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Poder Ejecutivo aprobó llamado a licitación para zona franca en Maldonado
El Poder Ejecutivo, con una resolución del 28 de diciembre, aprobó un llamado a licitación para la adjudicación del desarrollo de una zona franca en Maldonado. El predio, compuesto por dos padrones, tiene 42 hectáreas y la zona deberá tener un perfil de industria y servicios de innovación y tecnológicos.
El pliego de condiciones señala que el precio base del inmueble de uno de los padrones será de US$ 4,1 millones y por el derecho de la opción de compra del otro el monto equivaldrá al 1% del precio ofertado con una base mínima de US$ 3,3 millones.
El ganador de la licitación se compromete a pagar el 40% del monto resultante de la oferta ganadora con la firma de la escritura de compraventa y el 60% restante se abonará en tres cuotas anuales, iguales y consecutivas, a partir de la firma de la escritura de compraventa.
Actualmente están aprobadas dos zonas francas en el departamento: una audiovisual que funcionará en la zona del balneario Buenos Aires y otra de servicios en WTC Punta del Este.
La tercera, por la que se aprobó el llamado a licitación, se ubicará en la zona del aeropuerto El Jagüel junto al Centro de Convenciones.
El pliego indica que el monto de la inversión en infraestructura a proveer por el desarrollador deberá superar los US$ 15 millones.
Dentro de los requisitos sobre la inversión, uno de los puntos refiere a la máxima generación de empleo. Las condiciones expresan que se considerará para el puntaje máximo y como punto de referencia la oferta que proyecte la máxima generación de empleo directo y permanente en toda la zona franca.
Las ofertas presentadas serán examinadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que estará integrada por dos representantes del Ministerio de Economía, dos representantes de la Dirección Nacional de Zonas Francas, uno de Presidencia, uno de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el último de la Intendencia de Maldonado.
Esa comisión podrá aconsejar la descalificación de las ofertas cuyo proyecto de inversión y respaldo financiero propuesto no sean consistentes o el oferente no cuente con antecedentes suficientes para la gestión de explotación o que merezcan objeciones medio ambientales o de índole tecnológica.
