Los exprisioneros de Guantánamo que están en Uruguay desde el domingo pasado, recibirán un acompañamiento que les permita su rápida inserción en la sociedad. También tendrán cierta vigilancia discreta, según fuentes oficiales consultadas por El Observador. De hecho, ayer en el hospital Militar, donde están para su revisión médica, había personal de Interpol, ocho en total, vestidos de particular. Desde Interpol, sin embargo, se negó tener participación en este caso.
Según supo El Observador, Inteligencia militar será la encargada de estar atenta a los movimientos de estas personas.
La orden del presidente José Mujica es que los ex presos de Guantánamo reciban todo el apoyo que se les pueda dar y que se muevan con total libertad.
Jerarcas del Ministerio del Interior aseguran que sus servicios no les harán ningún seguimiento. Sin embargo, otra fuente ministerial dijo a El Observador que “la lógica y el manual” indican que este tipo de personas extranjeras deben ser monitoreadas a distancia. Eso lo hacen todos los países del mundo, explicó la fuente.
Antes de su llegada, el gobierno consultó a varios países para determinar su peligrosidad.
Esos informes coincidieron con lo señalado por Estados Unidos respecto a que son de baja peligrosidad y por tanto no implican un riesgo para la seguridad. Años atrás, bajo la presidencia de George W. Bush, los informes sobre los prisioneros llegados a Uruguay decían exactamente lo contrario a lo que afirma hoy la administración Obama.
El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue consultado ayer respecto al peligro que estas personas pueden representar para la sociedad uruguaya y aseguró que no son un riesgo. En declaraciones a radio Carve, Fernández Huidobro aseguró también que la sospecha de que integraron células terroristas es “tamaño disparate”, y recordó que Estados Unidos firmó un documento que dice que “no tuvieron nada que ver con nada”. Además, desde Uruguay, se hicieron todas las investigaciones “que se tenían que hacer”. También pidió no “estigmatizar” a los ex presos de Guantánamo.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer al canal TCC que, como país receptor, se tomarán medidas para darle seguridad a los exreclusos de Guantánamo.
Entre 2002 y 2008, –bajo el gobierno de George W. Bush– Estados Unidos liberó a 532 presos de Guantánamo y el porcentaje de reincidencia en el delito fue 19%, de acuerdo a un documento de la Dirección Nacional de Inteligencia de ese país. Y desde principios de 2009 –ya con Barack Obama en el poder– comenzó la política de enviar reclusos de Guantánamo a terceros países como refugiados. Hasta julio de 2014 fueron liberadas 88 personas y la reincidencia en el delito fue 6,8%.
Para la organización Human Right Watch, los liberados de Guantánamo se lograron reinsertar en las sociedades a las que llegaron, sin mayores problemas.
Antecedentes
Los que llegaron son cuatro sirios, un tunecino y un palestino. Ali Husein Shaban, tiene 32 años y según la información que trascendió, recibió entrenamiento suicida y en Afganistán aprendió a manejar fusiles Ak 47.
Abd Hadi Omar Mahmoud Faraj (32 o 33 años) integró una célula terrorista en Siria y estuvo acusado de participar en acciones contra fuerzas estadounidenses. Jihad Ahmed Mujstafa Diyab (43años) nació en Líbano y tiene ciudadanía siria. Fue el que inició una huelga de hambre y por ello recibió alimentación por la fuerza, a través de sondas que le colocaban por la nariz.
Mohamed Abdulá Tahamutan (34 o 35 años) es de Cisjordania. Fue detenido en una casa de seguridad perteneciente al grupo terrorista Al Qaeda, organización que en 2001 atentó contra el Pentágono en Washington y las Torres Gemelas de Nueva York.
A Ahmed Adnan Ahjam (37) lo detuvieron en 2001 acusado de integrar células terroristas que escaparon de Siria hacia Afganistán. Según documentos del Departamento de Defensa de EEUU, publicados por el diario Miami Herald, Ahjam recibió entrenamiento para cometer atentados suicidas. Por su parte, Abdul Bin Mohamed Bin Abess Ouerghi (49 años), llegó a Guantánamo en 2002 y de acuerdo a informes divulgados por Wikileaks, el gobierno estadounidense lo había catalogado como de “alto riesgo”. También lo acusó de pertenecer a Al Qaeda.
A pesar de esa información, en todos estos años de prisión en la base militar en Cuba, EEUU no los sometió a juicio ni los acusó formalmente ante ningún tribunal por falta de pruebas.
Alta médica
Luego de ser sometidos a una revisión médica en el Hospital Militar los exreclusos (seguramente hoy reciban el alta), comenzarán el camino legal para obtener el estatus de refugiados.
Esa condición les permitirá acceder, entre otros derechos, a los servicios de salud y educación del Estado. También, al igual que se hizo con las familias sirias que fueron reasentadas, se les pondrá a disposición un sicólogo, un psiquiatra y un asistente social. Además tendrán un traductor –hablan árabe–, un profesor les enseñará español y se buscará su reinserción laboral. De hecho, ya hay ofertas de trabajos privados para los recien llegados, informó ayer Subrayado.
EEUU no aportará ningún tipo de ayuda para esta etapa y si lo harán organizaciones internacionales vinculadas a la defensa de los derechos humanos.
El presidente José Mujica dijo que estas personas podrán abandonar el país cuando quieran, y ayer el ministro de Defensa Nacional acotó que estarán en las calles libres “como cualquier hijo de vecino”. En principio, se había planteado por parte de EEUU que los que fueran liberados estuvieran al menos dos años en Uruguay. Sin embargo, esa condición no fue aceptada por Mujica.
Juan Raúl Ferreira, integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, comentó ayer a El Observador que “personalmente” siente “una gran alegría” por la llegada de estos presos que durante años estuvieron sin ver a un abogado y menos a un juez. También dijo que su arribo ocurrió en base a las normas internas e internacionales y se corresponde con la tradición de Uruguay de dar asilo.
En marzo pasado, el Instituto de DDHH emitió un comunicado donde reconoció “el gesto humanitario” del gobierno. Opinó que esa decisión colabora en desmantelar la cárcel de Guantánamo que “constituyó y constituye, una afrenta a la dignidad de toda la humanidad” según el texto.
