La bancada del Partido Nacional en el Senado celebra por estas horas la aprobación de la Rendición de Cuentas y se prepara para su próximo desafío a corto plazo: la defensa del gobierno en el llamado a sala de la próxima semana, en la que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, deberá encabezar en régimen de comisión general la respuesta oficial sobre el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.
Los blancos esperan superar ese escollo para así afrontar la prioridad legislativa que se fijaron para el último tramo del año: la discusión y aprobación del proyecto de reforma del sistema previsional que, antes de fin de mes, deberá enviar el Poder Ejecutivo. El tratamiento de este asunto se asumió como de máxima importancia para la coalición de gobierno y dejará todos los demás temas de lado. Para hacerlo, se replicará el mecanismo aplicado para discutir la Ley de Urgente Consideración (LUC): una comisión especial ampliada que se reúna todos los días hasta aprobar el proyecto.
El plazo es ajustado. El 15 de diciembre comienza el receso parlamentario. Y, según dijo a El Observador el senador Jorge Gandini, "los tiempos políticos" no darán para afrontar en 2022 otro proyecto que dividió a los nacionalistas como a ningún otro partido: la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. En Diputados, el proyecto contó este jueves con el apoyo de seis de los 30 legisladores nacionalistas, que tuvieron que acordar ciertos parámetros mínimos para que la discusión en sala no derivara en conflictos internos.
Esa división se reiterará en el Senado, dado que los nacionalistas piensan seguir aplicando la libertad de acción y no forzar una postura unificada. Así lo confirmó el senador Gustavo Penadés.Según pudo corroborar El Observador, la mitad de la bancada nacionalista (cinco senadores) tiene pensado votar afirmativo. Otros tres están indecisos. Descontando el apoyo de la mayoría de los 13 senadores del Frente Amplio y de - por lo menos - un senador colorado, habría mayoría suficiente para sancionar la ley.
Todo eso será a mediados del año que viene. Todos los partidos coinciden en que la discusión previa en la Comisión de Salud –que comenzaría al retorno de las actividades el 15 febrero– llevará varios meses. Los detractores de la ley ya tienen en carpeta convocar a por lo menos 25 organizaciones que, según dicen, no pudieron dar su visión en Diputados.
Más allá del resultado, en la ecuación no entra la posibilidad de un veto presidencial a la ley eutanasia, según entienden senadores del Partido Nacional. El veto ha venido siendo reclamando –con insistencia y por lo bajo– por parte de algunos nacionalistas y públicamente por Cabildo Abierto Fue un pedido expreso señalado por el senador Guido Manini Ríos el pasado 8 de setiembre, luego de una decisión orgánica de su partido. Este jueves el excomandante volvió a cuestionar al proyecto luego de su aprobación en Diputados.
"La cultura de la muerte da un nuevo paso", lamentó Manini vía Twitter. "En un país que lidera en cantidad de suicidios, la señal que se da es que hay seres humanos que sobran". El senador "saludó" la decisión de los once diputados de su partido que rechazaron en bloque la legalización.
Algunos senadores blancos descartan de plano que Luis Lacalle Pou llegue a ese extremo porque sería ir en contra de la voluntad de buena parte de su propia bancada. Según Gandini, se trata de una posibilidad que no se maneja, al recordar que Lacalle jamás precisó públicamente su posición sobre el tema. "Si pensara vetar la ley, ya lo habría anunciado", razonó el senador.
A fines de abril el presidente había ratificado que esperaría el final del trámite parlamentario para expresar su postura y decidir "si vetar o no" la ley luego de conocer su alcance. "Conceptualmente creo que todos somos defensores de la vida", se había limitado a expresar en rueda de prensa.
El resultado de este jueves no conformó al diputado Rodrigo Goñi, uno de los máximos referentes de la oposición al proyecto de ley. Más allá de la derrota, el legislador insistirá ante un planteo interno que había realizado y que no tuvo eco: que la Convención Nacional se reúna a analizar el tema. Goñi había planteado el tema a finales de agosto, pero el directorio nacionalista descartó su planteo.
Su intención es que los dirigentes escuchen de primera mano las opiniones de los convencionales de todo el país y así analicen las implicancias jurídicas, sociales y morales de la aplicación de la eutanasia.
Los blancos promovieron la inclusión en esta Rendición de Cuentas de una partida de $ 40 millones para permitir el comienzo de la aplicación de la ley de Cuidados Paliativos. La propuesta tiene la aprobación de Diputados, cuenta con un importante avance en el Senado, y es vista por los detractores de legalización de la eutanasia como una vía a agotar antes que recurrir a la muerte asistida.
Se trata de un mecanismo que, según cifras del Ministerio de Salud Pública, está lejos de estar masificada. Solo el 53% de los uruguayos está en condiciones de acceder a este tipo de cuidados. En el caso de los menores, el acceso baja al 31%. Además solo el 3% de las personas que logran recibir cuidados paliativos lo hacen a través del mecanismo previsto en la ley de Voluntad anticipada, vigente desde 2013.
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