14 de octubre 2013 - 22:28hs

La gerenta general de Gas Sayago, Marta Jara, defendió ayer la instalación de una planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago durante la audiencia pública organizada por la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama). Para argumentar el bajo impacto que tendrá, Jara explicó que es menos riesgosa que cocinar o hacer deporte.

En la evaluación del daño probable que generaría la regasificadora, Jara especuló con que podría producir una muerte cada 600 años. “Si pensamos en una muerte en 600 años, el nivel de riesgo es inferior al de muchísimas industrias y de la vida doméstica que tenemos: cocinando, usando transporte o incluso haciendo deporte”, explicó. “¡Mentirosa!”, le gritó uno de los vecinos desde el fondo de la carpa donde se realizó la audiencia pública que se armó en el barrio Santa Catalina, frente a donde se instalará la regasificadora.

“La pérdida masiva de contenido es improbable y no ha sucedido en 50 años de esta industria”, dijo Jara. “Nunca se ha dado una pérdida masiva del producto” ni han habido muertes por el efecto de regasificadoras, agregó la gerente de Gas Sayago.

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Unos 400 vecinos participaron de la audiencia pública. El director de la Dinama, Jorge Rucks, quien admitió sentir presión del gobierno para aprobar el proyecto, dirigió la audiencia.

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, fue el primero en tomar la palabra. “La regasificadora cierra el cambio de matriz energética y eléctrica del país”, explicó Casaravilla. “Creánme, esto es económica y ambientalmente sustentable y es lo que necesita el país para el desarrollo”, agregó.

Lo siguió el presidente de Ancap, Raúl Sendic, que destacó la necesidad de “diversificar la matriz energética” y recibió más aplausos que silbidos. Después fue el turno de Jara y luego tomaron la palabra los vecinos.

La Coordinación de Vecinos del Oeste destacó que la regasificadora “es muy peligrosa” y, en ese sentido, presentó una lista con muertes provocadas por accidentes en este tipo de plantas. Los vecinos manifestaron su preocupación porque “el Estado es partícipe y controlador” de la planta. También destacaron que la zona oeste es la más pobre y vulnerable de la capital del país y que, la circulación de 100 camiones diarios durante un año y medio, tiempo en el que se construirá la escollera, generará demanda de explotación sexual de menores. “No queremos mitigar el impacto, queremos evitarlo”, destacaron.

Algunos activistas mostraron pancartas con caricaturas de jerarcas del gobierno. Con narices largas al estilo de Pinocho, acusaban a los retratados de mentirosos.

Otro grupo de vecinos, en este caso de Casabó y de consejos vecinales de la zona, expresaron su apoyo al proyecto. “Si no hay emprendimiento, no hay país productivo”, dijo uno de los vecinos. Otros le respondieron con insultos. l

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