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Aníbal Torres (izquierda) abandonó el cargo de presidente del Consejo de Ministros del gobierno del presidente peruano Pedro Castillo (derecha)

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Perú: renunció el presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo

Es el cuarto funcionario que se aleja del cargo en los dos años de gobierno del presidente Pedro Castillo, cercado por un Congreso que procura avanzar en un tercer intento de destitución

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03 de agosto de 2022 a las 14:37

A días de haber comenzado su segundo año de gobierno, el presidente de Perú, Pedro Castillo, perdió otro colaborador clave con la renuncia que “por razones personales” que le hizo llegar Aníbal Torres, el hasta ahora presidente del Consejo de Ministros, la cuarta persona en ocupar el cargo desde la asunción del actual mandatario.

La dimisión de Torres, que estuvo en la función apenas ochos meses, se hizo pública casi el mismo tiempo que el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura difundió la condena a 6 años de cárcel por corrupción a la tercera vicepresidenta de Congreso, Wilmar Elera.

Elera había asumido la semana pasada como integrante de la nueva Mesa Directiva del legislativo peruano -compuesta por un presidente y tres vicepresidentes- y la condena se relaciona con su participación en 2012 como supervisora de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa, ejecutada en el departamento norteño de Piura.

La renuncia de Torres y la condena de Elera, aunque se trata de hechos que no están relacionado, se conocen en medio de un contexto cada vez más complicado para Castillo, acorralado por un Congreso abrumadoramente opositor y las investigaciones de la Fiscalía por supuestos hechos de corrupción.

En ese marco, el mandatario debió salir a negar las acusaciones de un ex asesor, Bruno Pacheco, que fueron adelantadas por los medios de comunicación críticos del gobierno y que -según la oposición- confirmarían que Castillo recibió sobornos y justificaría el tercer intento de destitución que procuran impulsar en el Congreso.

Pacheco, que se entregó a la Justicia tras estar tres meses prófugo, declaró ante la Fiscalía que Castillo recibió dinero del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, según la cadena Panamericana Televisión, para nombrar a Hugo Chávez Arévalo al frente de la empresa estatal Petroperú, informó la agencia de noticias Europa Press.

De acuerdo con las declaraciones del exasesor, el presidente recibió casi US$ 7.800, mientras que él mismo había percibido casi US$ 3.800. Castillo, por su parte, rechazó "tajantemente las imputaciones” y pidió “en honor a la verdad periodística” una “seria investigación que aclare esta falsedad".

"Ejerciendo mi derecho como ciudadano y como presidente de la República, procederé a denunciar a la señalada producción periodística que difunde noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía", afirmó por la red Twiter. En el mismo sentido se manifestó su abogado, Benji Espinoza, quien recriminó que las informaciones no hayan sido corroboradas.

"La situación sigue siendo la misma y es inalterable: una cosa son los dichos y otra cosa son los hechos, una cosa son las afirmaciones y otra cosa lo que se comprueba, se acredita y se confirma", manifestó Espinoza a los medios de comunicación.

La Fiscalía sostiene que tanto Castillo como su exasesor habrían integrado una organización dedicado a entregar concesiones de obras públicas a cambio de sobornos. Investigaciones que van en paralelo al asedio de la oposición en el Congreso, que hasta ahora no logró reunir en lo dos intentos anteriores los 87 votos necesarios -sobre un total de 130- para destituirlo por “incapacidad moral permanente”.

Según los analistas locales, el discurso anual de Castillo de la semana pasada agudizó las tensiones, en medio de un elevado rechazo popular, que alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso, y de un crecimiento de los sectores que reclaman elecciones generales anticipadas.

Por lo pronto, los principales referentes de los bloques opositores ratificaron esta semana que seguirán procurando la destitución de Castillo.  Se trata de una moción conocida como “vacancia 3.0” que las diferentes bancadas anticipan que presentarán mediante un documento “muy bien estudiado” que “no caerá en apresuramientos”.

Además de la acusación de Pacheco, los supuestos hechos de corrupción que investiga la Fiscalía y recoge el Congreso refieren, además de sobornos a cambio de la entrega de obra pública, a cargos como obstruir a la justicia ocultando testigos, intervenciones ilegales en ascensos en el Ejército y la Policía, y hasta un plagio en la tesis universitaria del ahora presidente.

Lo que queda claro es que los argumentos que apuntaban al “comunismo” de Castillo han sido reemplazados en el discurso opositor por denuncias que, en un hecho inédito en la historia del país, han devenido en investigaciones formales de la Fiscalía y en una citación a declarar que Castillo cumplirá, según adelantó su abogado.

En lo inmediato, según algunos congresistas y juristas, los avances de la Fiscalía podrían generar que el Congreso suspenda a Castillo mientras se desarrolla la investigación. Una suerte de plan alternativo para conseguir su destitución. Una posibilidad que otros descartan porque, según argumentan, dentro de los potenciales cargos ninguno justificaría la suspensión.

Antes esas dudas, la moción de vacancia sigue siendo el primer objetivo de una oposición que dice faltarle solo siete votos para lo lograr la destitución de Castillo. Un presidente que comenzó su mandato con un bloque de 42 diputados que se fue desgranando, lo mismo que el Partido Libre que lo llevó a la presidencia, fraccionado hoy en cuatro agrupaciones, una de las cuales liderada por el dirigente marxista leninista Vladimir Cerrón, quien rompió con Castillo y es  cada vez más crítico con el gobierno, pero nada ha dicho de sumarse al intento de destitución.

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