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No a la reforma: "Ninguno de los candidatos apoyan ni promueven este proyecto"

Detractores de la iniciativa de Larrañaga expusieron este martes sus argumentos contra la propuesta 

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23 de julio de 2019 a las 19:35

El movimiento Articulación Nacional No a la Reforma presentó este martes en una cadena nacional de radio y televisión sus argumentos en contra de la reforma constitucional sobre seguridad planteada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. El colectivo advirtió durante la emisión que ninguno de los candidatos a presidente de los distintos partidos "promueve ni apoya" esta propuesta, que según argumentaron genera "más violencia", "más miedo" y "no resuelve nada del fondo de la problemática". 

Entre los voceros de la cadena estuvieron los periodistas Gonzalo Delgado, Eleonora Navatta, el abogado Juan Ceretta, la activista por los derechos humanos, Andrea Tuana, y el dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Diego Pereira. 

Ceretta aseguró en la cadena que la formación de los militares "no capacita para trabajar en seguridad pública", en relación al punto más polémico de la reforma constitucional que promueve Larrañaga y que prevé la creación de una Guardia Nacional dotada de 2 mil militares. El abogado, responsable del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, agregó que la función de las Fuerzas Armadas es la "tutela de la soberanía nacional en una hipótesis de enfrentamiento armado". 

El movimiento utilizó en la cadena los ejemplos de países como Brasil y México, donde los militares adquirieron un rol central en la seguridad pública. De esta manera, en el mensaje aseguraron que en Brasil la intervención de militares en Río de Janeiro provocó un aumento de 61% de los tiroteos y de 35% en los asesinatos. En México, en tanto, afirmaron que desde 2006 la inseguridad se "descontroló" con un aumento de 250% de los homicidios. 

Ceretta, además, calificó a la creación de la Guardia Nacional como una medida que lo único que hace es como "apagar un incendio con nafta". 

Respecto a la regulación de los allanamientos nocturnos, el colectivo destacó que se trata de un derecho consagrado en la Constitución de 1830 que apunta a la "inviolabilidad del hogar". La reforma planteada por Larrañaga, que se plebiscitará de forma nacional en las elecciones de octubre, prevé la regulación de los allanamientos nocturnos siempre que haya una orden judicial y sospechas fundadas de que allí se están cometiendo delitos. 

Sin embargo, en la cadena nacional el movimiento cuestionó que esta medida sea efectiva, ya que al otro día una boca de droga "reabre en otro lugar".

Tuana, en tanto, señaló en el mensaje que este tipo de operativos suponen una situación de "extrema violencia para todas las personas", en especial para los menores de edad. Tuana es integrante de la sociedad civil El Paso, destinada a proteger los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. 

En contraposición al endurecimiento de las penas, los voceros de No a la Reforma apuntaron a que es necesario modificar las políticas carcelarias para asegurar la rehabilitación de los presos, así como su reinserción en la sociedad. La reforma de Larrañaga, que recogió la adhesión de más de 405 mil personas en la etapa de recolección de firmas, prevé la creación de la cadena perpetua revisable para delitos graves y el cumplimiento efectivo de las penas. 

La cadena de radio y televisión llegó una semana después de que el promotor de la iniciativa tuviera una emisión para convocar a la ciudadanía a votar en octubre.

Pereira, uno de los voceros del colectivo, aseguró recientemente a El Observador que no se está "desconociendo la voluntad de las firmas" sino que se está apostando a generar un "debate profundo" sobre el problema de la inseguridad.  

El dirigente de la FEUU argumentó que el colectivo no desconoce la situación de inseguridad, que es un "problema real a atacar". Por el contrario, consideró que no se podrá "resolver" con el aumento de la "capacidad represiva del Estado" ni "teniendo a la gente en prisión la mayor cantidad de tiempo posible". "Tenemos índices de reincidencia altísimos", señaló Pereira, y explicó que entienden que esto ocurre porque Uruguay "no tiene políticas de egreso claras ni efectivas", y que esto dificulta las posibilidades de "reinserción de las personas en la sociedad" que, a su vez, se traduce en la "reducción del delito". 

"Después de que una persona sale en libertad no hay acompañamiento, no hay seguimiento, no hay fomento concreto dentro de las instituciones de privación de libertad a que las personas puedan estudiar, trabajar y desarrollarse", expresó antes de la cadena, y dijo que esas son la clase de políticas que deben atenderse y pueden hacer la diferencia.

 

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