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Sindicato médico entrega a la Justicia 81 expedientes sobre abusos médicos en dictadura

Los documentos contienen información que el SMU y FEMI reunieron de denuncias hacia colegas

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13 de septiembre de 2019 a las 21:16

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Federación Médica del Interior (FEMI) entregaron este viernes en la Suprema Corte de Justicia 81 expedientes con archivos que contienen denuncias e información acerca de casos de abusos médicos ocurridos durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

El presidente del SMU, Gustavo Grecco, explicó que se trata de un conjunto de documentos que el gremio comenzó a reunir luego del restablecimiento de la democracia. Entre los archivos había denuncias hacia miembros del sindicato que posteriormente fueron expulsados de la organización, así como también "denuncias de colegas que fueron víctimas", y se acercaron a SMU a denunciar.

"Esto no quiere decir que esta información estuviera oculta", aclaró el presidente del SMU y señaló que "los archivos estuvieron siempre disponibles para la Justicia" que, en reiteradas ocasiones, los consultó e hizo formar parte de "actuaciones judiciales de diversas causas, de las que algunas aún están abiertas". Según dijo, lo que hicieron hoy fue ceder esos documentos a la Suprema Corte de Justicia para facilitar el acceso a esos expedientes, por lo que ahora pasan a estar en manos de la corporación y ya no pertenecen al sindicato. 

Gustavo Grecco, Martín Odriozola y Gustavo Cuesta del SMU, junto a la abogada Patricia Navas y la Dra. Alicia Queiro del FEMI.

Grecco contó que en 1985, tras la vuelta a la democracia, el SMU en conjunto con FEMI creó una Comisión de Ética, órgano al que comenzaron a llegar las denuncias e información de distinta índole. A partir de ese tribunal ético, "se analizó todo esto", y fue puesto a disposición de la Justicia, si bien era conservado por las organizaciones. 

Sin embargo, decidieron tomar la decisión de entregar definitivamente estos documentos porque los trámites burocráticos que requería la Justicia cada vez que solicitaba acceso a los archivos entorpecía las investigaciones.

"Entendimos que históricamente habíamos cumplido con nuestro deber ético de laudar esta situación, y que la responsabilidad de custodia de esos expedientes debería pasar a una institución confiable como es la Justicia", explicó Grecco, quien especificó que los expedientes pasarán al Fondo del Proyecto Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar.

Uno de los archivos que contenían estos expedientes era el acta de defunción médica de Vladimir Roslik, último muerto de la dictadura. Se trataba de un certificado de defunción falso, firmado por un profesional por órdenes militares. Roslik, en realidad, fue asesinado por tortura en el Batallón 9. 

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