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Por qué un hombre en Rivera que participó de un secuestro y tortura fue condenado sin cárcel

Las víctimas cambiaron la versión de los hechos, y la fiscal del caso consideró que con ese panorama no podría ganar un juicio oral, por lo que aceptó el acuerdo con la defensa
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24 de noviembre de 2020 a las 18:59

La Justicia de Rivera condenó a un hombre por secuestrar y torturar a dos personas que se habían quedado con un cargamento de droga, pero tras un acuerdo con la fiscal Carmelita Gómez el imputado no pasará ni un día en prisión. 

Tras arribar a un proceso abreviado, por el cual no habrá juicio oral, la defensa del delincuente logró que la pena pactada con la fiscal fuera de 24 meses de libertad a prueba. Los delitos que se le imputaron fueron violencia privada, lesiones personales y privación de libertad –entre otros–, todos agravados por distintas modalidades, según informó El País.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que hizo la fiscal, una primera víctima fue secuestrada por dos hombres que llegaron a su casa en una moto y le reclamaron 50 kilos de marihuana que se suponía tenía guardados. Como dijo que nos los tenía, se lo llevaron a una estancia, ubicada en la frontera con Brasil, donde lo ataron. Allí lo golpearon y le cortaron las dos orejas. Bajo tortura, dijo que la droga se la había dado a un amigo, por lo que fueron a buscar a esta persona, a quien también torturaron.

Ese fue el relato que hicieron las víctimas en una primera instancia, señalaron a El Observador fuentes de la investigación. Sin embargo, luego cambiaron la versión y se "desdijeron", intimidados por la banda de narcotraficantes, según creen los investigadores del caso. Dijeron en cambio que "habían consumido droga" y habían mentido.

Con la nueva versión, la fiscal Gómez consideró que no tenía elementos para lograr una condena en un juicio oral, ya que este tipo de delitos exige pruebas firmes, entre ellas, la declaración de testigos.

El médico forense tampoco pudo constatar que las lesiones de uno de los dos hombres –al que le arrancaron parte de las orejas– hubiera ocurrido en un contexto de tortura, por lo que tampoco contaba con esa prueba.

Además, las fuentes de la indagatoria también contaron que la participación del imputado no fue tan importante como la del otro delincuente, que todavía está prófugo.

Fue así que, con un margen que la fiscal consideró escaso, acordó con la defensa del imputado que ni siquiera fuera a prisión, y se aplicara en su caso un beneficio aprobado en julio con la promulgación de la ley de urgente consideración: la libertad a prueba. La ley establece que este instituto implica que los imputados cumplan con "un programa de actividades orientado a su reinserción social en el ámbito personal, comunitario y laboral a través de una intervención individualizada y bajo la aplicación de ciertas condiciones especiales", y deja por fuera de este beneficio a los que iban a ser acusados a más de 24 meses de prisión, que fue la pena exacta que se acordó en este caso.

También deja por fuera a los delitos como rapiña, rapiña con privación de libertad, secuestro, extorsión, y homicidio doloso, entre varios otros, pero ninguno de los aplicados en la indagatoria de la fiscalía de Rivera.

Caso análogo con cárcel

En julio de este año, la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero llegó a un acuerdo con el delincuente apodado El Pachuli, también imputado el año pasado por secuestrar y torturar a un hombre, para que la madre de la víctima le diera $15.000

Este hombre de 21 años había sido capturado en un operativo el 27 de setiembre de 2019, junto con otros nueve delincuentes, y la policía había incautado ese día varias armas de fuego, droga y dinero. Sin embargo, la fiscal que atendió ese caso, Stella Llorente, solo imputó a uno de ellos –al Ricardito, jefe de la banda, desde entonces en prisión–, y dejó al resto en libertad.

Tras un año, Ferrero llegó a un acuerdo con la defensa del delincuente, y El Pachuli fue condenado por un delito de secuestro y dos delitos de lesiones personales, a ocho años de cárcel, dijeron a El Observador desde el Ministerio Público.

Por la misma vía –proceso abreviado– fueron condenados otros compañeros del grupo criminal que participaron de ese secuestro, y todos fueron enviados a prisión por un tiempo similar –salvo uno, a quien le dieron poco más de dos años.

 

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