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Respuesta al fiscal de Lesa Humanidad y a la ministra de la Suprema Corte

Carta escrita por el abogado Carlos Bustamante Barrios en respuesta al Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad

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04 de noviembre de 2020 a las 05:01

Dado que el debate jurídico sobre los juicios contra los militares se realiza por los medios de comunicación, utilizo este medio para responder, a pesar de considerar que no es el más adecuado.

El Fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad pidió que fuera sancionado por supuestas actuaciones judiciales realizadas por mí en la ciudad de Trinidad, a lo que respondo:

1. Lea bien el expediente antes de salir a la prensa. El escrito no fue redactado ni firmado por mí.

2. Controle los plazos. En otro caso en el que somos contraparte la prescripción se producía el 19/10/2019 y la audiencia la fijaron el 22/10/2019 y se olvidaron de citar o mandar conducir a mis clientes.

Este error inexcusable de su parte y más cuando está solo para eso, me habilitó a solicitar nuevamente la prescripción contada desde la Sentencia Sabalzagaray, tesis que fue sostenida en anteriores pronunciamientos sobre la prescripción de los delitos.

3. Estudie el expediente. Hay tres personas que fueron denunciadas en 1984 y aún no fueron citadas a declarar por lo que deberá completar la instrucción y al hacerlo provocará la nulidad de todo lo actuado.

Además, le agradezco que lea mis escritos, me conteste y controvierta los argumentos, porque ese es precisamente su trabajo. No me queda claro si no los lee o no le importan.

A la Dra. Isaura Tórtora le informo que yo no soy funcionario judicial y que cuando requiera la presencia de mis defendidos en su despacho debe ordenar la correspondiente citación. Yo soy el abogado defensor, no hago citaciones.

Además, usted no debe ordenarle a un funcionario del juzgado que me llame por teléfono para pedirme que lleve a mis defendidos a la audiencia, con el cuento de que “todos me están esperando” y mandarme decir que prefiere tomar la audiencia y después resolver todo junto.

Le recuerdo que el artículo 23 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay dispone: “Todos los jueces son responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.”

La Dra. Bernadette Minvielle dijo “de repente estas chicas, la hija de Gavazzo y la hija de Arab, trabajan gratis porque lo hacen por sus padres. Pero ‘con la sanción por honorarios’ le estás mandando un mensaje a la sociedad y los mensajes son importantes”.

Estas “chicas”, son colegas suyas y mías, por lo tanto, debe referirse a ellas como Dra. Gavazzo y Dra. Arab.

El término “chicas”, en la forma que fue empleado, es violencia de género, es despectivo, despersonaliza y degrada.                 

Se utilizaba antiguamente para marcar una diferencia de clase entre la señora y las empleadas domésticas, secretarias y otras mujeres al servicio de su dueña.

Si se dirige a mí, me tiene que decir abogado porque yo no soy Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, soy del Plan 80.

Por otra parte, no entiendo la lógica de atribuir a los hijos los pecados de sus padres, pero tengo claro que los jueces no tienen que mandar mensajes a nadie, eso lo hacen los políticos.

Los magistrados deben cumplir la obligación de dirigir el proceso y aplicar el derecho para el caso concreto, en la medida de su jurisdicción y competencia.

Ya que usted opina del trabajo de los abogados que defendemos a los militares, me permito realizar una observación sobre el suyo:  la tasa de parentesco por consanguineidad y afinidad que existe en el conjunto de los funcionarios del Poder Judicial es más frecuente de lo normal por lo que debería revisar los mecanismos de ingreso.

Para saber quién financia a “las chicas” tiene que preguntarle a ellas. Es el método más apropiado.

Dado que le interesa el tema, le informo que en el caso de la Fuerza Aérea -donde terminaron presos dos inocentes- yo le pregunté a mi cliente, quien me respondió que no pagó nada. Se rumorea que los honorarios los pagó la Presidencia de la República con fondos reservados y que el monto fue de U$S 120.000.

Respecto de este proceso, pude constatar sin mayor esfuerzo y en mis ratos libres que:

La información que permitió ubicar los restos de Ubagesner Chaves Sosa no fue recibida en forma anónima. El comandante convocó a una reunión y tengo la lista de todos los que participaron en ella.

Los libros de vuelo y otros documentos, los destruyeron o los ocultaron. Se dónde estaban, quién los retiró, quién los devolvió y quién firmó el recibo.

La torpe maniobra de encubrimiento salió mal, los culpables quedaron libres y terminó con dos inocentes presos.

Uno de ellos tenía vehículo y chofer de la Fuerza Aérea para que lo llevaran de la cárcel a su domicilio en ocasión de las salidas transitorias.

En la cárcel le decían: “El preso con chofer de la era progresista”.

De lo manifestado tengo pruebas y la conciencia tranquila porque ya se las presenté a dos Fiscales y al Tribunal de Honor de la Fuerza Aérea entre mayo y junio de 2019.

Además, tengo información y pruebas sobre otros hechos aún más graves que no puedo revelar por este medio.

Si quieren saber la verdad e investigar sobre violación de derechos humanos o sobre cualquier otro delito pongan un fiscal con ganas y armen un equipo de profesionales que trabaje, estudie, investigue y piense; recoja pruebas y arme un caso.

Creen un organismo similar a la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas o usen uno que ya existe, como por ejemplo la Dirección General de Información e Inteligencia Policial que sería el más apropiado.

Además, no hay riesgos; hace 35 años que vivimos en democracia donde gobernaron: colorados, blancos y los 15 últimos fueron del gobierno progresista.

Yo solito y trabajando de a ratos, defendiendo a un aviador que fue preso dos veces siendo inocente, averigüé más que todos ustedes y todavía critican mi forma de trabajo.

La investigación de hechos es un problema de método donde la ideología y el dolor, en lugar de ayudar estorban y más si tenés un tío torturador y no querés que vaya preso.

Si quieren aplicar las reglas del Tribunal de Nüremberg para perseguir los presuntos delitos cometidos durante la dictadura, tienen que cumplir el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg de 1945.

Para ello necesitan crear el tribunal, designar sus miembros y establecer su jurisdicción y competencia.

Copiaron mal y se quedaron cortos: designaron el fiscal y se olvidaron del resto.

Ver: Documento PCNICC/2002/WGCA/L.1, de las Naciones Unidas “Examen Histórico de la evolución en materia de agresión

Finalmente: A los distinguidos colegas señores ministros de Tribunal de Apelaciones Ángel Cal Shaban, Myriam Méndez y Jorge Cattenaccio Alonso, y a los defensores doctores Graciela Figueredo, Gastón Chaves y Gustavo Bordes, los felicito por su actuación en el expediente 2-21992/2006 caratulado “Gulla Pereira Walter Cesar – Coautoría de un delito de homicidio muy especialmente agravado – Ribero Ugartemendía, Enrique. Autor de un delito de encubrimiento”.

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