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Nicaragua: la crisis de un régimen patrimonial

Se ha desbaratado la administración electoral y se ha descompuesto y viciado toda la vida partidaria

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02 de agosto de 2018 a las 05:00

Por Salvador Martí i Puig *

Hace dos años nadie sospechaba que Daniel Ortega pudiera perder una contienda electoral ni que su gobierno pudiera sufrir una crisis como la que se ha desencadenado desde mediados de abril de 2018. De todas formas los resultados de las elecciones de noviembre de 2016, dónde el FSLN y Daniel Ortega ganaron con la abrumadora cifra del 72%, no tenían ningún tipo de significación, pues se trataba de unas elecciones propias de un "régimen electoral autoritario", parafraseando el concepto acuñado por Adreas Schedler.

Cuándo se celebraron dichos comicios ya se había conseguido eliminar en Nicaragua la incertudumbre electoral a raíz de un proceso de ingeniería institucional iniciado hace más de una década. Los cambios (formales e informales) que había ido sufriendo el sistema electoral nicaragüense desde el año 2007 neutralizaron la naturaleza competitiva y representativa del régimen. Sin duda parte de la dramática crisis que hoy vive el país es culpa de este proceso de des-democratización, ya que al no permitir una oposición organizada y con voz en las instituciones, cualquier protesta surgida en estos años no se ha podido canalizar dentro del sistema hasta que el descontento acumulado ha estallado ferozmente en la calle, poniendo al mismo régimen en cuestión.

Las protestas de abril son fruto de la acumulación de agravios de diverso tipo: sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, políticos. Se puede afirmar que, sobre todo, se protesta contra un estilo de liderazgo que recrea la tradición política del caudillismo patrimonialista, que en Nicaragua tiene su esplendor en el régimen somocista. En este sentido, Daniel Ortega recuperó en 2007 elementos de continuidad con el somocismo al concentrar una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos de su entorno familiar y de sus allegados, y desde hace tres meses también ha emulado del citado régimen su respuesta a cualquier tipo de disidencia con una represión desproporcionada. El caso es que, a tres meses del estallido de las protestas, la respuesta violenta del gobierno ha segado más de 300 vidas.

Esta crisis también ha hecho estallar por los aires la alianza que Ortega construyó con la gran empresa y con un sector de la iglesia católica. Es cierto que la entente del régimen con la élite económica ya estaba languideciendo, pues la crisis de Venezuela había supuesto una pérdida importante de riqueza disponible para el gobierno y con ello era cada vez más difícil seguir ofreciendo recursos con los que cooptar y fidelizarla.

No es baladí señalar que, durante la última década, la economía nicaragüense creció de forma significativa en términos de producción agropecuaria, y una parte de dicha producción se colocó a precios preferenciales en el mercado venezolano. Entre los grandes beneficiados de esta expansión estaban los grupos empresariales vinculados a la élite económica tradicional (dónde puede ubicarse la patronal del COSEP) gracias a su relación privilegiada –y amistosa- con el gobierno. Con el cambio de coyuntura internacional primero, y con la crisis política doméstica después, estos grupos están percibiendo que su proximidad con Ortega ya no sólo no es tan rentable, si no que puede ser un lastre.

Pero más allá de la protesta contra el régimen, la oposición no tiene un discurso ni un proyecto definido. Se trata de una amplia coalición que se sostiene por su oposición al régimen y con muy poca cohesión. De los discursos, llamados y manifiestos que hasta ahora han salido a la luz se constata que hay una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas y políticas entre quienes han salido a la calle a protestar; ya que en las movilizaciones se juntaron sandinistas que hasta hace muy poco se calificaban danielistas, anti-danielistas adscritos al movimiento de renovación y/o de rescate sandinista, y antisandinistas para quienes la iglesia católica tradicional es su único referente moral y político.

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que esta crisis no va a revitalizar los viejos partidos tradicionales, ni a crear necesariamente nuevas formaciones políticas. Una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral, ya sea en unas elecciones anticipadas (que es una de las demandas de la oposición a Ortega) o en los comicios previstos institucionalmente en cuatro años. La regeneración de la vida política nicaragüense no pasa sólo por organizar unas nuevas elecciones y por votar. Para que se reactive la vida partidaria y las formaciones compitan electoralmente en comicios democráticos es preciso un largo camino. El proceso de des-democratización llevado a cabo a lo largo de la última década no sólo ha desbaratado la administración electoral, sino que ha descompuesto y viciado toda la vida partidaria. No será fácil ni rápido recuperar la confianza en la institucionalidad electoral ni en las formaciones políticas. Sin embargo, la crisis que está experimentando hoy Nicaragua sí puede suponer – cuándo haya nuevas elecciones libres- un proceso de realineamiento electoral o incluso la aparición de un nuevo clivaje, o la resignificación de los ya existentes.

Pero es prematuro hablar de elecciones, de salidas negociadas y de pacificación. Nadie sabe cuándo ni cómo va a remitir esta crisis y es preciso ser consciente que la razón por la que Ortega se mantiene en el poder es su control sobre los cuerpos armados (ejército, policía y fuerzas de choque), la disposición de recursos económicos con los que sostener la administración del Estado, el potencial de amenaza que aún dispone para cooptar a los actores sociales y económicos que dudan (y calculan) si es mejor mantener lealtad al régimen o distanciarse de él, y la no intromisión de la comunidad internacional en la crisis política y humanitaria que padece el país. Si en un inicio parecía que el desenlace podía ser rápido (a través de un diálogo de las partes), hoy todo indica que hay un empantanamiento que puede alargar y cronificar la crisis. Ahora parece que el tiempo juega a favor de Ortega debido a la pluralidad de voces e intereses que reina entre los que protestan y por lo costoso que supone sostener un pulso al poder sin organización, liderazgo ni recursos. De todas formas la historia nos muestra repetidamente que a veces los desenlaces de largas y aparatosas crisis se resuelven en cuestión de horas.

* Salvador Martí i Puig, profesor de Ciencia Política de la Universitat de Girona e investigador asociado del CIDOB. salvador.marti@udg.edu

Este texto forma parte del libro: "Elecciones y partidos en América Latina en el cambio de ciclo". Editado por Manuel Alcántara, Daniel Buquet y María L. Tagina (2018).

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