Operación Resonancia: la nueva ramificación del Lava Jato por la que se detuvo al CEO de General Electric en América Latina

El presidente de General Electric en América Latina y expresidente de Philips Healthcare en Brasil, Daurio Speranzini Junior, fue detenido este miércoles en Brasil en el marco de la operación Lava Jato por un supuesto esquema de fraudes en licitaciones del área de salud de Río de Janeiro.

Un juez federal de Río de Janeiro ordenó la detención temporaria de Speranzini junto a la de otras ocho personas, entre ellas el ejecutivo de Philips Frederik Knudsen, además de la prisión preventiva de otros trece, informó la Fiscalía General de Río en un comunicado.

Además, se ordenaron búsquedas y aprehensiones en 44 direcciones. La Policía tiene entre sus objetivos a dos ejecutivos de Dixtal Biomédica, empresa que fue adquirida por Philips en Brasil.

Otra gran multinacional salpicada en el caso es la estadounidense Johnson & Johnson. La Fiscalía pidió realizar registros en sus oficinas, pero estos fueron negados por la Justicia, según publicó este miércoles el diario Folha de Sao Paulo.

En paralelo, la Justicia decretó el bloqueo de bienes a los investigados por valor de 1.200 millones de reales (unos US$ 300 millones).

La "Operación Resonancia", una ramificación de Lava Jato, se desveló después de que las autoridades identificaran "un cartel de proveedores" que desarrolló una trama fraudulenta entre la secretaría de Salud del gobierno de Río y el Instituto Nacional de Traumatología (Into) de ese estado entre 1996 y 2017.

La empresa brasileña de equipamientos médicos Oscar Iskin, propiedad de Miguel Iskin, ejercía de "líder" de ese cartel formado por más de una treintena de empresas, que se organizaban en el llamado "club del subastas internacionales", precisó la Fiscalía.

De acuerdo con las pesquisas, las empresas que estuvieran interesadas en participar en las licitaciones debían pasar a integrar el cártel coordinado por esa gran empresa del rubro para ampliar las posibilidades de éxito.

"En el núcleo económico actuaban los principales ejecutivos de fabricantes multinacionales de equipamientos médicos, que organizaban las victorias en las licitaciones mediante el pago de comisiones a Iskin por un valor del 13% de los contratos", dijo la fiscalía.

Funcionarios de confianza de Oscar Iskin "hacían de nexo entre el sector público y los empresarios cartelizados para direccionar las demandas públicas como insumos médicos y la cotización de los precios y las contrataciones mediante la desclasificación ilícita de competidores que no hacían parte del cartel", precisó la fiscalía.

En una nota divulgada en la prensa, General Electric dijo que las alegaciones contra Speranzini se refieren "a un periodo en que el ejecutivo actuaba en la lideranza de otra empresa" y se mostró abierta a colaborar con las autoridades.

Speranzini asumió la presidencia de General Electric en América Latina en enero, después de haber sido presidente de la división latinoamericana de Salud de esa empresa de 2014 a 2017. De 2004 a 2010 había sido presidente de Philips Healthcare en América Latina.

Por su parte, Philips dijo que aún no tuvo acceso al proceso, pero que está cooperando con las autoridades para ayudar en estas alegaciones "que datan de muchos años atrás", según el portal G1.

La firma destacó que "los actuales líderes ejecutivos de Philips no son parte de la acción" policial, solo el colaborador mencionado.

A través de la "Operación Resonancia", 180 agentes de la policía cumplen 22 mandatos de prisión en los estados de Río de Janeiro, San Pablo, Paraíba, Minas Gerais y el Distrito Federal. Un total de 37 empresas son investigadas por corrupción, fraude en licitaciones, organización criminal y lavado de dinero.

En cuatro años, los jueces de Lava jato pronunciaron casi 200 condenas contra empresarios y políticos de primer plano y de casi todo el espectro parlamentario.

Este martes fue condenado a 30 años de cárcel el exmagnate brasileño Eike Batista, en libertad bajo vigilancia. Se lo acusa por corrupción y lavado de dinero en el marco de la operación Lava Jato.

Esta es la primera condena para el que llegó a ser el hombre más rico de Brasil, que también fue condenado a pagar una multa de 53 millones de reales (US$ 13,6 millones).

El juez Marcelo Bretas, de Río de Janeiro, lo consideró culpable de haber pagado sobornos de US$ 16,5 millones al exgobernador del estado Sergio Cabral (2007-2014), condenado a más de cien años de cárcel por casos relacionados con la trama corrupta desvelada en la estatal Petrobras.

Batista, de 61 años, fue detenido en enero de 2017 al llegar al aeropuerto de Río procedente de Nueva York, pero pasó a prisión domiciliaria en abril de ese año por decisión de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF).

En octubre pasado, tras retirársele el pasaporte, la medida se limitó a la obligación de cumplir recogimiento nocturno y durante los fines de semana en su lujosa casa de Río.

La defensa del exmagnate ya adelantó que recurrirá la sentencia.

Emblema de los años en que el gigante latinoamericano era el favorito de los mercados, Batista llegó a ser clasificado en 2012 como la séptima fortuna del mundo por la revista Forbes, antes de iniciar su frenética caída a mediados de ese mismo año.

Pese a no tener estudios universitarios, este brasileño logró que su grupo de minería y energía EBX subiera como la espuma, pero también que cayera rápidamente cuando la petrolera OGX reconoció que no cumpliría con sus metas de producción y los mercados le dieran la espalda.