El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio (FA), Yamandú Orsi, dijo que "es una muy mala noticia" que el Estado uruguayo haya perdido el juicio internacional por el cierre de Pluna y que deba pagar US$ 80 millones, como informó El Observador
"Es una muy mala noticia. No está bueno. Hemos tenido experiencias a nivel internacional de juicios. Hemos tenido experiencias donde se ganan, pero éste se pierde", dijo el todavía intendente de Canelones.
"Primero voy a analizar concretamente de qué se trata, pero también como país deberíamos mejorar ese aspecto de la defensa. Porque esto se cocina todo en el norte. Lo resuelven allá. No nos olvidemos de qué pasó con el tema de las tabaqueras. Es algo que no hay gobierno que se escape y yo creo que deberíamos ver de fortalecer esa área que es la jurídica del Estado", sostuvo.
A 14 años de la polémica, este martes el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial emitió una sentencia este martes en Nueva York, Estados Unidos.
El Ciadi encontró culpable al gobierno ante un reclamo de la empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna y expresó juicios muy críticos con el gobierno de la época, liderado por el entonces presidente frenteamplista José Mujica. El arbitraje se inició en mayo de 2019 y tenía como objetivo obtener una compensación financiera.
Según se explicó la cifra es millonaria porque calcula los intereses desde que ocurrió la caída de la aerolínea en 2012 o antes. Además, la sentencia le impuso al Estado una mora de US$ 500 mil por cada mes que no pague la condena.
La sentencia no es apelable en cuanto a pedir que se revisen los argumentos, pero Uruguay podría pedir la nulidad del juicio si plantea alguna situación indebida del proceso. De todos modos, las chances de que se consiga anularlo son mínimas, además de que sigue pasando el tiempo y se acumulan los intereses y la mora.
Al igual que en otros casos planteados ante el Ciadi como de Phillip Morris e Italba, que fueron favorables para Uruguay, el Estado fue representado por el estudio jurídico Foley Hoag con sede en Washington. Mientras que las empresas demandantes tienen como abogados a Ferrere Abogados y a Freshfields, de Nueva York.
Según había informado el sitio especializado Air Transport World, el hecho de que en 2016 la Justicia concluyó que los ejecutivos de Ledgate no eran responsables de la quiebra de Pluna habilitó el reclamo contra el Estado uruguayo.
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