Sobre nota publicada por El Observador

En el artículo se nombra las Islas Malvinas con una denominación incorrecta, a la vez que el “técnico uruguayo coordinador de la actividad” se refiere a las Islas –en el mismo artículo- como un país. Es decir, se desconoce la historia de las Islas en el contexto del Derecho Internacional –la llamada “Cuestión Malvinas”- y también se olvida el tradicional, constante y valioso apoyo de la República Oriental del Uruguay (así como del resto de los países de América Latina), el cual se expresa en acciones tomadas en los ámbitos nacional, bilateral, regional y multilateral. Dicho apoyo ha sido una constante a lo largo de la historia, con independencia de la orientación política de los diferentes partidos que estuvieron en el poder. Es más, como es de público conocimiento, esta actitud de solidaridad ha trascendido con mucho a los gobiernos: en diferentes momentos, distintos actores de la sociedad civil uruguaya se han manidestado en defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. 

Es el deseo del gobierno argentino que todas las entidades del Uruguay, tanto las gubernamentales como las de la sociedad civil, puedan reflejar en sus acciones el firme respaldo del gobierno y la sociedad uruguaya a los legítimos derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En vista de ello, considero oportuno brindar una serie e rigurosas precisiones históricas y jurídicas sobre el particular.

“La Cuestión de las Islas Malvinas”, entendida como la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, tiene un origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las autoridades argentinas, impidiendo su regreso así como la radicación de argentinos provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable. 

En ese contexto, vale recordar que la Cuestión Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos.

Por ello, en 1965 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 2065 (XX), a través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas.

Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado, así como la Organización de Estados Americanos, el G77 más China, y otros foros multilaterales y regionales, sin obtener respuesta alguna por parte del Reino Unido.

Conforme a lo expuesto, precedentemente, mucho se estimará que, en adelante, se utilice la toponimia oficial argentina, o bien que se incluya doble toponimia acorde a lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Finalmente, creo necesario realizar esta aclaración con la certeza de que nuestra América Hispana es ejemplo y producto de históricas luchas contra el colonialismo, que constituyen las raíces más profundas de nuestras independencias.

Mario D. Barletta
Embajador de la República Argentina