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Policías vs militares y cómo lidia Larrañaga con el archivo

La discusión sobre las potestades del Ejército en la seguridad interna no es nueva

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02 de junio de 2018 a las 05:00

En los 90, finalizada la Guerra Fría, Estados Unidos se encontró con países cuyas Fuerzas Armadas habían crecido a su influjo para combatir el comunismo y temía que pudieran desestabilizar a las democracias que resurgían en la región. Por eso promovió con escaso éxito la transformación de los ejércitos en guardias nacionales, una vía que contribuiría además a reducir los gastos de defensa y, por consiguiente, el endeudamiento general de esos países.

En Uruguay, durante el gobierno blanco (1990-1995), el, ministro del Interior, Ángel Gianola, convocó un día a varios diputados a una reunión en la sede de la Guardia Republicana (lo más parecido a una guardia nacional que había en el país). Allí se explayó sobre las virtudes que tendría una fuerza militar más reducida y de rápido despliegue.

Un diputado colorado grabó esa disertación y se la entregó a la Inteligencia Militar, que a su vez se la dio al movimiento tupamaro -con quien tenía fluidos vínculos desde la recuperación democrática en 1985-. Los ex guerrilleros publicaron la disertación en su quincenario Tupamaros. Si el presidente Luis Lacalle tenía realmente intenciones de reducir el Ejército a una guardia nacional, las intenciones murieron en medio de un escándalo político alentado por los militares, que desde siempre se negaron a hacer tareas policiales, y la Policía, que aún seguía pagando la mala imagen que se ganó participando de la lucha antisubversiva en las llamadas Fuerzas Conjuntas (integrada por militares y policías) y a la que tampoco le interesaba perder funciones (o sea, presupuesto) en beneficio de sus primos de las Fuerzas Armadas.

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Desde entonces y de la mano del crecimiento de la inseguridad, las intenciones de poner a los militares a cumplir tareas de seguridad internas fueron y vinieron con distinto éxito.

Los militares pueden cumplir las mismas tareas que la Policía en la zona costera a través de Prefectura (dependiente de la Armada). Durante el gobierno de Julio Sanguinetti se autorizó a la Prefectura a patrullar por la rambla en tareas de prevención.

Si el terrorismo, aunque venga del exterior, es un fenómeno que altera el orden interno, la dirigencia política avaló que el llamado Escuadrón Escorpión del Ejército sea considerado la fuerza antiterrorista que actuaría incluso en una toma de rehenes.

Pero como la disputa por las tareas de seguridad interior no cesan, la Policía considera que la Guardia Republicana es la más idónea para enfrentar el terrorismo y su Grupo Especial de Operaciones cuenta con negociadores por si hay toma de rehenes.

De hecho, los políticos, incluso de la oposición que se oponen a la reforma constitucional impulsada por Jorge Larrañaga para crear una Guardia Nacional con militares para combatir la delincuencia, afirman que esa guardia ya existe y que es la Republicana.

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Hubo una época que cuando había sospechas de un aparato explosivo, la tarea de desarmarlo pertenecía a la ex Policía Técnica. Pero la Policía perdió la disputa y desde 1996 esa labor le corresponde exclusivamente al Equipo de Desactivación de Artefactos Terroristas del Ejército.

Hoy, y contra lo que hubieran deseado los mandos militares, son soldados los que custodian el perímetro de las cárceles.

El Parlamento aprobó un proyecto que da al Ejército la potestad de cumplir tareas policiales en una franja que se extiende a 20 kilómetros de las fronteras y excluye a los centros urbanos.

La norma autoriza a los soldados a detener "in fraganti" a quienes estén cometiendo delitos y a controlar vehículos. Incluso pueden pedir identificación a personas aún cuando no haya un procedimiento judicial en curso, o sea que pueden hacer cosas que la Policía no.

Todas estas idas y venidas, atribución de responsabilidades que luego se revisa o anulan, tareas en las que policías y militares "se pisan", se hicieron a veces por decreto, a veces por ley.

A nadie se le ocurrió reformar la Constitución para ello. A nadie se le ocurrió legislar en lo Penal por la vía de modificar la Carta Magna; no lo recomiendan los expertos ni el sentido común.

Similares argumentos se dieron cuando se promovió bajar la edad de imputabilidad penal. Cuando se impulsó esa reforma constitucional para bajar de 18 a 16 la edad de imputabilidad penal, alguien se opuso diciendo: "Incorporar un tema que es materia de regulación legislativa en la Constitución, no solamente constituye un error jurídico sino también, un exabrupto político (...) Ante una realidad cambiante y dinámica, respondemos con cláusulas rígidas. Le imponemos al país que viene instrumentos que otra sociedad ideó para su momento y que debían ser regulados por la vía legislativa". El que sostuvo tan contundente argumento fue Jorge Larrañaga.

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