Protocolos y represión policial

Nuestro país ha sido destacado tanto a nivel regional como mundial en esta pandemia, como uno cuyo gobierno ha sabido llevar adelante la emergencia sanitaria, apelando a la responsabilidad social y al compromiso ciudadano.

La no adopción de medidas drásticas de confinamiento obligatorio y el permanente seguimiento de los casos detectados y sus posibles derivaciones y contagios, ha supuesto ubicarnos dentro de una calificación ciertamente favorable. Sin apelar a medidas prontas de seguridad —previstas en nuestro ordenamiento jurídico legal y constitucional para casos excepcionales— se han intentado manejar con mesura y equilibrio las decisiones políticas para no agravar más las ya muy desalentadoras consecuencias económicas con que la nueva realidad ha golpeado a muchas actividades. Los recursos financieros —siempre escasos— se han dispuesto para ofrecer subsidios y atender situaciones de pérdida de empleos y cierre de actividades, donde la vulnerabilidad social de muchas familias ha quedado de manifiesto.

La permanente participación del Grupo Asesor Científico Honorario, ha significado un aporte de excelencia en la adopción de esas medidas que, en definitiva, honra la mejor tradición de nuestros mayores, comprometidos en lograr el bienestar general. Así, se han ido habilitando actividades y regresando paso a paso a la anterior “normalidad”, teniendo en claro que no será posible lograr “un riesgo cero” de contagio, pero cuidando de tomar en cuenta conductas de mayor precaución a la hora de compartir actividades de tipo social. Porque estos especialistas son también contestes en sostener que, el inicial “quédate en casa”, como apuntar a un aislamiento cuasi absoluto, trae secuelas no solo de orden económico, sino además daños psicológicos que también hay que prevenir y en lo posible evitar o atenuar. De allí que habrá que volver a la “presencialidad” en muchas actividades, entre ellas la educativa, en la que las autoridades de la enseñanza tendrán que adoptar posición.

Siendo los seres humanos sociables por naturaleza, la experiencia de esta pandemia que ha afectado al mundo, nos obliga a adoptar precauciones que tal vez vayan contra algunas de nuestras costumbres, pero que hacen, en definitiva, a conservar nada menos que nuestra salud, y ello no es cuestión menor.

El respeto a los protocolos sanitarios tiene relación con la libertad y también con el uso de los espacios públicos. Los incidentes que se produjeron en una plaza de nuestra ciudad capital, en los que resultaron heridos efectivos policiales —que pretendieron disuadir aglomeraciones inconvenientes y así evitar posibles contagios— no debiera servir para reacciones destempladas de algunos ciudadanos, quienes ven en esos controles el ejercicio de una supuesta “represión policial” y otros la oportunidad política de “dar palo a la policía” e interpelar al ministro del Interior...“ya que estamos”.

Cabe legítimamente preguntarse cuál hubiera sido su reacción si se hubieran adoptado medidas de confinamiento obligatorio, y no se hubieran mantenido las libertades y derechos de los ciudadanos como hasta el presente. ¿Cuál habría sido entonces y en tal caso, su conducta?