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Ortega sigue deteniendo opositores en Nicaragua: ahora fue el turno del excanciller Francisco Aguirre y la abogada y activista María Oviedo
El excanciller nicaragüense Francisco Aguirre y la activista de derechos humanos María Oviedo fueron detenidos y son investigados por presuntas acciones contra la soberanía de Nicaragua, según informaron este jueves las autoridades, en una nueva orden judicial contra críticos del presidente Daniel Ortega.
A casi tres meses de las elecciones generales suman 31 opositores y críticos detenidos desde junio, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. Sondeos de opinión le otorgaban a algunos potencial de disputar el poder a Ortega, quien oficialmente no ha anunciado que buscará la reelección.
El ministerio Público (Fiscalía), informó que Aguirre, economista y analista político de 76 años, es investigado por presuntos "actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua", al incitar públicamente "a la injerencia extranjera en los asuntos internos".
También se le acusa de haber celebrado "la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos", en alusión a las más de 30 sanciones internacionales adoptadas desde 2018 contra funcionarios y familiares de Ortega por violación a los derechos humanos.
La fiscalía no precisó cuándo ocurrió la captura de Aguirre, pero dijo que pidió a un juez "la ampliación del período de investigación y detención judicial" por 90 días, la que fue admitida.
En tanto, la policía informó la detención de la abogada María Oviedo, quien "esta siendo investigada" por los mismos delitos asociados a Aguirre.
Oviedo es miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que defiende a presos en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
Los cargos contra Aguirre y Oviedo, que también le son imputados a todos los opositores detenidos, están contenidos en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega.
Esta ley también impide a los afectados postularse a cargos de elección popular.
Los delito de "traición" a la patria y "menoscabo de la soberanía" son castigados con una pena de 10 a 15 años de cárcel.
Las sanciones internacionales contra Ortega se redoblaron tras la seguidilla de arrestos, principalmente de los siete aspirantes a la presidencia: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Aunque el mandatario, de 75 años, aún no ha anunciado oficialmente si buscará la reelección en los comicios del 7 de noviembre, sus allegados dan por hecho que será el candidato por el izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
CIDH pide liberación "inmediata" de opositores en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este viernes a las autoridades de Nicaragua a "liberar de inmediato" a los opositores detenidos producto de la ola represiva que vive el país.
La CIDH "urge al Estado de Nicaragua a cesar el hostigamiento a las personas opositoras, incluyendo a los defensores" de los derechos humanos, y "a liberar de inmediato a quienes se encuentran detenidos arbitrariamente", demandó el organismo de la OEA en su cuenta de Twitter.
Al menos 136 disidentes del gobierno de Daniel Ortega están detenidos. De ellos, 31 fueron capturados desde junio pasado, entre ellos siete aspirantes a la presidencia de la oposición que buscaban competir en las elecciones del 7 de noviembre, indicó el grupo independiente "Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas".
AFP
