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Rechazan una demanda de México contra fabricantes de armas norteamericanos
Un juez de Estados Unidos desestimó la demanda por US$ 10 mil millones presentada por el estado mexicano que buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar la avalancha de armas que se contrabandean a través de la frontera entre Estados Unidos y México a los cárteles de la droga.
En su demanda de agosto de 2021, México estimó que el 2,2 % de los casi 40 millones de armas fabricadas anualmente en Estados Unidos se introducen de contrabando en México, de las cuales unas 597.000 armas son fabricadas por los acusados mencionados en la demanda, Smith & Wesson, Ruger y Sturm, Barrett, Colt, Glock y otros.
Según estimaciones de México, solo en 2019, al menos 17.000 homicidios estuvieron vinculados al tráfico de armas desde Estados Unidos.
“Si bien la Corte siente una simpatía considerable por el pueblo de México, y ninguna por los que trafican armas a las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir con la ley”, dijo el juez principal F. Dennis Saylor en una decisión de 44 páginas rechazando la demanda, anunciada en la Corte federal en Boston el viernes.
Saylor dijo que la ley federal prohíbe “inequívocamente” las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas cuando las personas usan armas para el propósito previsto. Dijo que la ley contenía varias excepciones limitadas, pero ninguna se aplicaba.
La decisión es una victoria para los fabricantes de armas que fueron acusados de socavar las estrictas leyes de armas de México al diseñar, comercializar y vender armas militares, armas de asalto del estilo que usan los cárteles de la droga.
La secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que apelará la decisión “y seguirá insistiendo en que la venta de armas sea responsable, transparente y responsable, y que la forma negligente en que se venden en Estados Unidos facilita el acceso de los delincuentes a ellas”.
“Esta demanda del gobierno mexicano ha recibido reconocimiento mundial y ha sido considerada un punto de inflexión en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la experiencia de violencia en México y la región”, dijo el ministro.
El gobierno mexicano argumentó en su demanda que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan y exigía una compensación por los estragos que las armas han causado en su pueblo.
En la demanda se afirmaba que el contrabando de armas ha sido un factor clave para que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial en el número de muertes anuales relacionadas con armas de fuego.
También afirmó sufrir muchos otros daños, incluida la disminución de la inversión y la actividad económica y la necesidad de gastar más en la aplicación de la ley y la seguridad pública.
Pero el juez Saylor dictaminó que México no podía superar una disposición de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCCA, que protege a los fabricantes de armas de juicios por “el daño causado únicamente por el mal uso delictivo o ilegal de productos de armas de fuego… por parte de otros cuando el producto funcionó según lo diseñado y previsto”.
México argumentó que la ley de protección de Estados Unidos no se aplicaba cuando se producía una lesión fuera de Estados Unidos, pero la Corte rechazó esa pretensión afirmando que “México busca responsabilizar a los acusados por prácticas que ocurrieron dentro de los Estados Unidos y solo resultaron en daños en México, este caso, por lo tanto, representa una aplicación interna válida de la PLCAA, y la presunción contra la extraterritorialidad no se aplica”.
La venta de armas de fuego está severamente restringida en México y controlada por el Departamento de Defensa. Pero miles de armas son contrabandeadas a México cada año por los poderosos cárteles de la droga del país.
