta Ballena, varios autos de lujo, entre los que se encuentran un Audi Q7, un Audi A4 y una camioneta Land Rover. Todos estos muebles en realidad fueron comprados a través de sociedades anónimas, "algunas de origen panameño adquiridas al Estudio de aquel país Mossak&Fonseca, tales como Dalaithy S.A., Montella Global S.A. y Tossa de Mar S.A", dice el dictamen fiscal.
También hay un terreno de la pareja, que en realidad fue comprado a nombre de otras dos personas que trabajaban haciendo tareas domésticas.
Esos bienes, de acuerdo a la fundamentación de Pacheco, fueron adquiridos gracias a sus ingresos por el narcotráfico en Estados Unidos. "Ingresos mensuales no tengo, no tengo trabajo y tengo mil deudas", había declarado entonces el narcotraficante.
Investigación de plan de fuga
El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en conferencia de prensa este jueves que entendía que toda extradición es "en el marco del derecho internacional (...) la máxima expresión de solidaridad en la lucha contra el crimen organizado y en este caso, la lucha contra el narcotráfico". "Es el símbolo claro de que el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo va para adelante en causas de esta significación", aseguró Larrañaga.
González Valencia estaba recluido en el Penal de Libertad, a donde había sido trasladado el 8 de abril, en otro gran operativo de seguridad y sorpresa –no lo supo ni el propio delincuente–, desde la nueva cárcel de Punta de Rieles.
Según supo El Observador, lo que había motivado el traslado fue que un recluso informara que se estaba planeando ejecutar un sofisticado operativo de rescate de González Valencia, que supuestamente sería llevado a cabo por integrantes del Primer Comando Capital, e incluiría ataques al ministro Larrañaga y a jerarquías de la policía. La información había sido obtenida por personal de Inteligencia del Ministerio del Interior.
La amenaza era grave no solo por todo lo que anunciaba, sino por los antecedentes. En junio de 2016, González Valencia había amenazado con colgar "del puente más alto" al entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, porque sostenía que era torturado en la cárcel.
Sobre ese punto, Larrañaga dijo a los periodistas en la Torre Ejecutiva que hay actualmente "una investigación policial en función de algunos informantes de la cárcel de Punta de Rieles pero no hay nada debidamente comprobado".
