Qué plantea el proyecto de telemedicina que aprobó Senado y pasó a Diputados

Si la norma es aprobada, el Ministerio de Salud Pública deberá determinar los protocolos de actuación para cada uno de los servicios de telemedicina en un plazo de 90 días.

El proyecto de ley consta de nueve artículos y fue presentado en la pasada legislatura (2015-2020) por el diputado nacionalista Martín Lema, el actual presidente de la Cámara de Representantes. En setiembre de 2019, el proyecto recibió el voto unánime de todos los representantes nacionales, pasó al Senado, pero no llegó a tratarse en la Cámara Alta antes de que terminara el pasado período legislativo. 

La senadora nacionalista Carmen Asiaín, quien ocupa la banca del presidente Luis Lacalle Pou, solicitó este lunes el desarchivamiento del proyecto de ley presentado por Lema, lo que permitió que fuera tratado este martes en sesión extraordinaria.

La intención del gobierno es extender rápidamente esta práctica a todo el país y a todos los prestadores –tanto públicos como privados– para evitar al máximo las aglomeraciones en los centros de salud, además de asistir a las personas alejadas de centros poblados. La concentración de personas es uno de los factores que más incide en el contagio del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

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Si bien en Uruguay es una práctica más o menos extendida, no hay un criterio único o protocolo que diga cómo se tiene que desarrollar. El proyecto votado este martes propone “establecer los lineamientos generales para la implementación y desarrollo  de la telemedicina como prestación de los servicios de salud”. En esta línea, pretende que con el "consentimiento expreso de cada paciente por cada acto médico a realizarse", todas las instituciones de salud ofrezcan a los pacientes el servicio.

“El paciente deberá otorgar consentimiento expreso para la realización de tratamientos, procedimientos y diagnósticos, así como para la información e intercambio de la información personal que se desprenda de sus historias clínicas”, indica el proyecto y agrega que ese consentimiento puede ser revocado en cualquier momento por el paciente. Si es menor, las disposiciones recaen sobre sus padres o tutores.

Si se trata de médicos que están en el exterior, el profesional consultado deberá acreditarse ante el prestador del que el paciente es usuario y “estar debidamente registrado y habilitado para ejercer la profesión en su país de residencia”. 

“La telemedicina es una herramienta complementaria, que tiende a eliminar barreras geográficas entre el paciente y el especialista. Su utilización es muchas veces determinante en el tratamiento de una patología o incluso en la protección del derecho a la vida”, indicó el diputado Lema en la exposición de motivos del proyecto de ley.

La Agencia de Gobierno electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) junto con Presidencia y los ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas comenzaron reuniones en 2018, cuando el presidente era Tabaré Vázquez, para tratar este tema y buscar modos de ejecución de la teleasistencia.

“El campo de la telemedicina es muy amplio, tiene muchos atractivos interesantes para desarrollar y es importante tener estas reuniones de trabajo para comprender las necesidades qué hay y cómo se pueden solventar”, había afirmado a El Observador José Clastornik, director de Agesic, en octubre de 2018. 

En los primeros 10 días desde que se decretó la emergencia sanitaria por el coronavirus, las autoridades sanitarias exhortaron a la población a llamar a la emergencia médica en caso de sospechas de tener la enfermedad, en vez de ir a la institución o pedir que los profesionales fueran a su casa. Aunque por definición esto es telemedicina, en realidad constituye un pequeño eslabón en la cadena, ya que en China y otros países que han avanzado en la técnica, utilizan la videollamada como herramienta fundamental, entre otras opciones tecnológicas.

Si la telemedicina es regulada, el Ministerio de Salud Pública tendrá que definir pautas claras de actuación para todos los prestadores que integran el sistema. En la sesión de este martes, el senador socialista Daniel Olesker mostró su disposición a colaborar en este proceso y dijo que supone "un paso más" en la reforma del sistema que emprendió el Frente Amplio en 2007.