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WhatsApp es la aplicación más usada
Las aplicaciones de Facebook son las más requeridas por los investigadores uruguayos.

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Uruguay duplicó en un año los pedidos de información de usuarios a Facebook, Google y Twitter

Las solicitudes son por infracciones calificadas como ciberdelitos e investigaciones en curso de secuestros u homicidios

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27 de agosto de 2021 a las 05:04

Pornografía infantil. Homicidios. Estafas. Motivos por los que fiscales y jueces uruguayos piden información a los gigantes tecnológicos para ayudar a resolver casos. Ellos, que tienen informes de transparencia, no se muestran tan abiertos a darles acceso a esos datos.

Lo que está claro es que la pandemia, y su consiguiente aumento del uso de internet, ha provocado un aumento drástico en las solicitudes que se hacen desde Uruguay

Cifras disponibles en los informes de transparencia de las compañías muestran que las solicitudes hechas por operadores judiciales en Uruguay crecieron un 122% en 2020 comparado con el año anterior. Mientras en 2019 los investigadores pidieron 54 pedidos de información, en 2020 fueron 120.

El 90% de los pedidos hechos desde Uruguay a los gigantes tecnológicos fueron solo a Facebook y su plataforma.

El 90% de esas solicitudes se hicieron a Facebook. Y cuando se dice Facebook se refiere a todas las plataformas de las que Mark Zuckerberg es dueño; incluidos la propia red social, Instagram, Messenger y WhatsApp.

Abogados penalistas confirmaron a Cromo que estas solicitudes refieren en su mayoría a casos penales, así que, en general, parten de juzgados penales o de Fiscalía. Pueden incluir variadas circunstancias: desde infracciones que podemos calificar como ciberdelitos, pasando por investigaciones en curso de secuestros u homicidios que necesitan de comunicaciones electrónicas, hasta casos relativos a violencia a través de redes o meros hurtos.

 Agustina Pérez Comenale, abogada especializada en protección de datos personales y nuevas tecnologías, dijo a Cromo que debido al aumento en el uso de internet, ocasionado por la pandemia, “es lógico” pensar que haya existido un incremento en los pedidos de información de los gigantes tecnológicos. “Me parece correcto y muy útil que Fiscalía pueda tener estos contactos con estas grandes corporaciones. Antes parecía difícil que pudiera pasar y creo que la digitalización es muy importante”, comentó.

Solicitudes hechas desde Uruguay a los gigantes tecnológicos
 TwitterGoogleFacebook
20174450
20180642
20192151
202093108
Total1514251

Fuente: informes de transparencia de Twitter, Google y Facebook

Las respuestas a las solicitudes

Desde Facebook aseguran que sus directivos analizan que las agencias gubernamentales que realizan solicitudes cumplan con la ley aplicable en cada país y también respete las políticas de uso y protección de datos que la plataforma posee.

Y ese análisis es para cada uno de los pedidos de información. “Revisamos individualmente todas las solicitudes, independientemente de si se envían en relación con emergencias o mediante un proceso legal obtenido por las autoridades policiales o de seguridad nacional”, comentan en los informes anuales de transparencia. Si la solicitud es demasiado amplia “o legalmente deficiente” rechazan la solicitud.

Desde Facebook “alientan” a enviar solicitudes que solo sean “necesarias, proporcionadas, específicas” y que “cumplan” con las leyes.

Facebook es dueño de Instagram, WhatsApp y también cuenta con su propia red social.

En general las compañías no indican en cuántos casos dan respuestas. Solo dan a conocer porcentajes de las solicitudes “en las que se produjeron algunos datos”. En el primer semestre de 2020, por ejemplo, Facebook entregó datos en el 57% de las solicitudes hechas por operadores uruguayos. Es la cifra máxima que se ha registrado.

Algunas plataformas avisan a los usuarios que recibieron una solicitud desde su país para conocer información personal de su cuenta. Una es Twitter. Desde la red social aseguran que  “puede resultar alarmante” recibir una notificación de este tipo, pero que lo hacen para que el usuario pueda tomar las medidas necesarias para proteger sus intereses.  La idea es que el denunciado pueda “incluir la búsqueda de asesoramiento legal y la impugnación del requerimiento en tribunales, la eliminación voluntaria del contenido (si corresponde) u otras soluciones posibles”, informan desde la plataforma.

