Protestas en Perú por la detención de Castillo

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Piden prisión preventiva por otros 18 meses para Pedro Castillo mientras continúan las protestas

Debía quedar libre el mediodía de este miércoles, pero la fiscalía apeló la medida. Por su libertad y el llamado a nuevas elecciones hay cortes de rutas y manifestaciones en 13 de las 24 regiones del país
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14 de diciembre de 2022 a las 07:39

La fiscalía peruana pidió una extensión de 18 meses en la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, que este miércoles debía quedar libre e incluso había convocado a sus partidarios a esperarlo cuando abandonara la prisión policial en que se encuentra desde hace una semana, tras relevado del cargo por el Congreso.

La audiencia para resolver el caso está citada para la mañana de hoy y se descuenta que Castillo seguirá en prisión acusado de rebelión.

Mientras, la agitación en las regiones andinas donde este ex maestro rural tiene su base de apoyo no cesa y la ex presidenta a cargo Dina Boluarte analiza extender el estado de excepción a todo el país.

Hasta ahora la suspensión de garantías rige en las regiones del sudeste andino de Apurimac y Arequipa, donde se registraron los mayores enfrentamientos entre policías y manifestantes que reclaman la renuncia de Boluarte y la liberación de Castillo, así como un llamado a elecciones anticipadas y no dentro de 16 meses, como planea la presidenta.

Boluarte constituyó un gabinete de crisis en el que, además del jefe de gabinete y los ministros de Interior, Defensa, Transporte y Acción Social, integró al jefe del Comando Conjunto de las fuerzas armadas y de fuerzas de seguridad.

"Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá; desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia", dijo Castillo en una audiencia judicial donde ya se le denegó una libertad anticipada a los 7 días de prisión preventiva.

"Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón", agregó. “Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión", acotó.  Lo hizo en una nueva carta pública donde volvió a calificar a su exvice de “usurpadora”. La firmó como “Pedro Castillo, presidente constitucional del Perú”.

También convocó a sus partidarios a esperarlo en la prisión policial en las afueras de Lima cuando venza el plazo de siete días de prisión dictada por un juez supremo. Algo que se descuenta que no ocurrirá, dado que la justicia aduce el peligro de fuga para exiliarse en México, como ya lo intentó el día que fue destituido y arrestado.

Para la Fiscalía y la mayoría de los parlamentarios, el exmandatario anunció el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de justicia para entorpecer las investigaciones penales que se le habían iniciado por corrupción. Se lo acusa del delito de rebelión, que podría llevarlo a la cárcel entre 10 y 20 años.

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras afectan a 13 de 24 regiones del país y han dejado desde el domingo seis muertos y unos 200 heridos entre civiles y policías, según reportes policiales.

"Es una situación de una convulsión social muy seria, nosotros tememos que esto vaya a desembocar en una asonada porque incluso hay personas que están llamando a la insurgencia, que están pidiendo levantarse en armas", dijo a la AFP la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar.

La jefa del Estado decretó el lunes el estado de emergencia (sitio) por 60 días en el departamento Apurímac -donde se registraron cinco de las seis víctimas fatales- y el martes lo extendió a la región de Arequipa, en este caso por 30 días, anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola.

El ministro del Interior, César Cervantes, aseguró que de las protestas en todo el país participan apenas 24.500 personas. Pese a minimizarlas, consideró que con que se debía “evaluar” la “presencia física” de las Fuerzas Armadas en la contención de los disturbios dado que había 44 policías herido.

Por otra parte, el jefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Oscar Arriola, aseguró que miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef, considerado una organización de fachada de Sendero Luminoso) tenían “una actividad incesante” en las manifestaciones.

Las protestas se desarrollaron el martes en gran parte del país, incluida Lima, donde la PNP desplegó más de 5.000 efectivos solo para custodiar el centro histórico de la ciudad, informó el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabria, quien además reportó 32 agentes heridos y 11 manifestantes detenidos en la capital.

También se mantenían suspendidas las clases presenciales en varias regiones, entre ellas Cusco, Ica, La Libertad y Lima Provincias.

Paralelamente, las principales entidades gremiales de trabajadores y empresarios exhortaron a los ciudadanos a protestar de manera pacífica.

“Creemos que las manifestaciones, las movilizaciones y las protestas tienen que ser en forma pacífica”, afirmó el presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Luis Villanueva, en declaraciones en las afueras del Palacio de Gobierno. Sostuvo que el adelantamiento de las elecciones, no a 2024 sino a 2023, es “una condición” para que “la actual crisis política termine”.

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