El Poder Ejecutivo negocia contra reloj con los socios de la coalición para que el salvataje propuesto para la Caja de Profesionales aterrice entre humo blanco a las 10 de la mañana en la sesión extraordinaria del próximo lunes en Diputados. El ida y vuelta de borradores inundaba este jueves los chats de WhatsApp entre legisladores, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie.
El gran nudo de las conversaciones está siendo el pedido del Partido Colorado y Cabildo Abierto para "bajar la contribución de los pasivos" y que a cambio el gobierno compense con un mayor desembolso de dinero. "El principal cambio estará en el artículo de la reforma referido a la asistencia que el gobierno le otorgará a la Caja de Profesionales", confirmó el ministro Pablo Mieres a El Observador.
El diputado colorado Conrado Rodríguez, uno de los portavoces del partido en las negociaciones, sostuvo que "hay una decisión de llevar a tasa plana la contribución de los pasivos, que significa tener una tasa única y no una progresiva como se había fijado en el mensaje original, porque la aportación que hacen en el ejercicio liberal de sus profesiones es distinta a la de aquellos que están en actividades amparadas por el BPS".
"Los profesionales aportan por fictos y no necesariamente por lo que ganan. No nos parecía justo que aquellos que habían hecho un gran esfuerzo para estar en las categorías más altas, le quitemos recursos de sus trabajos para pagar una tasa más alta, cuando no necesariamente esos profesionales habían ganado dinero por su profesión. La tasa plana nos parece de mayor justicia", dijo Rodríguez a El Observador.
Leonardo Carreño
Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado
El sistema de tasa plana –que suplantaría la escala progresiva en que alguien que gana menos de $33.960 pagaría tasa cero y, progresivamente, quien excede los $113.200 alcanzaría una tasa del 10%– tiene el visto bueno del Ejecutivo, aunque aún deben acordar en el número. "Si la tasa se toma en un 7,5%, no deberían cambiarse tanto los ingresos", expuso al respecto el ministro Mieres.
El Partido Colorado, sin embargo, pide llevarlo al 6%. "Hemos buscado fórmulas para actualizar los timbres profesionales en un porcentaje razonable que puede ser de entre un 4% y un 5%, pero excluyendo a aquellos asociados a la salud, porque entendemos que eso encarecería el acceso a la salud", indicó el batllista Rodríguez. "Con esa fórmula, lo que se recaudara tendría que ir para disminuir la tasa de aportación de pasivos", explicó.
Sin embargo, responde Mieres, el gobierno se ha negado a contemplar esa posibilidad en las últimas versiones manejadas por WhatsApp bajo la premisa de que tocar los timbres por requerir servicios profesionales afectaría a pequeñas empresas. "La última fórmula que elevamos al Poder Ejecutivo es que se lleve la tasa al 6% y que eso se compense con mayor asistencia financiera por parte del Estado. Sería un aporte de la sociedad, pero distinto al que se hace cuando requiere del servicio del profesional", afirmó el diputado colorado.
También Cabildo Abierto se mantiene firme en retocar ese mayor aporte de los jubilados, llamado en la ley como "contribución pecuniaria" y al que los conducidos por Guido Manini Ríos han referido como "el segundo IASS", según consta en el documento con propuestas entregado por el diputado Martín Sodano al gobierno, y al que accedió El Observador.
El pedido cabildante consiste en sustituir esa contribución "por una prestación a cargo exclusivamente de jubilados profesionales en carácter de aportación complementaria a la efectuada, por un periodo de tiempo acotado hasta completar 40 años entre los años de aportación de montepío y el aporte de la contribución propuesta". Eso sería a una tasa del 3% sobre el valor del sueldo ficto correspondiente a la última categoría de aportación previo a la jubilación y aplicaría para todos los actuales jubilados.
"Contempla que el aporte sea por menos años a quienes hayan aportado un número mayor de años que los mínimos exigidos. Al hacerse sobre el sueldo ficto, la tasa respecto al monto de la jubilación será menor en aquellos que se hayan jubilado con mayor edad y con mayor cantidad de años de aportes, siendo de esta forma más justo", adució Cabildo Abierto.
Otro pedido cabildante es bajar al 18% el aporte personal de los activos de la Caja de Profesionales a partir de 2024. El actual régimen supone una contribución del 16,5%, mientras que el texto del Poder Ejecutivo busca llevarlo al 19%. No obstante, sugieren que se mantenga "la posibilidad de aumentar de 0,5 a 1% anual a partir de 2025".
Como contraparte, Cabildo Abierto busca establecer una "contribución a cargo de Rentas Generales del 125% del aumento de aportes de activos". Es decir, si los activos ponen $100, que el Estado ponga $ 125. En el proyecto del gobierno ese aumento del aporte es igual para ambos.
Entre otros puntos, los cabildantes se alinean al pedido de aumentar los timbres no asociados a la salud, que se actualicen por el Índice Medio de Salarios (y no por el IPC) y que se computen años hasta por dos hijos para las madres, en igualdad de condiciones que con la Caja Bancaria y en la última reforma jubilatoria.
Tanto colorados como Cabildo han mostrado su preocupación por captar futuros afiliados que hoy se declararon en "no ejercicio" mediante la posibilidad de "estacionarse" en la segunda de las 15 categorías (con un sueldo ficto de $34.558), de modo de que pese menos la contribución.
El oficialismo aprieta el acelerador para que ya la próxima semana también el Senado alce la mano para aprobar este segundo salvataje, desglosado de la reforma jubilatoria junto a la Caja Bancaria. Esta última se votó en Diputados el jueves tras un amplio consenso con la Asociación de Bancarios y el Frente Amplio.
El proceso para la Caja de Profesionales venía más entreverado, con críticas de afiliados y del Colegio de Contadores al aumento para los pasivos, y el pedido infructuoso de la propia institución para que el dinero entre desde 2024 y no en 2025, en procura de no consumir sus reservas en el correr del primer año.
Pese a que los colorados insisten en que no es inconstitucional tomarse más tiempo para discutir esta reforma, blancos y Poder Ejecutivo manifiestan su intención de blindarse ante posibles demandas de inconstitucionalidad, acuciados por la disposición que fija el límite del próximo 27 de octubre, a un año exacto de las elecciones, para reformar sistemas previsionales.
