Qué dicen los diputados de la coalición que se oponen a despenalizar la eutanasia

A menos de una semana de presentado, un proyecto de ley que busca eliminar "la antijuridicidad" de estas prácticas –es decir que en determinadas circunstancias dejen de ser consideradas un delito– genera resistencia dentro de la coalición de gobierno.

Consultados por El Observador, legisladores del Partido Nacional y de Cabildo Abierto dijeron que están en contra de la iniciativa del diputado colorado Ope Pasquet y adelantaron que no la votarán cuando sea discutida en el Parlamento.

El primer artículo propone que esté "exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones de la presente ley y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o la ayude a darse muerte".

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi entiende que de este modo se le abre "peligrosamente" la puerta a "los abusos y manipulaciones hacia el paciente terminal que está en situación vulnerable" y, en consecuencia, cree que la libertad de los enfermos se verá "condicionada". 

Goñi adelantó que la consideración del proyecto "insumirá mucho tiempo", porque a su juicio "no se trata solo de un tema jurídico sino que involucra cuestiones éticas muy complejas y valores fundamentales, como la libertad, la salud y la dignidad humana, además de aspectos esenciales en la profesión médica y la relación con el paciente".

“Será necesario escuchar la opinión de expertos en bioética, colegios médicos y asociaciones de cuidados paliativos, y por qué no de las tradiciones espirituales, quienes tienen mucho para aportar en el acompañamiento de los enfermos terminales”, expresó.

Según el legislador blanco, su postura es compartida por algunos de los integrantes de la bancada del Partido Nacional en Diputados, aunque de momento el lema no ha formulado una postura oficial. Como antecedente está la "prohibición absoluta" de la eutanasia activa decretada en 1992, cuando el presidente era Luis Alberto Lacalle.

El proyecto de ley de los colorados también es resistido a título personal por algunos de legisladores de Cabildo Abierto, partido que el 15 de febrero debutó en el Parlamento con tres senadores y 11 diputados. 

El diputado Rodrigo Albernaz aseguró que está "abierta e inamoviblemente" en contra de la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. "Los legisladores tenemos el deber de hacer propuestas para mejorar la vida y el sufrimiento de los ciudadanos, no promover una política de muerte y promocionarla como si eso fuera algo heroico", manifestó. 

Se refirió a una entrevista que concedió al semanario La Mañana a mediados de febrero –antes de que fuera presentado el proyecto de ley– en la que afirmó que se veía "venir" que este tema iba a estar en agenda en esta legislatura. Según dijo a El Observador, "desde hace tiempo" cree que esta y otras iniciativas son promovidas desde el extranjero por "centros de poder", tal como planteó Guido Manini Ríos en campaña sobre algunas de las leyes sociales compiladas en la denominada "agenda de derechos". 

Por ahora, la ley de Voluntad Anticipada reconoce el derecho de toda "persona mayor de edad y psíquicamente apta", así como de los pacientes con una "patología terminal, incurable e irreversible", a suspender el tratamiento, sin que ello signifique dejar de recibir los cuidados paliativos correspondientes. Si el médico interviniera para adelantar la muerte de estas personas cometería el delito de "Determinación o ayuda al suicidio", que puede ser penado con hasta seis años de cárcel. 

Para Albernaz, la despenalización de estas prácticas con el consentimiento del paciente "es una base cosmética fácil de vender y moralmente aceptable que sienta las bases para una política de muerte". El diputado salteño cree que si el proyecto de ley es aprobado, en el futuro será menos "reprochable" que también se legalicen la eutanasia y el suicidio asistido "por decisión de los familiares", lo que "vulneraría los derechos" del enfermo. 

Por eso el legislador espera que los parlamentarios del Partido Nacional y Cabildo Abierto se unan para que el proyecto de ley no prospere. "Creo que con blancos y cabildantes compartimos las mismas leyes morales y principios humanitarios. Supongo y espero que ellos tampoco acompañen la idea", sostuvo. 

En el mismo sentido se expresó el también diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal, a quien la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido le genera "sentimientos muy encontrados". Si bien no leyó el proyecto de ley de los colorados, en términos generales no cree que esté "en línea" con su "forma de pensar" y su "posicionamiento ideológico". 

¿Qué plantean los diputados de Ciudadanos?

Aunque el autor del texto es Pasquet, también está firmado por otros cuatro diputados del sector Ciudadanos: Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Laura Baccino y Walter Cervini. El proyecto de ley se inspiró en Fernando Sureda, exdirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol que padece de esclerosis lateral amiotrófica e inició una campaña para poder acceder a lo que él considera "una muerte digna".

"La realidad muestra que hay situaciones en las que quien quiere consciente y deliberadamente dejar de vivir para dejar de sufrir, necesita ayuda para hacerlo, sea porque le resulta físicamente imposible suicidarse, sea porque no quiere emplear métodos violentos para hacerlo y no tiene acceso a otros, sea porque quiere que la ayuda médica le dé la absoluta certeza de lograr el fin perseguido, sea por cualquier otra razón de similar naturaleza", expresan los colorados en la exposición de motivos. 

Los cinco legisladores consideran que "la respuesta mínima que el Estado debe dar a estos casos de dolor y angustia consiste en no castigar a los médicos que libremente acepten ayudar a quienes en las circunstancias y con arreglo a los procedimientos que la ley determina, les piden asistencia para dejar de vivir". 

El proyecto de ley parte de la base de que "es un secreto a voces" que la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido "han existido siempre y existen hoy en Uruguay", aunque ocurran "clandestinamente y en penumbras".

Por eso, artículo por artículo pretenden regular ambas prácticas, obligando a los médicos a dar información "veraz, completa y comprensible" acerca de los tratamientos paliativos disponibles y estableciendo en qué casos y en qué circunstancias no se penalizaría al médico. 

La contrapropuesta 

Tanto Goñi como Albernaz insistieron en la necesidad de reforzar la cobertura de los cuidados paliativos. El legislador nacionalista señaló que la solución se encuentra "en el actual desarrollo de la tecnología y ciencia de vanguardia", lo que incluye la sedación del paciente terminal, pero no la asistencia de los médicos para adelantar su muerte. El diputado de Cabildo Abierto, en tanto, considera que el Estado debería destinar más presupuesto a los cuidados paliativos. 

En los últimos años, este tipo de cobertura se amplió de manera considerable. Según los datos provistos por la administración saliente, encabezada por el expresidente Tabaré Vázquez, cada año se captan 16.250 pacientes nuevos.

Mientras que en 2011 el sistema de cuidados paliativos alcanzaba a cubrir a 18% de los potenciales beneficiarios, desde entonces se mantuvo una tendencia creciente. Uruguay cerró el 2019 con 59% de los casos cubiertos. 

La OMS define este tipo de tratamiento como el más apropiado para “el paciente con enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran mayor importancia".