¿Por qué la República de Parva Domus está obligada a cumplir con controles antilavado y el Partido Colorado no?

Por primera vez, la secretaría se encuentra realizando los controles en el sector organizaciones sin fines de lucro, que incluye a iglesias, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. El artículo 84 de la ley de lavado de activos establece que las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general, cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica, que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a 4 millones de unidades indexadas ($ 21,8 millones o US$ 510 mil) o activos por un valor superior a las 2,5 millones de UI ($ 13,6 millones), valuados de acuerdo a las normas del Impuesto a la Renta de las Actividades económicas (IRAE). 

Según explicó Chediak en el caso del Partido Colorado, debido a los bajos ingresos que se vuelcan al partido por cargos en el gobierno y al valor de las propiedades no llega a integrar la nómina de sujetos obligados. Señaló que el año en que cobran los US$ 10 por voto obtenido en las elecciones sí figura como sujeto obligado pero al año siguiente no llega. “Se da la paradoja de que Parva Domus si es sujeto obligado y el Partido Colorado no”, afirmó Chediak al explicar que en ese caso el inmueble ubicado en Punta Carretas tiene un valor mucho mayor que los bienes del histórico partido.

Dentro de los partidos con representación parlamentaria el otro que queda afuera de la lista es el PERI que dirige César Vega. El Partido Independiente sí está, indicó el jerarca.

Según explicaron desde el equipo que asesora a Chediak, para abordar a las organizaciones de la sociedad civil se armaron dos grupos, uno de 60 instituciones que son consideradas de menor riesgo y con las que se comunicaron por correo electrónico y les pidieron el cumplimiento de obligaciones genéricas.

El segundo grupo lo constituyen unas 40 organizaciones entre las que se encuentran además de los partidos políticos, las iglesias. En el caso de las iglesias al no tener clientes, sino feligreses, y se pone la mira en el dinero que reciben pero en las grandes donaciones. 

Control de compraventas

Para controlar a los escribanos e inmobiliarias, cada tres meses se cargan las operaciones del Registro en una planilla, y se seleccionan cuáles inspeccionar en base determinadas alertas, como los montos de las compraventas, si se trata de compradores extranjeros, según la zona geográfica en que está la propiedad, si se trata de padrones rurales de montos importantes, entre otros.

Desde octubre del año pasado se viene inspeccionando a unos 70 escribanos y a partir de estos profesionales se contacta a las inmobiliarias que actuaron. Desde hace unos meses, se está inspeccionando nuevamente a algunos escribanos ya inspeccionados en la anterior administración para verificar que los señalamientos que se le realizaron se hayan cumplido. También se comenzó a visitar a los proveedores de servicios societarios.

En relación a la baja cantidad de reportes que ha habido, Chediak y sus asesores, los abogados Gustavo Misa y Patricia Laburu indicaron que ha venido bajando el nivel de reportes pero señalaron que "nunca fue satisfactorio en el sector no financiero", salvo el pico que ocurrió en 2018 y 2019 cuando recién se sancionaba la ley integral.

"Lo que es bajo es el número de reportes que se pasan a la Justicia", dijo Chediak y Misa agregó que lo que importa no es tanto la cantidad de los reportes sino la calidad de reportes.

Chediak agregó que están en la transición hacia la fiscalía especializada que se creará y que se dedicará exclusivamente a estudiar los casos de lavado. Estaba previsto que la Senaclaft asesore a esa fiscalía pero para ello necesitan tres cargos de funcionarios que pidieron en la Rendición de Cuentas. Hoy cuentan con una abogada destinada a esto y dos contadores que provienen de DGI y tienen formación en fiscalización.

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