La ley que modifica el régimen de zonas francas volverá a la comisión de Hacienda del Senado a pedido de Presidencia realizado la semana pasada, en momentos en que estaba a punto de ser ratificada por el pleno de la cámara alta. Fuentes del gobierno dijeron a El Observador que la decisión se tomó para corregir sobre todo aspectos tributarios de las zonas francas del interior del país. La legislación, que cambiará la denominación de esos espacios que pasarán a llamarse Zonas Económicas Especiales (ZEE), ha concitado enfrentamientos entre el oficialismo y empresarios.
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron a El Observador que desconocían que el proyecto hubiera regresado a comisión y que, desde que salió de esa instancia y arribó al plenario de la cámara alta, no estaban previstos introducir nuevos cambios, más allá de los últimos implementados en la redacción final del proyecto.
El senador oficialista, Enrique Rubio, miembro de la Comisión de Hacienda, confirmó a El Observador que el texto salió del plenario a pedido de Presidencia. Otro senador, Carlos Baráibar, también ratificó la versión y añadió que la ley de ZEE no es ahora prioridad de la comisión. “Primero está la ley de bancarización”, indicó el legislador frenteamplista.
Desde la Cámara de Zonas Francas aseguraron a El Observador que desconocen los motivos de la decisión. “Nosotros habíamos acordado el texto con el MEF y los senadores. No sabemos cuál es la razón” de los últimos movimientos, dijo la fuente. Al igual que el MEF y los legisladores, en el Senado no han recibido detalles sobre la decisión de Presidencia.
El proyecto de ley había sido aprobado por unanimidad por la Comisión de Hacienda el 27 de febrero y el Senado votó el retorno a esa comisión el 18 de marzo, en una moción a pedido del senador Rubio, cuando debía darse su aprobación definitiva.
La ley que modifica el régimen de zonas francas ha tenido también distintos puntos de vistas entre los empresarios. Carlos Lecueder, representante de WTC Free Zone, comentó durante una comparecencia en la Comisión de Hacienda que “está de acuerdo” con todos los artículos que hacen referencia al sector de servicios. El presidente de Zonamérica, Orlando Dovat, en cambio, señaló que la ley es “inconveniente e innecesaria”.
En tanto, Luis Calachi, de la Zona Franca de Florida, ha representado el malestar de las zonas francas del interior, especialmente por las condiciones impositivas. “El cerno de la cuestión es que las zonas francas son régimen de excepción, y en estos se dan por entendido en todas partes del mundo que no se debe pagar impuestos”, argumentó el empresario.
De la mano de Lorenzo
La nueva legislación nació durante la gestión del ahora exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, quien anunció en diciembre de 2012, con motivo de los 25 años de la Ley de Zonas Francas promulgada en 1987, la intención de derogar la ley 15.921 para introducir cambios al régimen actual. Por entonces, el MEF confeccionó un texto que reformulaba la normativa para la instalación de nuevos emprendimientos y la toma del personal, e introducía áreas temáticas donde la tecnología y la innovación tendrían un papel preponderante. Además, se propuso el cambio de nominación de Zona Franca por Zonas Económicas Especiales.
Los empresarios rechazaron desde un principio el cambio en el régimen al aducir que se exponía a Uruguay a juicios por posibles reclamos de inversores. En un documento de enero de 2013 de la Cámara de Zonas Francas, se asegura que la derogación de la ley actual es “innecesaria, inconveniente y errónea”, y que “generará incertidumbre jurídica por la aplicación inmediata de la nueva ley a situaciones regidas por la anterior, afectando derechos adquiridos”. También que podría perturbar los tratados internacionales suscriptos por Uruguay.
Para la aprobación en la Comisión de Hacienda, oficialismo y oposición acordaron la modificación del artículo 7° que hace referencia a las potestades de contralor estatal sobre el pago de tributos. Se resolvió además eliminar el inciso final del artículo 26°, que permitía al Poder Ejecutivo acortar los plazos de concesión preacordados.
De cualquier forma, el proyecto de ley actual no apunta a derogar la legislación como tal, como se previó en un momento. Esto, según los empresarios, permite conceder al texto mayor seguridad jurídica.
