El monto rondará los US$ 300 millones; la principal opción es Fonplata
Anunciada en julio de 2021 como la inversión ambiental más importante de la historia del país, el gobierno trabaja a contrarreloj para concretar la iniciativa para otorgar saneamiento a 61 localidades del interior.
Se trata de un proyecto que fue definido como prioritario por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero que se ha venido dilatando por diferentes razones.
Con Álvaro Delgado a la cabeza, las autoridades del Poder Ejecutivo trabajan para lograr que OSE apruebe los pliegos del llamado en octubre, que la licitación se realice en diciembre y que las obras comiencen en marzo en simultáneo en varios departamentos.
El cronograma y la situación del proyecto fueron discutidos este lunes en una reunión en la Torre Ejecutiva encabezada por Delgado en la que participó el presidente de OSE, Raúl Montero, el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el subsecretario Gerardo Amarilla, y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
Pese a que al principio se inclinaban por un modelo financiero similar al que se realizó en el proyecto para construir la planta potabilizadora de Arazatí, en el gobierno desistieron de esta opción e irán por el “financiamiento tradicional”.
La decisión supone que la empresa que resulte adjudicataria de la licitación se encargue únicamente de la construcción de la infraestructura, mientras que OSE realizará la gestión y el mantenimiento.
A su vez, el cambio motivará que el gobierno deba utilizar una de las líneas de crédito con organismos multilaterales para pedir un préstamo que rondará los US$ 300 millones y tendrá garantía soberana. En el Poder Ejecutivo venían manejando otras opciones para evitar incrementar el déficit fiscal.
Tras la reunión del lunes, el tema quedó en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que debe definir a quién le solicitará el dinero. De acuerdo con fuentes de OSE y la OPP, el principal candidato es Fonplata, un banco de desarrollo subregional conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay que tiene sede en Santa Cruz de la Sierra. Los informantes dijeron que este organismo es favorito porque “tiene experiencia” en préstamos similares como el de US$ 60 millones que otorgó para la gestión de la emergencia hídrica.
Además del préstamo, en el gobierno analizan si es necesario realizar alguna modificación legal –por vía legislativa– ya que OSE no recibe ingresos que no sean del cobro por las tarifas.
Foto: Leonardo Carreño.
OSE aprobará los pliegos en octubre
Una fuente de Ambiente, que viene participando en las reuniones periódicas, dijo que la situación se resolverá antes del viernes, mientras que desde OSE agregaron que la premura obedece a que las obras no pueden adjudicarse si el préstamo no está aprobado.
Desde la empresa pública valoraron el cambio de posición en el gobierno como una demostración de que las grandes obras no pueden financiarse con la tarifa que pagan los ciudadanos.
Hasta ahora, OSE no había contado con autorización para endeudarse debido a las directivas de disminuir el déficit fiscal.
El proyecto original implicaba una inversión de US$ 975 millones y beneficiaba a 560 mil personas a través de 250 mil conexiones nuevas en 124 localidades, pero fue fraccionado en tres y en este período se ejecutará una primera parte que alcanzará a 160 mil personas con 55 mil nuevas conexiones.
Esta modificación hizo que el costo de las obras pase a ser, según anunciaron las autoridades de US$ 284,3 millones, aunque de acuerdo a la documentación revisada por El Observador, esa cifra se calculó en diciembre de 2021 y la actualización a los años 2023 y 2024 resulta en una inversión de US$ 321,4 millones.
El monto final surgirá cuando se abran los sobres de la licitación.
Leonardo Carreño
Álvaro Delgado monitorea el desarrollo del proyecto
El período de construcción se estima en dos años y dará empleo a unas 2 mil personas. En lo posible, el gobierno buscará que los trabajadores sean de las zonas que recibirán el saneamiento.
Actualmente, la cobertura de saneamiento en el interior del país alcanza a menos del 50% de la población, y con el proyecto se espera llegar hasta el 60%. La idea inicial era elevarlo hasta 88%.
Algunas capitales tendrán cobertura de más del 90% mientras que otras ciudades llegarán a menos del 30%. De acuerdo con los promotores, esto permitirá cambiar la tendencia, dado que “si se mantiene el actual ritmo de ejecución de conexiones y aún suponiendo que la población no creciera, serían necesarios 30 años para cubrir la demanda insatisfecha”.
Con la emergencia hídrica como disparador, el Ministerio de Ambiente solicitó que en los pliegos de las licitaciones se agregue la posibilidad de que las aguas sean reutilizadas para el riego en el ámbito agropecuario.
La propuesta es sumar a la cadena del tratamiento de las aguas residuales una última etapa para que se pueda bombear o trasladar en camiones cisterna. Hasta ahora, el proceso que realiza OSE para tratar esas aguas termina en un curso de agua –es decir, se devuelve a ríos o arroyos–.