La policía detuvo a otros seis sospechosos de estar involucrados en al ataque realizado contra la sede oficial de la Brigada Antidrogas el 9 de mayo, en el que se arrojó una granada militar y se destruyeron cinco vehículos, según informó Telemundo y confirmó El Observador con fuentes de la investigación.
Además, otra persona fue imputada en una audiencia este jueves por un delito de encubrimiento, lo que eleva a nueve el número de personas imputadas a pedido del fiscal Diego Pérez, quien indaga el ataque al edificio de la Dirección General de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas.
Los últimos imputados habían sido dos hombres llevados a la Justicia este sábado, acusados también por encubrimiento. A uno de ellos se le impuso como medida cautelar 60 días de arresto domiciliario por tener vínculo con "un importante número" de integrantes de la organización. Al otro se le impuso como medida cautelar que se presentara semanalmente en la seccional policial por un plazo de 60 días. Además, quedó obligado a constituir domicilio ante la Justicia.
El anterior enjuiciado fue un hombre conducido a la Justicia el viernes 17 de julio, imputado por tenencia y porte de armas –a quien se decretó 60 días de prisión domiciliaria durante 60 días–, y el resto fue un grupo de cinco imputados el 9 de julio de delitos de tráfico interno de armas, tráfico y comercio de armas, y asociación para delinquir. Tres de ellos fueron enviados a prisión preventiva durante 90 días, mientras que para los otros dos se dispuso arresto domiciliario.
El hombre imputado este jueves había sido detenido con "armas y celulares", e intentó desprenderse de los dispositivos y dárselo a otro que estaba con él cuando fue detenido, dijeron los informantes.
Según contaron días atrás a El Observador fuentes del caso, la investigación –liderada por la Dirección General de Información e Inteligencia– apunta a delincuentes que operan desde la cárcel. De hecho, uno de los primeros indagados fue un recluso de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar), que el 29 de mayo fue conducido ante Pérez. Este hombre había sido imputado por narcotráfico el 17 de abril y que en el operativo policial que lo detuvo entonces había amenazado justamente con realizar un ataque al edificio de la Brigada Antidrogas.
El caso está presuntamente vinculado a la amenaza que recibió la fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero el 10 de mayo, 24 horas después del atentado al edificio, porque los investigadores parten de la base de que los autores son los mismos, motivo por el cual Pérez se hizo cargo de ambas investigaciones.
En efecto, en el mensaje que recibió la fiscal, los delincuentes escribieron: "Hola, Mónica Ferrero ¿cómo le va? Espero que le vaya bien, pero de ahora en más le va a ir como usted decida... Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo".
Ese mensaje, que recibió Ferrero a través de WhatsApp, fue firmado con la sigla PCU, una inscripción que la policía encontró grabada en ladrillos de cocaína de las últimas grandes incautaciones. Por eso es que la policía sigue la pista de esas tres letras en la investigación de este atentado, por el que pueden haber más detenidos en los próximos días, se informó.
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