"No es digno morirse ahogado, ni hacer sufrir a tu familia, permitir que tu familia sufra tanto. Yo decidí que soy dueño de mi vida y entiendo que puedo decidir cuándo puedo terminar con ella". Con estas palabras Fernando Sureda, el exdirigente de la AUF que padece de esclerosis lateral amiotrófica, quiso poner en agenda la despenalización de la eutanasia. En la segunda mitad de 2019 se reunió con médicos y se contactó con políticos con este propósito, para poder acceder a lo que él consideraba "una muerte digna".
El diputado colorado Ope Pasquet fue uno de los dirigentes a los que Sureda contactó. Pero aunque al legislador le "impresionó mucho la iniciativa", según dijo a El Observador, en plena campaña electoral "no estaba en condiciones de dedicarle la atención que merecía". Este miércoles, sin embargo, presentó un proyecto de ley para despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido inspirado en el caso de Sureda.
Aunque el autor del texto es Pasquet, también está firmado por otros cuatro diputados del sector Ciudadanos: Felipe Schipani, María Eugenia Roselló, Laura Baccino y Walter Cervini. "No está planteado como una iniciativa del Partido Colorado o sectorial", acotó el legislador, quien antes de hacer público el proyecto de ley reunió a sus compañeros de bancada para saber si querían presentarlo en conjunto.
En la historia del país el debate se planteó una y otra vez, pero siempre triunfó la negativa. En Uruguay la eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos: los médicos de pacientes terminales están obligados a continuar el tratamiento "con la misma responsabilidad y dedicación" que en los demás casos, según el Código de Ética Médica, que tiene carácter de ley (N° 19.286).
Además, durante el mandato de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) se decretó la “prohibición absoluta” de la eutanasia activa (n°258/92), una postura que fue refrendada por el artículo 197 del decreto 455 de 2001, cuando el presidente era Jorge Batlle. Para quienes determinen el suicido de una persona o la ayuden a cometerlo, el artículo 315 del Código Penal establece una pena de entre seis meses de prisión a seis años de penitenciaría.
La discusión parlamentaria
El constitucionalista Eduardo Esteva –quien colaboró con la Universidad Autónoma de México en la publicación Eutanasia. Panorama internacional– vaticinó que "el tema dividirá las opiniones entre Iglesia Católica y librepensadores" si el proyecto de Pasquet es tratado en el Parlamento.
Por lo pronto, legisladores del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado consultados por El Observador no quisieron manifestarse a favor o en contra de la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, aunque dijeron que es un tema que admite discusión.
Esteva explicó que hay sectores y partidos que –fundados en el librepensamiento– históricamente han defendido el reconocimiento de la eutanasia como un derecho, como el Partido Socialista.
Si bien rige desde 2013 la ley de voluntad anticipada (también llamado testamento vital), que reconoce el derecho de toda "persona mayor de edad y psíquicamente apta" a no recibir ningún tratamiento o suspenderlo, en el anterior período legislativo (2005-2009) esa iniciativa había sido rechazada. En la Cámara de Representantes, el frenteamplista Luis Gallo (FA) y los nacionalistas Miguel Asqueta (el actual director general de Salud Pública), Pablo Abdala y Álvaro Vega dejaron constancia en aquella oportunidad que no se trataba de regular la eutanasia.
En Uruguay desde 1934 se prevé como supuesto de perdón judicial, "el homicidio piadoso". Desde entonces comenzó a desarrollarse "un debate con fuertes connotaciones filosóficas, religiosas e ideológicas, respecto de la solución adoptada y fueron expuestas opiniones polares, llamadas reaccionaria y progresista en materia de aborto y de eutanasia", recordó Esteva en el escrito para la Universidad Autónoma de México.
El Observador
La discusión ética
Ni siquiera entre los médicos hay consenso: Pasquet aseguró que en las últimas horas, después de presentar el proyecto de ley, recibió la misma cantidad de elogios que de críticas.
Uno de los más enfáticos en manifestar su apoyo fue el neurólogo Federico Preve, que en las pasadas elecciones asesoró al candidato frenteamplista Daniel Martínez e integra el Comité Ejecutivo del SMU. "Como persona de izquierda, felicito y apoyo la iniciativa de Ciudadanos. (...) La buena muerte no tiene banderas, debe ser un derecho; ser digna y libre", escribió en Twitter.
En 2015 Preve fue uno de los médicos que quiso "instalar la discusión" acerca de la despenalización de la eutanasia, según informó El País. Y en una columna publicada por La Diaria en setiembre de 2019, el neurólogo escribió que "avanzar en un marco legislativo hacia una muerte digna, incluyendo cuidados paliativos, eutanasia y suicidio asistido, es no solo una necesidad, sino un derecho que no tenemos y debemos conquistar".
El argumento de Pasquet es similar. En la exposición de motivos escribió que el proyecto de ley se sostiene "sobre la base de la dignidad y la libertad de la persona", dos derechos contemplados en los artículos 7 y 72 de la Constitución.
"La realidad muestra que hay situaciones en las que quien quiere consciente y deliberadamente dejar de vivir para dejar de sufrir, necesita ayuda para hacerlo, sea porque le resulta físicamente imposible suicidarse, sea porque no quiere emplear métodos violentos para hacerlo y no tiene acceso a otros, sea porque quiere que la ayuda médica le dé la absoluta certeza de lograr el fin perseguido, sea por cualquier otra razón de similar naturaleza", explicó el diputado.
En cambio, quienes están en contra de estas prácticas entienden que el tratamiento adecuado son los cuidados paliativos. La OMS define este tipo de tratamiento como el más apropiado para “el paciente con enfermedad avanzada y progresiva, donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales, cobran mayor importancia".
Uno de los referentes mundiales en esta especialidad médica, el español Marcos Gómez Sancho, dijo a El Observador en diciembre de 2017 que los cuidados paliativos son "la antítesis" de la eutanasia, a la que definió como una práctica "antiética, antideontológica".
En este sentido, Pasquet explicó que al redactar el proyecto de ley se inspiró en la legislación de otros países. Como propone la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, los médicos no tendrían que ampararse en la objeción de conciencia. Simplemente no sería penado el profesional que le diera muerte o ayudara a morir a una " persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables" que así lo deseara.
