Retos y oportunidades para la profesionalización de la inteligencia en Uruguay

Siete décadas después, los denominados “Estudios de inteligencia” han progresado considerablemente, acompañando las preocupaciones crecientes por las políticas de seguridad y defensa. Incluso en regiones como la nuestra, en la que las actividades de inteligencia siguen siendo –en parte– un tema tabú, se han publicado decenas de libros colectivos en los que participan diversos estudiosos locales; han emergido revistas académicas que señalan el interés en los asuntos de inteligencia en América Latina; se han creado redes de profesionales que promueven espacios de debate e investigación; y existe actualmente una oferta educativa considerable en la materia. 

Este singular desarrollo de conocimiento sobre el campo brinda hoy mayores posibilidades para la formación del personal de inteligencia, un aspecto clave en el proceso de profesionalización al que aspiran los diversos servicios. No obstante, dicho proceso no se desenvuelve en aislamiento absoluto de la realidad política, del contexto particular de cada Estado, por lo que los desarrollos han sido dispares. 

En América Latina, la profesionalización de los servicios de inteligencia se ha enmarcado en un contexto de profundos cambios en las estructuras de seguridad, defensa e inteligencia que, a diferentes ritmos, se han desarrollado luego de los procesos de apertura democrática de los 80 y 90. Procesos que en muchos casos aún están en curso, intentando lograr un equilibrio entre los desafíos derivados del pasado y las nuevas amenazas que enfrentan hoy nuestros Estados. 

Así y todo, en las últimas décadas, hemos presenciado un aumento en la oferta, tanto pública como privada, de programas de educación y perfeccionamiento destinados al personal de inteligencia en funciones, pero también a aquellos quienes aspiran a convertirse en parte de esa comunidad, así como a los investigadores universitarios que se han dedicado a indagar en las políticas públicas de inteligencia.  

Nuestros vecinos más cercanos, Argentina y Brasil, cuentan con instituciones educativas formales de inteligencia con un alto grado de desarrollo: la Escuela Nacional de Inteligencia de Argentina y la Escola de Inteligência del ABIN de Brasil –fundadas en los años 60 y 70 y restructuradas en los 80 y 90– son ejemplo de ello. También han creado escuelas nacionales de inteligencia, aunque más recientemente, países como Chile (2001), Perú (2006) y México (2009). Desde ya, hay realidades más precarias, que sostienen la formación de recursos humanos con algunos cursos y talleres de corta duración, dictados mayormente en el exterior. 

En este contexto, Uruguay se encuentra a medio camino, con una trayectoria histórica y avances recientes que no pueden soslayarse. A diferencia de lo que sucede en gran parte de Latinoamérica, no existe en nuestro país un centro especializado unificado destinado a la formación de sus cuadros de inteligencia. Esta se encuentra fragmentada en distintas instituciones. 

A nivel militar, el Ejército Nacional es la única fuerza que cuenta con una institución especializada de formación en inteligencia. La Escuela de Inteligencia del Ejército, dependiente del Instituto Militar de las Armas y Especialidades, tiene como principal objetivo formar y capacitar jefes, oficiales y personal subalterno, especialistas en actividades de inteligencia. Por otra parte, el Instituto Militar de Estudios Superiores, cuya finalidad reside en preparar oficiales superiores y jefes para las funciones de Comando, Dirección y Estado Mayor, ofrece cursos de inteligencia estratégica dentro de sus planes de estudio de grado y postgrado. 

A nivel policial, no se ofrece una formación específica en materia de inteligencia. La Escuela Nacional de Policía, dependiente de la Dirección Nacional de la Educación Policial, dispone –dentro de las titulaciones de Oficial de Policía y de Licenciado en Ciencias Policiales– cursos breves dedicados a la formación en información e inteligencia.

El único ámbito de formación civil en asuntos estratégicos es el Centro de Altos Estudios Nacionales, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional. Desde hace años, el Centro viene ofreciendo –dentro de los Cursos de Extensión Académica– un seminario destinado a profesionales civiles, policiales y militares en tareas vinculadas al campo de la planificación estratégica y de la inteligencia. Asimismo, con el apoyo de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, el Instituto incorporó a su grilla educativa, en 2020, un Postgrado de Especialización en Inteligencia Estratégica –reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura– cuyo objetivo reside en formar analistas del ámbito civil, militar y policial.

También es frecuente en la región –Uruguay no es la excepción– que los servicios envíen a su personal a cursos de especialización en el extranjero. Suelen existir, a nivel de inteligencia, acuerdos de cooperación que incluyen la formación. Tanto la Ley de Inteligencia, N° 19.696, de 2018, como la Política Nacional de Inteligencia, Decreto N° 157, de 2022, prevén la posibilidad de recurrir a instituciones públicas y privadas del exterior –ya sean civiles o militares– para la capacitación y formación de sus funcionarios. En los últimos tiempos, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado ha puesto especial énfasis en la cooperación internacional, tal y como lo ha expresado públicamente su Director, el Dr. Álvaro Garcé.  

Dentro del proceso de reforma que nuestro país viene llevando a cabo, se debería estudiar seriamente la posibilidad de sintetizar los conocimientos y experiencias desarrolladas hasta el momento para volcarlas de forma integrada a la formación profesional de los funcionarios de inteligencia y de los futuros aspirantes. En ese sentido, Uruguay tiene la oportunidad de dar un paso importante en esta dirección mediante la creación de una Escuela Nacional de Inteligencia.  

Claro que se trata de un proceso de largo plazo, bastante más complejo de lo que puede sugerir una breve columna de opinión como esta. Requiere una importante inversión en recursos humanos y financieros, necesita la cooperación de todas las agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad, entre otros muchos aspectos como el desarrollo de planes de estudio actualizados, por nombrar un ejemplo destacado. 

No obstante, los beneficios superan con creces los desafíos. Una Escuela Nacional de Inteligencia contribuirá a la profesionalización permanente de los servicios de inteligencia de nuestro país, mejorando su capacidad para abordar amenazas en un entorno de seguridad cada vez más complejo. Adicionalmente, se constituirá como un espacio de intercambio clave para el desarrollo de la necesaria cultura de inteligencia por la que las autoridades vienen bregando.