Los datos que se divulgan

En el caso de Facebook, es información básica del suscriptor: nombre, hace cuánto tiene una cuenta en la plataforma, direcciones de correo electrónico y direcciones IP de inicio / cierre de sesión recientes. También pueden llegar a ser mensajes, fotos, videos, publicaciones en la línea de tiempo e información de ubicación.

El abogado penalista y profesor de Derecho Penal y de Delitos Informáticos en la Universidad de Montevideo, Martín Pecoy, dijo a Cromo que los pedidos pueden ser múltiples. En muchas ocasiones se limita a la dirección IP. Se trata del número identificador de una conexión que permite saber el lugar donde se originó la comunicación.

WhatsApp es la aplicación más utilizada por los uruguayos.

“Es una herramienta fundamental de muchos casos porque en algunas circunstancias permite la localización geográfica, pero difícilmente brinde acceso a las comunicaciones privadas de los usuarios”, indicó Pecoy.

Cuando un usuario activa la ubicación de un dispositivo, permite que las plataformas sepan el historial de coordenadas en donde estuvo el usuario. Es una herramienta indispensable para encontrar a los ciberatacantes.

Casos prácticos y la Operación Océano

En 2010 hubo un pedido de información a las grandes plataformas que permitió acceder al número IP de una persona denunciada, que permitió geolocalizarla y fue una “prueba determinante” para poder capturarlo.

“Luego de un seguimiento de los sitios web visitados por el encausado se realizó un allanamiento en su domicilio, diligencia en la cual se incautó  un PC y un noteebok de su propiedad, los que periciados arrojaron que contenían cientos de archivos de fotos y videos de pornografía infantil”, dice la sentencia a la que Cromo tuvo acceso.

El gobierno busca saber datos de los usuarios pidiéndole información especial para resolver casos judiciales.

Más cerca en el tiempo también se han hecho solicitudes. Algunas refieren a la comentada Operación Océano, el proceso judicial que comenzó en 2019 que investiga la explotación sexual de menores en Uruguay. Darviña Viera, la fiscal a cargo del tema, dijo a este medio que se les han pedido datos de cuentas y “excepcionalmente” pueden llegar a dar contenidos.

La Justicia también pidió datos a las plataformas en un caso de un adolescente en donde se investigaron delitos de violencia privada o extorsión como actos preparativos de un secuestro. “Las pericias son concluyentes en cuanto a la dirección de IP finalmente concedida por Google en Estados Unidos atento al tono amenazante de los últimos dos mails. Luego es ubicada por Antel, por el número de contrato de ADSL y está vinculado al usuario”, señala la sentencia nº 96 hecha en 2020.

Si no hay regulación, difícil que den más datos

Los abogados consultados aseguran que uno de los problemas que tiene el ciberdelito  en general es la “trasnacionalidad de las conductas”. Significa que muchas de las estafas que suceden en internet obligan a los que imparten justicia a disponer en forma permanente y rápida los datos de los involucrados.

Y disponerlos rápido no es tan sencillo. “Se necesitan acuerdos de cooperación judicial internacional”, comentó Pecoy. O mecanismos que están previstos en el convenio de Budapest, que entró en vigor en 2004 y busca atacar los delitos informáticos. Uruguay aún no refrendó ese acuerdo.

“El gran inconveniente que se presenta habitualmente en las investigaciones es la inexistente regulación de internet, que provoca el problema de que algunas corporaciones internacionales como Facebook someten a su consideración y criterios los pedidos de información, generándose en ocasiones demoras o directamente indisponibilidad de las probanzas necesarias para perseguir el delito informático”, manifestó Pecoy.

Leyes que ataquen este tema se tornan indispensables. Hace poco, el diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal  presentó el quinto intento en la última década que intenta regular los ciberdelitos. Si bien para los abogados penalistas “es una buena noticia” y tiene puntos trascendentes para legislar, no aborda la celeridad en las respuestas de los gigantes tecnológicos a la hora de pedirles información.

“Extrañamente el proyecto se enfoca en la tipificación y en proponer medidas de concientización, pero no encara la esencial cooperación judicial internacional, que en estas cuestiones transnacionales es más que crucial”, opinó el abogado Pecoy.  

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