Sobre Venezuela y el Mercosur

El ingreso de Venezuela al Mercosur en 2012 –por la forma en que se dio– adelantaba que difícilmente habría vuelta atrás para que el bloque sudamericano retome algún día su cauce inicial de ser una herramienta que contribuya con el desarrollo de los países que lo integran.

En noviembre de 2006, sin ningún debate de por medio, el parlamento uruguayo fue el primero en aprobar el protocolo de adhesión de Venezuela como miembro pleno del Mercosur. Tiempo después lo hizo Argentina (2007) y Brasil (2009).

En 2012, Paraguay era el único país cuyo parlamento aún no había aprobado la adhesión al Mercosur del país caribeño. Ese mismo año, el parlamento paraguayo le realizó un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo. Se lo acusó de responsabilidad política en un enfrentamiento ocurrido entre la policía y campesinos en el departamento de Canindeyú, que terminó con diecisiete muertos. Tras el voto a favor de 115 congresistas de un total de 125, aquel juicio concluyó con la destitución del presidente Lugo. Los denunciantes alegaban que el proceso del juicio se basaba en el artículo 225° de la Constitución paraguaya. Los demás países del Mercosur no estuvieron de acuerdo y decidieron suspender a Paraguay aplicando la cláusula democrática establecida en el Protocolo de Ushuaia de 1998 y revisada en 2011. Se argumentó que el parlamento paraguayo no había cumplido con el debido proceso ya que el presidente Lugo tuvo menos de 24 horas para realizar su defensa.

En medio de aquella crisis política en Asunción, los demás miembros del Mercosur decidieron que Venezuela ingresara al bloque como miembro pleno, aprovechando que Paraguay se encontraba suspendido. Y así fue que “los jueces” terminaron pagando con la misma moneda del ajusticiado, ya que no respetaron el debido proceso de que todos los países del bloque deben aprobar la adhesión de un nuevo miembro, tal como lo establece el Artículo 20 del Tratado de Asunción.

Hoy los países del Mercosur deben lidiar con un país que los obliga a tener un debate típicamente de los setenta y no digno de un contexto internacional en el que surgen grandes bloques comerciales mirando hacia el futuro. Basta solo un ejemplo: la Alianza del Pacífico en su última cumbre del mes de junio en Chile debatió, entre otras cosas, sobre cómo integrar las telecomunicaciones de los países miembros haciendo, por ejemplo, que las llamadas dentro del bloque cuesten como locales.

Pasar o no la presidencia pro témpore a Venezuela puede parecer un tema insignificante entre tantos otros desafíos regionales por delante, pero realmente no lo es cuando se trata de un gobierno como el de Nicolás Maduro que, desde hace tiempo, viene buscando cómplices que abracen la bandera de la impunidad.

Para que Venezuela no asuma la presidencia rotativa debería estar suspendido del bloque o rechazar asumir este rol (cosa difícil de imaginar en el caso de Maduro). La pregunta sería entonces por qué aún no ha sido suspendido cuando Mercosur cuenta con una cláusula democrática aplicada a Paraguay hace algunos años. ¿Acaso alguien puede afirmar que hoy el gobierno de Maduro actúa más democráticamente que aquel Paraguay suspendido en 2012?

Desde un principio se sabía que no se necesitaba consenso para este traspaso de la presidencia. Asimismo, en una muy buena señal de la cancillería uruguaya, se intentó buscarlo por tratarse de un tema complejo en el que había posiciones muy diferentes. Lo que sorprende es que una vez que no se alcanzó este consenso, Uruguay dejó de lado la búsqueda de un equilibrio y todo indica que se pasará la presidencia a Maduro como si nada pasara en Venezuela. La búsqueda de consenso no pasa únicamente por preguntarle al otro qué piensa sino también por ver qué parte de su pensamiento puede formar parte de la decisión final. Habrá que ver en qué parte de la decisión final estará reflejada, al menos en algo, la posición de Brasil y Paraguay. O si se le pedirá a la canciller Delcy Rodríguez que se disculpe públicamente con sus pares de Itamaraty y Asunción por acusarlos de esconderse por tenerle miedo a Venezuela.

Sobre lo “político” y lo “jurídico”

Se ha repetido hasta el cansancio que “lo jurídico” es pasarle la presidencia del Mercosur a Venezuela, tal como lo establece el Protocolo de Ouro Preto. Sin embargo, poco se habló del Protocolo de Ushuaia II que establece, en su artículo primero, que se sancionará “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”.

¿Acaso alguien puede dudar que la democracia en Venezuela está siendo amenazada por el actual gobierno? ¿No es “jurídico” más bien pedirle al actual gobierno de Venezuela que libere los presos políticos, que no impida el referéndum revocatorio y termine con tantos otros atropellos a la democracia del país? Estamos hablando de un país donde la Asamblea Nacional fue limitada en muchas de sus funciones por una Suprema Corte de Justicia que al iniciar el año judicial cantó a viva voz “Chávez vive, la lucha sigue y sigue...” ¿Acaso Venezuela es hoy un país donde hay separación de poderes que respalden los “valores y principios democráticos”? Si realmente se quiere actuar sobre “lo jurídico” que no solo se vea una parte de la legalidad sino que su conjunto.

Por estos días también se escucharon argumentos diciendo que “se debe pasar la presidencia para no generar más problemas al Mercosur”, o que “de suspender a Venezuela las cosas empeorarían en ese país”. La pregunta es: ¿por qué ninguna de estas frases se escucharon cuando tocó suspender a Paraguay en 2012?

También se ha dicho que, de continuar con este debate político, “se pueden afectar las negociaciones con la Unión Europea”, dejando de lado que, además de que no existe peor señal que mostrar a Maduro como líder regional, también lo jurídico debería primar por encima de lo económico.

Pero más allá de todo este debate, quizá el mensaje más claro que nos confirma este tipo de hechos es cómo muchos países de América del Sur parecen acostumbrados a apagar incendios institucionales en vez de prevenirlos. Jamás debimos haber llegado a esta instancia. En definitiva, las múltiples crisis que hoy vive Venezuela no son más que el resultado de años de desgaste jamás denunciados por los mismos socios que hoy deben lidiar con un país devastado.

Este no es un tema que debería ser visto como un “fierro caliente” que Uruguay debe sacarse de arriba lo antes posible. La fragua la debimos haber apagado antes cuando estuvo en juego aceptar o no a Venezuela como socio directo de nuestra política exterior. Hoy ya es tarde.

Desde la Escuela de Política Exterior, de Georgetown University