10 de noviembre de 2015 5:00 hs

El Parlamento regional de Cataluña aprobó ayer una resolución que busca iniciar el camino hacia la independencia, una medida que el gobierno español anunció que bloqueará. El plan para empezar el proceso de creación de la república catalana se aprobó por 72 votos a favor y 63 en contra, en una cámara de 135 escaños y mayoría secesionista desde las elecciones autonómicas de setiembre pasado.

La propuesta, que incluye la puesta en marcha en un mes de instituciones propias para una "desconexión pacífica" de España, será recurrida de inmediato por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional.

Las fuerzas independentistas de Junts pel Sí y Candidatura d'Unitat Popular (CUP) advirtieron que harán caso omiso de la previsible impugnación en la corte, y no está claro qué medidas tomará entonces el gobierno, que ya avisó que utilizará todos los instrumentos jurídicos a su alcance.

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El desafío catalán acapara el debate político en España a mes y medio de las elecciones generales, en las que los sondeos prevén que el Partido Popular de Rajoy sea el más votado, pero lejos de la mayoría absoluta de 2011 tras una legislatura plagada de recortes sociales y escándalos de corrupción.

Cataluña, una de las regiones más ricas del país pero también muy endeudada, vio reforzarse el sentimiento independentista especialmente a partir de 2012, en medio de la crisis económica y tras el rechazo del gobierno de Rajoy a negociar un pacto fiscal.

Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes y aporta casi el 20% del PIB español. Por tratarse de una de las llamadas "regiones históricas" (con País Vasco, Andalucía y Galicia), cuenta con un alto nivel de autogobierno y gestiona competencias que van desde la Policía propia, sistema penitenciario, empleo, economía, educación o sanidad. No obstante, los nacionalistas se quejan de que son maltratados por los gobiernos españoles y de que reciben mucho menos de lo que aportan al Estado.

Aplicar la resolución sí o sí

Tras las elecciones regionales del 27 de setiembre,Junts pel Sí obtuvo 62 diputados que, junto a los 10 escaños logrados por los independentistas de extrema izquierda de la CUP, les sirvieron para aprobar este "acto de ruptura", en palabras de la diputada de la CUP Anna Gabriel.

La resolución incluye también un llamamiento a renegociar la abultada deuda de la administración pública y a iniciar inmediatamente la construcción de una administración tributaria independiente.

Los independentistas solo obtuvieron 48% de los sufragios de las elecciones, presentadas como un plebiscito sobre la secesión ante la oposición del gobierno español de Mariano Rajoy a conceder un referéndum en esta región mediterránea.

Esa negativa llevó al gobierno del presidente catalán Artur Mas a impulsar el 9 de noviembre de 2014, justo hace un año, una consulta simbólica en la que 1,9 millones de personas se posicionaron por la independencia a pesar de que la votación fue prohibida por el Tribunal Constitucional.

Esta desobediencia al alto tribunal se avecina habitual durante este proceso que debería culminar en 2017 con un referéndum para aprobar la constitución del nuevo país. "La resolución se aplicará independientemente de lo que diga el Tribunal Constitucional", afirmó el diputado independentista Pere Aragonés.

En riesgo la autonomía

Desde Madrid, Rajoy se mostró "decidido a utilizar todos los medios que el Estado de Derecho ha puesto a disposición de la democracia para defender la propia democracia".

Para ello aprobaron recientemente una reforma del alto tribunal para inhabilitar a aquellos dirigentes que desobedezcan sus sentencias y desde hace semanas plantea la posibilidad de suspender la autonomía catalana.

"En Cataluña tenemos el presupuesto regional más alto de España y más competencias que ninguna otra región de Europa. Ustedes lo están poniendo todo en riesgo en un acto irresponsable", advirtió el líder del PP catalán, Xavier García Albiol.

Esa declaración culmina una escalada de tensión entre Barcelona y Madrid desde 2010, cuando el Tribunal Constitucional recortó ampliamente las competencias adquiridas en un estatuto regional de 2006, frustrando las aspiraciones de un mayor autogobierno dentro de España. El independentismo, antes minoritario, creció exponencialmente a la sombra de la crisis económica en esa región.

Tras años reclamando un referéndum optaron por avanzar unilateralmente en un proceso que, sin embargo, podría derrumbarse por las diferencias ideológicas en el seno independentista.

Seis semanas después de los comicios, la región sigue sin gobierno por el rechazo de la CUP a apoyar como presidente al liberal Mas. Si no hay acuerdo antes del 9 de enero, deberán convocarse unas nuevas elecciones y la secesión podría quedarse en mero proyecto.

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