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Pit-Cnt: ¿auditor interno o enemigo eterno?

La central sindical no defiende al trabajador, sino a sí misma

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10 de octubre de 2017 a las 05:00

No se requieren demasiadas luces para vaticinar que el empleo privado oriental no mejorará ni en calidad ni en cantidad y que, al contrario, tenderá a empeorar en ambos rubros. No existe la menor posibilidad de que el perverso monopolio sindical del PIT-CNT deje de sabotear cualquier alternativa que permita mejorar la competitividad ya sea global, regional o interna. Ni tampoco la eventualidad de que el monstruo deje de matar a las pymes en su gestación, eliminando así de cuajo la mayor fuente de empleo de cualquier economía.

Se trata de hechos irrefutables e incambiables, a menos que se produzcan dos situaciones simultáneas: que el Frente Amplio deje de ser gobierno y que su sucesor tenga el coraje y la solidez de principios para emprender una lucha épica que extirpe de cuajo la filosofía arcaica, perdedora, injusta, ineficiente y ruinosa del sistema laboral y gremial uruguayo y de la concepción que una parte importante del país tiene del papel que el factor trabajo ocupa en la producción, el desarrollo y el bienestar de las sociedades. Eso incluye –muy especialmente– restablecer la vocación de trabajar.

Como todo eso es evidentemente imposible, hay derecho a sostener que los costos de producir cualquier cosa localmente harán cada vez más difícil exportar bienes con algún valor agregado, que es justamente el mejor mecanismo de bienestar que se conoce. Por eso, cuando se alardea sobre los tratados de libre comercio que podrían firmarse, no cabe dar a esas expectativas crédito alguno. Los bienes con valor agregado se exportan por precio –no por tratados– o por alta innovación, ambas cosas imposibles en Uruguay. Los costos laborales en sentido amplio impiden y seguirán impidiendo producir ni siquiera cinturones a un precio atractivo que permita su exportación masiva. Y las falencias en la educación alejan cada vez más de la innovación, cuando no de la formación mínima para conseguir un empleo, aunque fuera rudimentario. Casualmente en esos dos rubros, el laboral y el educativo, es donde más pesa el gremialismo trotskista paralizante –¿casualmente?–. Y esa es la esencia del problema.

Esta realidad se ve claramente no sólo en la exportación de bienes, sino en cualquier actividad donde haya que competir con terceros países: puertos, logística interna, aún en las negociaciones con UPM, donde se tiene que recurrir a ilegales subterfugios para reducir el sabotaje sindical presente y futuro más el sabotaje impositivo, obviamente. Y no olvidar que en todo el caso Pluna y correlativas, las absurdas presiones gremiales llevaron a gobernantes como mínimo precarios e incapaces a regalar fortunas para sostener la mentira de la creación de empleo.

Ahora se puede pasar a analizar los tratados comerciales, cuidadosamente supervisados por el PIT-CNT para garantizarse su ineficacia y viabilidad. La idea oriental de pedir que se le permita vender más commodities a los países centrales a cambio de nada es irreal. Y menos cuando la posibilidad de alianzas políticas internacionales como contrapartida está cortada por la permanente auditoría gremial sobre las relaciones exteriores, supervigilancia que curiosamente muchos expertos se empeñan en negar asegurando que el ejecutivo actúa allí con total libertad, algo pueril.

Ningún mercado importante va a dejar de utilizar sus compras para conseguir a su vez vender. De modo que quien afirma que el Mercosur es una rémora para la exportación uruguaya se está engañando. Un Uruguay sin Mercosur acaso estaría en peor situación que hoy. Y hasta correría el riesgo de ponerse en evidencia al recibir los vetos internos a cualquier negociación con el exterior de los abanderados de la defensa de las fuentes de trabajo.

Y aquí se llega a una cuestión elemental, ya indisputada. El bienestar de los pueblos se basa en el crecimiento de su comercio internacional. Importaciones y exportaciones. Eso hace aumentar su PIB, su actividad comercial, laboral y su consumo. Por eso la defensa ideológica proteccionista que hace la central gremial es terminal. En vez de reflexionar, denuncia con epítetos obsoletos la flexibilización laboral de Brasil, y la eventual flexibilización argentina –en la que esta columna no cree, de todos modos– sin querer comprender que también está por perder sus tradicionales mercados subregionales.

Esta resistencia, que luce ideológica y principista pero que en definitiva es un sabotaje, condena al ejecutivo a tener que perseguir un acuerdo-rendición incondicional con UPM bajo cláusulas secretas (e inconstitucionales) para conseguir una miseria de puestos de empleos permanentes y un espejismo circunstancial de empleos en la etapa de construcción y una inversión privada cuyo monto real nadie ha verificado ni verificará. Curiosamente, por las características de integración vertical que tendrá la explotación en este proyecto y la generosa extensión de las prebendas impositivas secretas que se otorgan, también se trata de una suerte de exportación con escasísimo valor agregado, que es justamente el problema que se debería solucionar.

La combinación de los factores descritos genera a su vez una doble consecuencia, que aumenta el problema: la fuente de trabajo pasa a ser el empleo público o algún otro formato de subsidio, lo que, vía impuestos, encarece todavía más el costo de producción y empobrece a toda la sociedad. Y posteriormente limita al país a exportar solamente materias primas, lo que siempre ha sido un mecanismo de precariedad y fragilidad cuando no se pudo complementar con un esquema de eficiencia en la producción de bienes con valor agregado y de presupuestos equilibrados del Estado.

Esas condiciones no se dan localmente, donde el Estado tiene una demanda de trabajo que puede ser infinita con exigencias de calidad nulas. Esto es especialmente cierto en esos eufemismos que con toda deliberación y falacia se han dado en llamar empresas del estado, que terminan perdiendo varias veces lo que pagan de salarios, sin control, sin riesgo privado, salvo el de los contribuyentes que pagan las ideologías baratas del socialismo y de la falsa sensiblería, y además son esclavas constitucionales del gremialismo secuestrador que les chupa la sangre hasta dejarlas exangües.

Ni Uruguay ni ningún otro país puede sobrevivir en el mundo del siglo XXI con una ideología y filosofía trotskista, de proteccionismo laboral a ultranza, de negación dialéctica de las realidades de los mercados, de manipulación y deterioro de la educación pública, de déficits constantes, de impuestos crecientes y de ineficiencia y falta de competitividad.

Y esta aseveración no se aplica solamente al Frente Amplio, que es nada más que una exageración del fracaso nostálgico marxista, sino a todo el espectro político, que por falta de coraje, de convicciones o de vuelo espiritual e intelectual no se atreve a romper criterios implantados hace más de un siglo que no llevarán a la sociedad a ninguna parte –salvo a la mediocridad– y la condena a no tener reales opciones económicas y de vida.

Por eso el PIT-CNT no está defendiendo al trabajador uruguayo en esta supuesta reivindicación de las conquistas logradas y los derechos adquiridos. Se está defendiendo a sí mismo. Y mal. Como siempre.

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