El gobierno de Luis Lacalle Pou se ha dado a la dificultosa tarea de convencer a los partidos políticos acerca de la imperiosa necesidad de reformar el sistema de seguridad social. No admite la menor demora, dicen. El futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos depende de un cambio en la edad de jubilación que hoy es de 60 años, advierten. El déficit que los jubilados le generan al Estado ya no se puede bancar más, aseguran.
La credibilidad de ese diagnóstico y el respaldo generalizado a las medidas que se adopten depende, en buena medida, de que el esfuerzo lo hagan todos los involucrados en el asunto y, si es posible, que los más privilegiados sean quienes pongan el hombro solidario.
En esta circunstancia, los militares, sus voceros y quienes los mandan tienen mucho que decir. El régimen jubilatorio vigente desde 1974, y pensado para amparar a los que habían combatido contra la guerrilla tupamara, permite a los uniformados pasar a retiro con 20 años de servicio y menos de 50 años de edad.
Cada año de trabajo en el exterior se les computa doble, cobran como jubilación el 100% de su sueldo, reciben aguinaldo y, cuando mueren, buena parte del cobro de sus haberes es heredado por su familia. También pueden jubilarse con un grado mayor al que tienen en el momento de su retiro.
Los de mayor rango cobran más de $100 mil pesos cada mes. Unos 23 mil uniformados revisten en las Fuerzas Armadas y los que perciben jubilaciones rondan los 49 mil.
Con tantos beneficios, cada año los civiles -que tienen que jubilarse con 60 años de edad y 30 años de trabajo, y generalmente cobran como jubilación el 45% de su sueldo- tienen que compensar la caja militar, a través de rentas generales, con US$ 450 millones de dólares. Los jubilados civiles son unos 700 mil y el déficit que le generan al Banco de Previsión Social (BPS), también solventado por rentas generales, es aproximadamente de unos US$ 500 millones. Es decir, el mismo déficit que generan 49 mil militares.
Durante el último gobierno de Tabaré Vázquez, el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, intentó una reforma profunda de la caja militar pero tuvo como principal oponente a un pesado e inesperado, o no tanto, rival político: el líder del MPP, José Mujica. El exguerrillero tupamaro fue uno de los principales integrantes de aquella guerrilla aplastada por los militares en la década del 70. El movimiento subversivo sirvió a los golpistas como excusa falsa para tumbar las instituciones y, luego, para darle a los uniformados privilegios varios como el del régimen jubilatorio que pervive hasta nuestros días.
En definitiva, aquello que intentó Astori puede concretarlo Lacalle Pou y los legisladores del gobierno sin necesidad de apelar a los votos del Frente Amplio. Ojalá exista esa voluntad y el mandatario no encuentre a su propio Mujica en este cruce de caminos.
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